La nueva legislatura

El Congreso vota a favor de derogar la 'ley mordaza' del PP

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

El Poder Legislativo volvió a sacar los colores este martes al Ejecutivo. El Partido Popular comprobó por tercera vez desde que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno la dificultad que va a tener esta XII Legislatura a la hora de sacar adelante iniciativas en el Parlamento. También, los esfuerzos que va a tener que hacer para mantener a salvo el eje legislativo de la etapa en la que gozaban de una más que sobrada mayoría absoluta. En esta ocasión la iniciativa cuestionada por el Parlamento fue la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza.

Con el triunfo de una moción del PSOE que insta al Gobierno a derogar esta polémica ley que consideran un grave recorte de libertades, el Gobierno de Mariano Rajoy encadenó otro martes difícil en el Congreso de los Diputados. Es cierto que las mociones no tienen efecto legislativo. Su efecto es político. Pero también es cierto que la aritmética parlamentaria está conduciendo a que el PP se quede solo a la hora de defender el legado de la primera legislatura de su líder. Un escenario que después los conservadores intentan maquillar, bien mediante ofertas de pacto al resto de partidos o bien intentando vetar el avance de las iniciativas que no son suyas en la Mesa de la Cámara con la vista puesta en el Tribunal Constitucional como última baza.

La moción de los socialistas estaba integrada por cinco puntos. Mediante el primero de ellos el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias para derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana".

"Trabajemos juntos para quitar la mordaza a los españoles", dijo desde la tribuna del hemiciclo el diputado socialista Antonio Trevín. El parlamentario sostuvo que los conservadores tenían ahora, con esta iniciativa, una oportunidad de oro para demostrar que, como repiten de forma machachona, esta va a ser la legislatura del diálogo. "Cambiemos la mordaza y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos", subrayó. 

Trevín citó algunos ejemplos de los recortes en libertades ciudadanas que supone esta iniciativa del PP para concluir que "la ley mordaza es profundamente antidemocrática". A su juicio, el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "quería acabar con cualquier tipo de protesta de pensamiento, palabra, de obra o de omisión".

Más policías con mejores medios

Además de la derogación de la ley, el Grupo Parlamentario Socialista reclamó al Ejecutivo "promover la reforma del nuevo Código Penal Militar", "garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias, tanto para los que actualmente están en funcionamiento como las que están ya acabadas y sin funcionamiento por falta de efectivos". También demandan al Gobierno "un compromiso inequívoco con la seguridad pública como instrumento esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos" que suponga un incremento de las plantillas policiales con mejores medios. Y promover las reformas necesarias "para asegurar que el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros sea una medida restringida a supuestos imprescindibles". Esta suma de cuestiones llevó a Ciudadanos a calificar de "batiburrillo" la moción consecuencia de interpelación urgente de Ciudadanos. Y a abstenerse en la cuestión de la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana y apoyar el resto de cuestiones. 

¿El motivo? Según explicó el diputado Luis Miguel Salvador el rechazo de Ciudadanos a la cuestión de la derogación de la ley mordaza se sustenta en que son partidarios, tal y como iba recogido en el pacto que en su día firmaron con Pedro Sánchez y tal y como está escrito en el pacto firmado con el PP, de "reformar". Además, la formación naranja es partidaria de esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie. En mayo de 2015 la oposición registró un recurso ante el TC.

En el punto relativo a la ley de Seguridad Ciudadana los socialistas también contaron con el voto a favor de Podemos. No obstante, el parlamentario Eduardo Sánchez mostró su total desacuerdo y subrayó el voto negativo de su grupo en la parte de la iniciativa relacionada con los Centros de Internamiento de Extranjeros. Una iniciativa que sí contó con el voto de ERC, al igual que el rechazo al eje de la iniciativa. Por "dignidad, decencia, memoria y sentido democrático" sentenció Gabriel Rufián.

"No podemos aprobar la ley de Seguridad Ciudadana", dijo el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano. A ojos de los conservadores, el único grupo que votó no a la derogación de la ley mordaza no se puede dejar a España sin esta ley. Uno de los argumentos que empleó es el estado de alerta terrorista en el que se encuentra el país. "Es una ley garantista", defendió. Minutos antes había dicho que "en España no estamos ni en Cuba ni en Venezuela". "El PP tiene la mano tendida para negociar una política de Estado de seguridad".

En cambio, el PP sí anunció su voto a favor de tres de los cinco puntos. Se desmarcaron en lo relativo a la derogación de la ley mordaza y a la reforma del código penal militar.

También salieron adelante iniciativas como la moción del grupo de Podemos que insta al Gobierno a prohibir a las eléctricas que corten el suministro energético sin consultar con los servicios sociales y la proposición de ley del PNV relativa a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. En este caso, como en la moción de Ciudadanos sobre la amnistía fiscal, el PP evitó la imagen de soledad absoluta absteniéndose.

Las primeras derrotas

La primera gran derrota de Rajoy en lo que va de legislatura tuvo lugar hace dos semanas en la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como ley Wert. La iniciativa salió adelante con 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones.

La decisión del hemiciclo supuso un mazazo al PP si se tenía en cuenta que la iniciativa legislativa que se votó suspender fue concebida por los conservadores como uno de los ejes de la X Legislatura (2011-2015), algo similar a lo que ocurre con la llamada ley mordaza. Pero también por lo que anticipó: un periodo en el que sus políticas van a ser cuestionadas en el Parlamento y en el que van a tener escaso margen de maniobra. Ya no cuentan con los 186 diputados que les permitían sacar adelante sus proyectos legislativos en solitario. El famoso "rodillo parlamentario" que criticó la oposición en pleno en la pasada legislatura.

Ahora, el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos han empezado a dar los primeros pasos recurriendo a una subcomisión parlamentaria para sustituir esta ley. A efectos prácticos, supone el punto de partida para consensuar una ley educativa desde el principio.

Este mismo lunes, la Conferencia Sectorial de Educación, que reunió al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y a todos los consejeros de cada Comunidad Autónoma, concluyó con un acuerdo casi unánime en torno al borrador del proyecto de real decreto ley que introduce cambios en las evaluaciones finales de la LOMCE, más conocidas como reválidas. Según explicó el ministro no sólo que se suspenden los efectos académicos de las reválidas de ESO y Bachillerato, sino también que tanto la de Primaria y ESO va a ser muestral y no censal como establece la Lomce, ya que "la finalidad es diagnóstica".

La evaluación de Bachillerato será, como se había anunciado,sólo para acceder a la Universidad, informa Europa Press.

Además, la semana pasada el PP se quedó solo votando en contra de iniciar la tramitación de una proposición de ley relativa a la subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales para el año 2018 y a 950 euros para el año 2020, contabilizando 14 pagas. Ciudadanos se abstuvo.

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