La declaración de la infanta Cristina reactiva el interés de Urdangarin por lograr una rebaja de condena

La declaración judicial con que a lo largo de más de seis horas la infanta Cristina reiteró el sábado que era su marido quien, junto con Diego Torres, dirigía el Instituto Nóos y, en solitario, Aizoon SL, la empresa que ambos comparten, ha reactivado el interés de Iñaki Urdangarin por lograr una rebaja de condena mediante la aplicación de atenuantes, desvelaron anoche a infoLibre fuentes del caso.

Con tres acusaciones populares personadas –el PP ejerce oficialmente la cuarta pero ni está ni se le espera– y la instrucción en su recta final, se perfila como poco menos que imposible un acuerdo global que evite la celebración de un juicio previo reconocimiento de culpa y aceptación de una condena. Pero sí es factible –y ese es la vía que ahora entra en escena– que la Fiscalía reclamase para él menos años de cárcel si repara el daño infligido al erario público devolviendo los seis millones que el Instituto Nóos recibió en Valencia y Baleares gracias a convenios adjudicados a dedo.

¿Y qué ocurriría con el más de medio millón que Anticorrupción reclamará a la infanta Cristina como beneficiaria objetiva de la fortuna amasada gracias a la falsa ONG Instituto Nóos? El fiscal Pedro Horrach sostiene que la infanta no participó en los delitos que atribuye a su marido. Pero sostiene también que los resultados de esos delitos le reportaron ganancias que habrá de devolver. Y la única forma de que, en el mejor de los casos, el nombre de Cristina de Borbón no aparezca rotulado en el escrito de acusación del fiscal aunque sea como responsable civil y no penal, esa única vía pasa por que su marido deposite antes también esa parte.

Urdangarin ya intentó hace tres meses un pacto con la Fiscalía como ya había hecho en la primavera de 2012. En ambas ocasiones, las conversaciones se fueron al traste: Anticorrupción se negó a contemplar cualquier acuerdo que librase al duque de Palma de entrar en prisión. Ahora, con la instrucción en su recta final, la infanta en espera de que el juez decida si la desimputa o la procesa y la presunción de inocencia del duque consorte horadada por el testimonio de su propia esposa, el tiempo apremia. Y Urdangarin, que se sabe amortizado por la Casa Real, ve cada vez más cerca el riesgo de una dura condena de hasta 19 años por cinco delitos de corrupción.

Por supuesto, aun si Urdangarin depositara el medio millón largo que la Fiscalía prevé reclamar a su mujer, nada garantiza que la infanta no acabe finalmente procesada por el juez José Castro. Su declaración del sábado, construida sobre una sucesión de “no recuerdo”, “no sé”, “no me consta”, amén de otra sucesión de “confiaba en mi marido” y era él quien lo gestionaba "todo" –incluso el pago del servicio doméstico, llegó a decir–, pocas o ninguna revelación nueva aporta sobre su papel en el entramado Nóos. Y los informes de Hacienda la exculpan de manera tajante. Pero el juez, que planteó batalla hace ya un año para que la hija del rey compareciese como imputada, aún sopesa la idea de que Cristina de Borbón pudo ser cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales atribuidos a su marido. O, incluso, autora de un delito de blanqueo por cuanto utilizó fondos ilícitos obtenidos para su marido.

Contundente informe de Hacienda

El pero con que topa la primera premisa del juez es el contundente informe de Hacienda, aunque algunos juristas sostienen que el fisco debe limitarse a constatar si hubo delito fiscal sin excluir a nadie como posible autor o cómplice. La segunda línea posible, la de un procesamiento por blanqueo, encuentra el escollo del desconocimiento al que se aferra la infanta. Si no conocía el origen ilícito del dinero –o si, aun con todas las sospechas sobre su cabeza, ningún indicio permite acreditar que lo conocía-, la acusación de lavado de dinero se disolvería como un azucarillo en agua caliente. El tercer obstáculo que encontrará el magistrado si finalmente no la desimputa es la doctrina Botín: aquella según la cual ningún juez puede llevar a alguien a juicio si la Fiscalía no acusa. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre qué ocurriría con la doctrina Botín: sobre todo, porque su argumento clave reside en que no hay elementos objetivos para sentar a la infanta en el banquillo. Otros juristas creen que la doctrina Botín no sería de aplicación en este caso dado que la Fiscalía sí presentará una acusación por delito fiscal... aunque no vaya dirigida contra la infanta. 

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En teoría, no todo el dinero público captado por Instituto Nóos tendría que proceder de Urdangarin, dado que el mordisco que la pretendida ONG clavó en las arcas valencianas y baleares lleva también la marca de su antiguo socio, Diego Torres. Pero mientras que Urdangarin conservó hasta octubre de 2012 su cargo de consejero de Telefónica, grupo del que cobraba al menos a través de cuatro empresas –solo en 2011 cobró 207.844 euros con esa fórmula-, Diego Torres y su mujer, la todavía imputada Ana Tejeiro, vieron cómo su clientela y sus ingresos mermaban de inmediato en cuanto el caso estalló en noviembre de 2011 y todo apunta a que su situación económica dista de ser boyante. El día 22 de aquel noviembre, la misma escuela de negocios que había dado apoyo logístico a Urdangarin en sus proyectos, la ESADE donde los dos socios habían entablado amistad, despidió de manera fulminante a Diego Torres. Hoy, pocos conocedores del caso prevén que Torres esté en disposición –económica o de voluntad– de devolver la mitad del millonario importe. ¿Puede ofrecer algo Torres para que su mujer quede exonerada y fuera del caso? Todavía es una incógnita, aunque cabe la posibilidad de que aún conserve información inédita valiosa para la causa. Por ejemplo, información sobre cómo es posible que los fondos evadidos de España –medio millón al menos– a través de una empresa ligada a la última ONG del entramado, la Fundación DCIS, acabase sólo en sus cuentas y no también en las de Urdangarin.

Urdangarin no se libraría ni siquiera en esa hipótesis de la petición de cárcel. Pero se garantizará una solicitud de pena más corta que la que hoy pende sobre su cabeza. Con los datos actuales en la mano, y con el perfil “gestor” del duque de Palma remarcado por su propia esposa, la Fiscalía puede reclamar entre 10 y 19 años de cárcel por los cinco cinco delitos que se le atribuyen: malversación, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal y falsedad documental. Paradójicamente, y pese a tratarse del delito más grave junto con el de malversación, la prevaricación –adoptar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son– no entraña penas de prisión. En esas dos figuras delictivas, el yerno del rey desempeñaría el papel de cooperador necesario. Es decir, el de la persona sin cuya participación el delito no podría haber sido perpetrado por su autor directo, en este caso los cargos políticos y los funcionarios imputados en Baleares, Valencia y Madrid.

Mientras que la incorporación del blanqueo a la nómina de delitos parece poco probable en lo que respecta a Urdangarin por razones jurídicas –el anterior Código Penal dificulta su atribución a quien supuestamente lavó el dinero previamente defraudado a Hacienda–, la acusación de tráfico de influencias sigue en la recámara de la Fiscalía. Sin reparación del daño, el tope mínimo de años de cárcel que pedirá el fiscal Horrach se cuantifica en 10. Si devuelve el dinero, la cifra podría acortarse.