Un juez de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara (@ManuelRuizdlar en su perfil más activo actualmente), ha recurrido de manera reincidente a X para insultar, entre otros, al presidente del Gobierno, su esposa, el anterior fiscal general del Estado y varios ministros y exministros, lo que le ha provocado, hasta el momento la apertura de dos expedientes disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial. Jesús Villegas (@eutimius), juez decano de Guadalajara y miembro de la derechista Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, vaticina en esa misma red social que el presidente del Gobierno tendrá que declarar pronto como imputado o como testigo en el caso Ábalos. Lo afirma en plena tramitación e investigación de la causa tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. También lo hizo durante el juicio al fiscal general del Estado. El magistrado de la Audiencia de Madrid Luis Sanz (@MagistraThor), con casi 50.000 seguidores en la antigua Twitter, vio cómo su apariencia de imparcialidad se ponía en cuestión en esa misma plataforma –hasta el punto de tener que cerrar su perfil– tras participar en septiembre en la presentación de Atenea el nuevo laboratorio de ideas del exdiputado de la ultraderechista Vox Iván Espinosa de los Monteros.
La creciente presencia de jueces, magistrados y fiscales en redes sociales haciendo gala de su propia ideología y criticando o alabando (esto menos, debido a la sensibilidad conservadora mayoritaria de este estamento) al Gobierno o a las iniciativas de una fuerza política u otra en redes sociales es un fenómeno creciente en nuestro país. Algunos actúan en su propio nombre y otros invocan su condición de juez, magistrado o fiscal, pero también los hay que recurren a los pseudónimos aunque, tarde o temprano, su identidad termina saltando a la luz. Muchos lo hacen movidos por un afán puramente corporativo, el de explicar su trabajo y el de sus compañeros, defenderlos en caso de críticas o tratar de aportar luz sobre algunos procedimientos. Pero otros recurren a las redes –casi exclusivamente a X, aunque algunos, los más jóvenes, también a Instagram– para expresar sus ideas políticas y su posicionamiento ideológico frente a asuntos de plena actualidad que, en ocasiones, están en plena tramitación. En una reciente sentencia, el Tribunal de Estrasburgo ha avalado estas actividades como parte de su libertad de expresión, aunque también ha puesto límites.
El fenómeno, que causa sonadas polémicas al comprobarse cómo un estamento en teoría imparcial se muestra sin pudor en esas plataformas o da su opinión sobre casos que investigan o juzgan otros compañeros, ha sido tolerado hasta ahora por el órgano de gobierno de los jueces que por el momento solo ha actuado en los casos más sangrantes, como los dos expedientes abiertos a Ruiz de Lara, uno de ellos archivado en 2024. El CGPJ, como la Sala del Supremo que revisa sus decisiones, priman la libertad de expresión de los miembros de la magistratura y evitan entrar a fondo con sanciones disciplinarias. Hasta el momento, todos los excesos investigados han ido al cajón. Sin embargo, esta frenética actividad judicial en internet sí está sometida a principios éticos regulados no solo en el código deontológico español, sino también en textos de organizaciones internacionales como la ONU o el Consejo de Europa, de las que España forma parte.
La comisión de ética del Consejo estableció en enero de 2021 que los jueces deben ajustarse al principio de "neutralidad política" en sus posts de internet, una pauta deontológica que, sin embargo se incumple casi cada día en algunos de los perfiles judiciales más activos. El dictamen señala también que la obligación del juez de dispensar un trato respetuoso a las personas que intervienen en el proceso debe extenderse también al ámbito extraprocesal, por lo que los comentarios e intervenciones de los miembros de la Carrera Judicial en medios de comunicación, redes sociales o encuentros jurídicos deben desarrollarse “con las formalidades de la buena educación” y “sin expresiones irrespetuosas, vejatorias o dañinas”, añadía el dictamen de la comisión.
En el marco de Naciones Unidas, el texto de principios éticos más relevante en este campo es el de las Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces, aprobado por la Red Mundial por la Integridad Judicial de esa organización global. El objetivo de esta Red es proporcionar asistencia a las judicaturas de los Estados miembros para fortalecer la integridad de sus jueces y prevenir la corrupción en sus sistemas judiciales. Se trata de un escueto catálogo de principios que no son de obligado cumplimiento pero indican cuál debe ser una buena práctica cuando es un miembro de la judicatura el que publica en plataformas de internet de acceso general como X, Facebook, Instagram o cualquier otra. Algunas de las pautas recogidas en ese documento, establecidas por el riesgo a la integridad y apariencia de imparcialidad que supone la actividad en estas redes, se incumplen por nuestros jueces tuiteros en muchas ocasiones, pero sirvieron de guía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia antes citada.
El texto de Naciones Unidas parte de que la participación de los jueces en estas plataformas debe ser, en general, permitida como un instrumento más para involucrarse en las comunidades en las que prestan sus servicios. Sin embargo, "el beneficio público de dicho involucramiento y participación virtual debe estar en equilibrio con la necesidad de mantener la confianza de la población en el Poder Judicial, el derecho a un juicio justo, así como la imparcialidad, integridad e independencia del sistema judicial en su conjunto". Los jueces, según estas directrices, "deben recibir formación sobre los beneficios, riesgos y peligros del uso de su información personal en redes sociales", una capacitación que debe extenderse también a "familiares, amigos cercanos y el personal de los tribunales". "El uso de las redes sociales por parte de jueces de manera individual debe mantener la autoridad moral, la integridad, el decoro y la dignidad de su cargo judicial", establece la directriz número 5 del texto.
Las directrices se refieren, entre otros aspectos, a la identificación de los jueces en estas plataformas. Estos principios no vinculantes permiten que los jueces usen su propia identidad y se identifiquen como jueces en redes sociales. Respecto al uso de pseudónimos –muy extendido entre los jueces españoles con perfiles públicos– "nunca deben usarse para permitir un comportamiento poco ético". Además, el uso de estas identidades falsas, avisa el texto, "no ofrece ninguna garantía de que no se vaya a conocer el nombre real o la condición de juez que posee el usuario". Las recomendaciones de la ONU explican, además, que en algunas plataformas "puede ser beneficioso separar la identidad privada de la profesional". A principios de este año, el CGPJ tuvo que advertir a un joven juez de Cataluña para que no hiciera pública su vida privada después de que publicara un vídeo en Instagram que iba desde el momento en que se vestía por la mañana, hasta su paso por el juzgado y las actividades de ocio y deportivas posteriores a su jornada laboral.
Respecto al contenido de sus publicaciones, los principios de la Red Mundial por la Integridad Judicial recomiendan a los jueces que eviten "expresar opiniones o compartir información personal en línea que pueda socavar la independencia judicial, la integridad, corrección, imparcialidad, el derecho a un juicio justo o la confianza pública en el Poder Judicial". Esa directriz deben seguirla "independientemente de si revelan o no sus nombres reales o su condición de jueces en las redes sociales". En particular, se aconseja que no se publique nada sobre los casos en los que intervengan o los que es posible que les correspondan en el futuro. En cualquier caso, "deben ser cautelosos en cuanto al tono y el lenguaje, ser profesionales y prudentes con respecto a todas las interacciones que tengan" en las redes. Jueces y magistrados tienen que "tratar a los demás con dignidad y respeto, no utilizar las redes sociales para trivializar las preocupaciones de los demás ni para hacer observaciones que discriminen por cualquier motivo no permitido".
No solo es relevante para el grupo de Naciones Unidas lo que se publica, también a quién se sigue. Por eso, las directrices recomiendan a jueces y magistrados que sean cautelosos "a la hora de seguir o darle a 'me gusta' a publicaciones de ciertos grupos de defensa, campañas o comentaristas particulares, donde la asociación con ellos podría dañar la confianza pública en la imparcialidad del juez o la imparcialidad del Poder Judicial en general". Se trata de una de las pautas que más se incumplen en España, donde algunos de los jueces más activos en redes no dudan en aparecer en sus propios perfiles ligados a medios con determinada línea ideológica e incluso a fundaciones muy significadas políticamente. Estas recomendaciones llegan a aconsejar que se elimine o bloquee a "seguidores" o "amigos" que pudieran crear "apariencia de parcialidad o prejuicios".
Pero sean o no activos en este tipo de plataformas, éstas son un entorno en el que cualquier comportamiento inapropiado o que afecte a su apariencia de imparcialidad se puede divulgar. Es a través de fotos publicadas en redes sociales como se ha conocido la participación de magistrados del Supremo o candidatos a serlo en actos de grupos de extrema derecha, como el miembro de la Sala de lo Civil Antonio García Martínez o el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León José Luis Concepción en la fundación ultracatólica del exministro Jaime Mayor Oreja. "Independientemente de si usan las redes sociales o no, los jueces deben tener cuidado con cómo se comportan en público, porque podrían tomarles fotografías o hacerles grabaciones que luego podrían difundirse rápidamente en las redes sociales", recuerda el documento obviado en muchas ocasiones por una carrera judicial muy escorada a la derecha.
Un juez de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara (@ManuelRuizdlar en su perfil más activo actualmente), ha recurrido de manera reincidente a X para insultar, entre otros, al presidente del Gobierno, su esposa, el anterior fiscal general del Estado y varios ministros y exministros, lo que le ha provocado, hasta el momento la apertura de dos expedientes disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial. Jesús Villegas (@eutimius), juez decano de Guadalajara y miembro de la derechista Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, vaticina en esa misma red social que el presidente del Gobierno tendrá que declarar pronto como imputado o como testigo en el caso Ábalos. Lo afirma en plena tramitación e investigación de la causa tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. También lo hizo durante el juicio al fiscal general del Estado. El magistrado de la Audiencia de Madrid Luis Sanz (@MagistraThor), con casi 50.000 seguidores en la antigua Twitter, vio cómo su apariencia de imparcialidad se ponía en cuestión en esa misma plataforma –hasta el punto de tener que cerrar su perfil– tras participar en septiembre en la presentación de Atenea el nuevo laboratorio de ideas del exdiputado de la ultraderechista Vox Iván Espinosa de los Monteros.