Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros da luz verde a la prohibición de los desahucios y sigue dividido sobre el SMI

La vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo; la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Tras varias idas y venidas y tensiones entre la parte socialista y de Unidas Podemos del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, que introduce nuevas medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual. Una medida "excepcional", según denfendió el ministro José Luis Ábalos y que se extenderá hasta el 9 de mayo, cuando está previsto que finalice el estado de alarma. 

Además, se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, extendiendo dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas, de manera directa, de los efectos de la expansión del covid-19.

"Con el objeto de garantizar la eficacia a la medida, se establece la comunicación por el juzgado a los servicios sociales competentes, para valorar la situación de vulnerabilidad del arrendatario, y en su caso del arrendador, y formular la propuesta de medidas a adoptar", informan desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El texto que ha recibido este martes luz verde del Consejo de Ministros, refleja que la suspensión del lanzamiento se mantendrá por el tiempo necesario para aplicar las medidas sociales que procedan, que deberán permitir una solución habitacional que garantice una vivienda digna, y siempre dentro del periodo del estado de alarma. En caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los 3 meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Especial protección

En segundo lugar, también en el contexto del estado de alarma, se ofrece especial protección a aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este supuesto, se establece la posibilidad de que el Juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tendrá la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

La nueva norma establece una seria de casos en los que la suspensión del procedimiento nunca podrá dictarse, como por ejemplo cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario, cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas O cuando la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto ley.

"Se trata de medidas de carácter excepcional que dan respuesta urgente e inmediata a situaciones de vulnerabilidad en el contexto del estado de alarma, que se suman a las diferentes actuaciones desarrolladas, con carácter estructural, en el ámbito de la vivienda, entre la que se puede destacar la elaboración de una legislación estatal que ofrecerá soluciones equilibradas y efectivas para avanzar en la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española", añaden desde el ministerio.

"La política de las cosas"

"Estamos más en la política de las cosas que en las cosas de la política", respondió la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, preguntada por las tensiones que esta y otras cuestiones han generado entre los socios del Ejecutivo de coalición. 

"Este Gobierno está a tiempo completo a resolver los problemas de los ciudadanos", añadiría después tras se preguntada Montero sobre a quién se dirigía con su primera frase. En eso está el Gobierno, insistió, y no en que alguien "se haga padre o madre de una determinada idea".

En un sentido similar, Carmen Calvo, defendió el carácter "coral" y no "solista" del grueso de las iniciativas que salen del Consejo de Ministros.

Mientras se celebraba la rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, celebraba la aprobación de esta iniciativa desde su perfil de la red social Twitter: "Hoy, por fin, hemos aprobado en el Consejo de Ministros la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a hogares vulnerables mientras dure el estado de alarma".

A día de hoy, el Gobierno sigue dividido respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Una semana más, Montero aprovechó esta rueda de prensa para pedir "prudencia. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, confió en una subida del salario mínimo antes de fin de año. Lo contrario, dijo, sería "muy difícil de explicar" de un Gobierno "distinto" que "ha aprendido" de los errores del PP.

El sector de Unidas Podemos del Gobierno no ha tirado todavía la toalla y cree que posible que la subida, del 0,9%, se adpote en el último Consejo de Ministros del año, la próxima semana. Montero prácticamente cerró la puerta a esta posibilidad apuntando al próximo semestre como momento en el que la situación podría "reevaluarse".

Cortes de suministros

El Consejo de Ministros ha aprobado, además, la extensión de la prohibición en los cortes de suministros –luz, gas y agua– a los consumidores vulnerables y a personas en riesgo de exclusión social mientras dure el estado de alarma. La medida se incluye como una disposición en el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Así, se amplía la prohibición del corte de suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para acreditar esta condición ante las empresas suministradoras bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad.

Reparto de los fondos europeos

En el mismo Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, expuso el plan para "preparar" a España de cara al reparto de los fondos europeos. Un plan cuyo uno de los ejes es la colaboración público privada y que conlleva varias modificaciones legislativas, de leyes de "rango ordinario", para agilizar la distribución de estos fondos imprimiendo mayor rapidez a la tramitación de expedientes, a la contratación y a la gestión y el control.

"Trataremos de que la tramitación sea más ágil, más clara, más eficaz y más ligera", explicó Calvo.

La norma contempla un impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital y acomete junto al socio privado la ejecución del proyecto, recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras 'ad hoc' para agilizar la absorción de fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público, informa Europa Press.

El Gobierno crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Para ello, se abrirá un registro en el Ministerio de Hacienda para que las entidades interesadas en formar parte de la colaboración público-privada puedan hacerlo de forma "abierta y absolutamente coordinada". Estos proyectos se aprobarán uno por uno en el Consejo de Ministros, detalló Calvo.

Se crearán cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos, que pasan en primer lugar por una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá Sánchez y en la que participarán todos los ministros.

Habrá también un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, y una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, así como foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados y se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las comunidades autónomas al necesitarse una "estrechísima colaboración". La Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas.

También se dio luz verde en esta reunión a un plan de apoyo al sector turístico, también en el contexto de la pandemia.

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