"Esta conversación no ha existido": cuatro años de guerra sucia en Interior bajo la lupa del Congreso
Miércoles, 17 de junio de 2015. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reúne en el Monasterio Mater Ecclesiae con el papa emérito Benedicto XVI. Durante casi una hora, ambos departen. Y, en un momento dado, se pone sobre la mesa el problema catalán. "Mire, el diablo quiere destruir España", responde Joseph Ratzinger. Y para evitarlo, según la versión de aquel encuentro que daría un lustro después el exministro, le recomienda aplicar cuatro herramientas básicas: humildad, oración, sufrimiento y devoción a la Virgen. Pero por aquel entonces, la cúpula que él mismo encabezaba ya había apostado por algo más terrenal: una guerra sucia sin cuartel que parase los pies al independentismo, frenase el ascenso de otros partidos y evitase que las causas de corrupción arrastrasen al PP a lo más profundo.
Ahora, a las puertas del nuevo ciclo electoral, todas estas maniobras se situarán de nuevo bajo la lupa parlamentaria. El Congreso de los Diputados dará este martes el pistoletazo de salida a la comisión de investigación sobre la trama parapolicial que anidó durante años en el departamento dirigido por Fernández Díaz. Es la segunda vez que la Cámara Baja pone el foco sobre la llamada brigada política. La primera fue en 2021, pero las pesquisas giraron fundamentalmente alrededor de la Kitchen. Desde entonces, han visto la luz decenas de audios y cientos de nuevos mensajes desconocidos durante la anterior comisión. Grabaciones y chats que, sin duda, marcarán la nueva investigación sobre esta guerra sucia en la Carrera de San Jerónimo.
Fernández Díaz, miembro reconocido del Opus Dei que abrazó la religión en un viaje oficial a Las Vegas en la década de los noventa, agarró la cartera de Interior en diciembre de 2011. Por aquel entonces, el país trataba de mantenerse a flote en medio de la Gran Recesión. Un problema económico al que se sumó, en cuestión de meses, el político en Cataluña. Recién concluido el verano de 2012, el Parlament aprobó una resolución en la que se exigía la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y, a partir de ese momento, empezó a gestarse en la cúpula de Interior una operación política, policial y mediática contra el independentismo catalán. Un conjunto de maniobras en la sombra que se prolongaron durante varios años.
Por aquel entonces, Francisco Martínez era el jefe de Gabinete del ministro del Interior. Y, bajo esa condición, mantenía contacto con algunos altos mandos policiales. Una de esas conversaciones, desveladas por el diario El País, se produjo el 14 de noviembre de 2012, once días antes de los anticipados comicios catalanes. Su interlocutor, el comisario José Manuel Villarejo, una de las muchas sombras en las cloacas. "Nada más salir esto publicado y con una fotocopia de uno de los extractos, se va a montar un chocho", apunta el policía. Hablan de cuentas bancarias en suiza del clan Pujol. Y quedan en que extracto y un informe duro sobre el tema se coloquen en El Mundo. De hecho, tres días después, el citado diario abrió a toda página: "Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la Policía".
Aquel documento también resaltaba que parte de las comisiones de la trama Palau habían acabado en las cuentas del entonces president de la Generalitat, Artur Mas. El problema es que no tardaría en descubrirse que aquello no era más que un informe fantasma. El juez que investigaba el caso de corrupción dejó claro que él no había solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ningún estudio de este tipo. De hecho, Asuntos Internos terminó concluyendo que aquel supuesto borrador aireado no era más que un cortapega "procedente de fuentes abiertas". Fue entonces cuando se comenzó a hablar en algunos círculos de una suerte de conjura policial contra el soberanismo.
Los mandos políticos siempre confiaron en que las maniobras jamás les salpicarían. Al fin y al cabo, José Manuel Villarejo siempre juró que no habría forma de relacionar con estos movimientos a los máximos responsables de Interior. Lo que pasa es que el comisario jubilado era una grabadora humana. Y ahora todos esos audios se han convertido en un relato de la guerra sucia narrado por sus propios protagonistas. Entre ellos el propio Fernández Díaz. "Esta conversación no ha existido (...) Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión haya existido", le decía a Villarejo en diciembre de 2012. En la primera comisión de investigación parlamentaria, el ministro negó haber despachado "jamás" con el comisario. Pero entonces no se conocía, como ahora, ese encuentro.
La "libretira" que quería parar Cospedal
Con el paso de las semanas, la carga de trabajo de la brigada política fue aumentando. Sobre todo desde la publicación de los papeles de Bárcenas. Un asunto que preocupaba en Génova. "La libretita [del extesorero] sería mejor poderlo parar", dejó caer en una conversación en enero de 2013 al comisario jubilado la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Aquellos audios, que pusieron de manifiesto las mentiras en sede judicial de la exnúmero dos del partido conservador, ni siquiera se conocían cuando la Cámara Baja investigó por vez primera las maniobras de Interior para proteger a la formación conservadora. Serán, por tanto, una prueba a tener en cuenta en la nueva comisión que echa a andar este martes.
En sus agendas personales, incautadas tras su detención en la llamada operación Tándem, el comisario jubilado dejaba constancia de sus charlas. Es decir, no solo grababa todo, también lo anotaba. Son numerosas las referencias a "Cospe". Y también a los avances de Kitchen, la operación parapolicial financiada con dinero público para sustraer a Bárcenas pruebas que pudiesen resultar incriminatorias para el PP en Gürtel. Con una letra ilegible en ocasiones, describe con breves apuntes cómo va la captación de Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP que terminó convirtiéndose en la puerta de entrada hacia Bárcenas. O el papel jugado por el entonces secretario de Estado de Seguridad: "Insiste en la importancia del tema LB [Luis Bárcenas]. Plantea línea dura hacia él ya".
La Fiscalía Anticorrupción calcula que para aquel operativo con tintes políticos se habrían destinado al menos 57.943,43 euros de los fondos reservados y más de medio centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Y señala que el espionaje se habría llevado a cabo de forma continuada hasta los primeros compases de 2014. Un año que sería, de nuevo, clave para la brigada política. En primer lugar, por la consulta catalana sobre el 9-N, lo que obligó a los altos mandos de Interior a redoblar sus esfuerzos en la llamada Operación Cataluña, unas maniobras que se encuentran bajo la lupa judicial en Andorra. Y en segundo lugar, por la irrupción en el tablero político nacional de una nueva izquierda con una marca potente: Podemos.
La guerra contra Podemos en formato Whatsapp
La formación morada se convirtió en objetivo a batir desde el primer momento. Y así lo atestiguan las libretas de Villarejo. "Va a aportar datos sobre Podemos", se puede leer en una anotación que el comisario jubilado fecha el primero de octubre de aquel año junto a un nombre apenas ilegible. Ese mismo mes, el policía anota lo siguiente: "Reunión hasta 14.30. Sobre riesgo de IB con PJ y reuniones Podemos". Junto a ese apunte, figuraba la palabra "Chisco". Ese era justamente el apodo con el que Villarejo se refería al secretario de Estado de Seguridad. Por aquel entonces, el partido capitaneado por el politólogo Pablo Iglesias acababa de dar la campanada en las elecciones europeas, consiguiendo cinco asientos en la Eurocámara.
Los whatsapp de la Kitchen prueban, a través de sus interlocutores, el temprano interés por investigar a fondo a los principales representantes de la nueva formación política. El 11 de febrero de 2015, cuando este partido ni siquiera había logrado representación institucional, el secretario de Estado de Seguridad intercambia mensajes con Enrique García Castaño, quien fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el grupo de la Policía Nacional encargado de los seguimientos, las escuchas y la captación de fuentes. En el centro de la conversación, uno de los fundadores de Podemos: Juan Carlos Monedero.
–Ahora lo bueno, Luis Castro presidente de Panal, partido mejicano, es muy colega, resulta que es íntimo de Monedero, me lo pone a tiro, si tú me autorizas –escribe García Castaño–.
–Muy interesante todo lo que te cuenten, sin duda... –responde el secretario de Estado–.
Dos días después, García Castaño envía un nuevo whatsapp a Martínez en el que le facilita determinada información de contacto del politólogo del partido morado. En concreto, su número de teléfono móvil y dos direcciones de correo electrónico.
El interés por encontrar información sobre los rivales políticos no fue puntual. Se prolongó durante meses y meses. Con las municipales y autonómicas como telón de fondo, policía y político abordaron la posibilidad de encontrar "cosillas" sobre la "consejera de Bildu" en Navarra, que ya ha registrado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando que se indague sobre estos hechos. Y con las generales del 20-D ya superadas, los esfuerzos por encontrar material relacionado con Podemos se redoblaron en la cúpula del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Es sábado, 30 de enero de 2016. Han pasado ya un par de semanas desde que algunos medios aireasen a bombo y platillo el conocido como informe Pisa, un documento supuestamente policial sin sello ni firma alguna que acabaría convirtiéndose en el máximo exponente de la guerra sucia contra la formación morada. Y Martínez escribe a Castaño interesándose por algunas personas ligadas a este partido: "De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?". Menos uno, el policía señala que están limpios. "Cagüenlaputa", responde Martínez. Y completa con un segundo mensaje: "Alguno tiene que ser chungo".
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Un par de meses después, las maniobras continúan. El miércoles 20 de abril, el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, informa a Martínez de que tienen en la diana a otro de los fundadores de Podemos: "Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón. Pero con la condición hablada esta mañana". En concreto, las fuentes habían exigido para seguir colaborando que, en caso de intentar ponerlo en los medios, el asunto se colocase en El Mundo o El País. Algo que no suponía problema alguno para el secretario de Estado de Seguridad: "Por eso no habría ningún problema. Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro...".
Los chats arrojan nuevos indicios
La brigada política compaginaba por aquel entonces todas esas investigaciones con aquellas centradas en el soberanismo catalán. Y así lo demuestra, de nuevo, el cruce de mensajes entre Pino y Martínez. "Nos aparecen cuentas de Convergencia en Suiza. A nombre de Forum Barcelona y Catdem", se lee en uno de los whatsapp. Unas semanas después, el director adjunto operativo se vuelve a poner en contacto con el secretario de Estado de Seguridad para informarle de que, en relación a Catdem, ya no hay cuenta alguna en suelo helvético.
Aunque todas estas conversaciones extraídas del teléfono móvil de Martínez llevan años en manos de los investigadores, lo cierto es que el contenido íntegro de las mismas no se ha conocido hasta hace solo unas semanas. Es decir, que no se tuvieron en cuenta durante la primera comisión de investigación que abordó en el Congreso el uso "ilegal" de efectivos, medios y recursos de Interior para "favorecer los intereses políticos del PP". Ahora, más de un año después, estos cientos de mensajes, que dibujan un perfecto recorrido cronológico de la guerra sucia, constituirán uno de los elementos clave en las nuevas pesquisas que la Cámara Baja está a punto de poner en marcha a las puertas del inminente ciclo electoral.
