“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Así consta negro sobre blanco en el artículo 47 de la Constitución Española el derecho a la vivienda. Y en este aniversario de los 47 años del texto es precisamente la vivienda el gran naufragio de la clase política, incapaz de ponerle freno a un mercado especulativo que no para de batir récords de ganancias y que está truncando las perspectivas personales de millones de ciudadanos, especialmente de los jóvenes.
Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el principal problema para el país (citada por el 40% de los ciudadanos), por encima de la situación política, la migración, la crisis económica y el empleo. Con unos niveles de preocupación muy altos principalmente entre los segmentos de población menores de 40 años.
A pesar de la aprobación de la ley de vivienda por parte del Gobierno de coalición en la pasada legislatura, el mercado no está controlado, sobre todo debido al bloqueo de las comunidades del Partido Popular a aplicar los topes de alquileres en las zonas especialmente tensionadas. Los socios del Gobierno, ante este panorama, presionan al PSOE para que tome medidas más valientes ante esa emergencia y han puesto en el centro de sus críticas a la titular del ramo, Isabel Rodríguez.
Algunos dirigentes de izquierdas llevan tiempo alertando, como es el caso de Gabriel Rufián (Esquerra Republicana), de que el Gobierno puede caer por la vivienda más que por los casos de corrupción. La Moncloa ha querido lanzar una señal horas antes de la conmemoración de la Constitución en el Congreso con la presentación el jueves de la nueva empresa pública de vivienda, que en una primera fase se encargará de gestionar unas 40.000 viviendas en régimen de alquiler asequible.
La propuesta sobre el aborto
El texto constitucional encara también esta efeméride con una propuesta de modificación puesta encima de la mesa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para blindar el derecho al aborto, siguiendo los pasos de la reforma aprobada en Francia en marzo del año pasado.
La propuesta de reforma ya pasó una primera vuelta en el Consejo de Ministros con la idea, impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con Justicia, de incorporar un apartado cuatro en el artículo 43. El texto planteado es: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
Este apartado se incluiría en el Título I, dedicado a los derechos y deberes fundamentales, concretamente en el Capítulo III, referido a los principios rectores de la política social y económica. Con esta reforma se quiere reforzar, a tenor del Ejecutivo, un sistema completo de protección, que recoge tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional, garantizando que este derecho se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país en un momento de cuestionamiento de este derechos por parte de la ultraderecha en connivencia con algunos sectores del Partido Popular.
Ahora mismo el texto ha sido enviado al Consejo de Estado, que emitirá su informe a finales de este mes o a principios de enero, según fuentes de esta institución. El Gobierno tiene que esperar a todos los informes consultivos para unificarlos y aprobar en segunda vuelta esa propuesta de reforma. Por ello, calcula que esto no se producirá hasta, al menos, dentro de seis meses.
El Gobierno quiere tramitar esta reforma a través del procedimiento ordinario, que requeriría de una aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboraría un texto alternativo, sometido de nuevo a votación. Si de nuevo, no se alcanzase un acuerdo, la reforma podría aprobarse con una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
El desarrollo del artículo 49
La Constitución sí ha visto esta legislatura un acuerdo histórico para la reforma del artículo 49 para eliminar la palabra disminuido y sustituirla por persona con discapacidad. El cambio en la Carta Magna contó con un abrumadora unanimidad en el Congreso y en el Senado, a excepción del voto contrario por parte de los parlamentarios de Vox.
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De esta manera, el texto constitucional en ese apartado queda así: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.
Con este segundo apartado: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.
Pero todavía hay que dotar de contenido esta reforma. Por eso, el Gobierno está reclamando el mismo consenso para aprobar los cambios de las leyes de dependencia y discapacidad que ya se tramitan en el Congreso. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha prometido desarrollar este artículo, pero ha criticado que el Ejecutivo no dote de memoria económica estas leyes.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.