El Ministerio de Cultura ha dado un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, informa EFE.
Todavía la fundación dispondrá de un plazo de diez días para presentar nuevas alegaciones, y después habrá que esperar un informe de la Abogacía General del Estado antes de que Cultura solicite a la justicia definitivamente la disolución de la entidad, que preside el general Juan Chicharro.
La propia fundación ha emitido un comunicado este miércoles en el cual revela que el pasado 16 de febrero recibió notificación de la inadmisión de un recurso de alzada contra la negativa a una práctica de prueba testifical y que solo 24 horas después ha recibido la resolución firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que propone su extinción, una rapidez que le resulta sorprendente.
En este documento, de 58 folios, se recoge el análisis que en su día hizo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la página web de la FNFF, con "componentes de exaltación del franquismo, resaltando los logros del régimen", y se constata que el acceso a los fondos de su archivo histórico está limitado y sujeto a autorización previa, y organizado con un enfoque "unilateral".
También incluye la resolución los elementos de su actividad que según Cultura prueban las prácticas de apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura y sus dirigentes, así como el "menosprecio" a las víctimas -otro motivo para la extinción- a través de textos bajo un "prisma negacionista" de la represión franquista.
Tampoco admite que sus actividades únicamente persigan el interés general, como sostenía en las alegaciones, porque su propósito de difusión de la "vida, pensamiento, legado y obra" de Francisco Franco "no puede considerarse de interés general" según la normativa de fundaciones y además de un modo "incompatible" con la legalidad.
La ilegalización de la Fundación Franco se frena a la espera de un informe pedido hace nueve meses
En suma, Cultura entiende que le corresponde proponer la extinción y le concede diez días hábiles para presentar nuevas alegaciones, mientras la fundación asegura que está estudiando el contenido de la propuesta y los pasos a dar para defender sus "derechos".
Los trámites para reclamar la extinción de la FNFF se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este largo procedimiento.
El Ministerio de Cultura ha dado un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, informa EFE.