Congreso de los Diputados

El Congreso rechaza el decreto de los alquileres y somete al Gobierno a su mayor derrota desde la censura

Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero y Fomento, José Luis Ábalos, durante el pleno del Congreso.

Fernando Varela

No hubo acuerdo pese a la insistencia de la portavoz del PSOE, Adriana Lastraen que aún era posible. La votación final se saldó con una dura derrota del Gobierno (243 votos en contra y sólo 103 a favor) en un asunto nuclear de la política social —la vivienda— y a sólo tres semanas de la votación que decidirá si el proyecto de Presupuestos supera su primera prueba de fuego en el Congreso.

Lucía Martín (Unidos Podemos) reconoció que las negociaciones entre su grupo y el Gobierno habían avanzado más en “en dos tardes” que en los últimos tres meses, pero aún así la formación que dirige Pablo iglesias votó en contra de la convalidación del Real decreto de alquileres. “No buscamos hacer daño”, subrayó Martín, “es un acto de responsabilidad”. Por eso, añadió dirigiéndose al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “le pido que siga trabajando para traer un nuevo decreto ley en breve” que sí recoja las medidas acordadas por Iglesias y Pedro Sánchez, especialmente la posibilidad de regular los precios máximos de los alquileres.

Esquerra también votó en contra del decreto ley, abocando al Gobierno y al PSOE a sufrir su peor derrota en el Congreso desde la moción de censura. Es el primer decreto ley del Gobierno, de los más de veinte que lleva aprobados el Ejecutivo, que no supera la obligada convalidación en la Cámara baja, lo que significa que las medidas aprobadas en diciembre y que ya estaban en vigor dejarán de estarlo a partir de ahora. Los cambios en las prórrogas y las fianzas, entre otras medidas, sólo han durado un mes.

La portavoz de Podemos culpó a la influencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a las presiones de fondo buitre Blackstone, con fuertes intereses en el mercado de la vivienda de alquiler en España, de la decisión del Gobierno de aprobar el decreto sin incluir en él medidas para fijar precios máximos.

Los reproches de Podemos

Ustedes, subrayó dirigiéndose a los ministros presentes, tenían que elegir entre los vecinos afectados por el aumento abusivo de los precios “y quienes se están forrando”. Y en medio de las negociaciones, reprochó, aprobaron el decreto ley diluyendo el acuerdo suscrito con Unidos Podemos.

Martín puso en duda la voluntad real del Ejecutivo de llevar a cabo la regulación de los precios en el trámite de los Presupuestos y se preguntó por qué, si va a ser así, no ha sido incluido en el decreto ley. Esta medida y otras se podrían aplicar ya, lamentó.

La portavoz del PSOE, Mar Rominguera, justificó la negativa a aceptar las peticiones de Podemos asegurando que antes es necesario tener un índice oficial de precios y que este es competencias de las Comunidades Autónomas, algo que se comprometió a conseguir este año pero no en el marco del decreto ley de medidas urgentes. “El tiempo apremia y las familias demandan actuaciones concretas”, subrayó. “Votar en contra será permanecer impasible” al problema y demostrará que “de nada sirve salir megáfono en mano” a la calle si después no se alcanzan acuerdos en el Congreso.

Al comienzo de la sesión y sin mencionar siquiera el problema de la fijación de precios máximos, el ministro de Fomento defendió su decreto ley como la “primera respuesta” del Gobierno para actuar contra la falta de acceso de vivienda en el país, y señaló que continuará con el impulso de una nueva ley estatal de vivienda, “la primera de la democracia”.

El decreto de alquileres contó con el voto a favor del PSOE, PNV, PDeCAT, Compromís y Coalición Canaria, insuficientes para salir adelante frente a los diputados de PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, Esquerra y EH Bildu.

Los otros siete decretos ley del Gobierno que se votaron este martes, en relación al incremento de las pensiones y de los sueldos públicos, de liberalización del transporte ferroviario, de creación del estatuto del artista y de transición ecológica en las comarcas que dependen del carbón, entre otros asuntos, sí obtuvieron el visto bueno del Congreso.

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