La Delegación de Gobierno identifica a 200 manifestantes de la marcha neonazi

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha defendido este lunes que la Policía Nacional actuó "desde el primer momento" en la concentración neonazi de Chueca, cacheando e identificando a las 200 personas que participaron en la misma.

En una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, ha calificado de "injusto" que se diga que la Policía no actuó en la zona y ha afirmado que los agentes requisaron determinados materiales y acordonaron la manifestación para que no hubiera ningún tipo de problema de seguridad.

A ello, ha sumado que no se produjo ningún altercado en su recorrido desde la plaza de Chueca hasta la Puerta del Sol y ha relatado que ese es el trabajo de los agentes y que, si se comete algún delito, la Delegación abre un expediente para elevarlo a la justicia.

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Al hilo, la delegada ha detallado que la Delegación ya ha hecho las diligencias previas y tiene el informe policial, por lo que mañana ofrecerá más detalles al respecto de las actuaciones que van a llevar a cabo.

Por otro lado, y tras las criticas que ha recibido la delegada por haber permitido esta manifestación, ha agradecido las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al decir que los requisitos para poder desconvocar estos actos "son muy rígidos desde el punto vista normativo y de la jurisprudencia", frente a lo que González ha denominado "la política de la chusca".

La Policía de Madrid avisó de que existía un "alto riesgo" de comisión de delitos de odio en la marcha neonazi de Chueca

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"La sociedad madrileña está muy convulsa y polarizada. Debemos dejar de echar leña al fuego (...) Las redes sociales tienen muchísima utilidad hasta que se convierten en una caverna", ha expresado.

Por otro lado, ha insistido en que no tenían ni tienen ningún dato que les hiciera prohibir esta manifestación neonazi y ha pedido que se haga "un poco de pedagogía", ya que la Delegación no autoriza las concentraciones, sino que las organizaciones comunican al organismo su intención de ejercer su derecho a la manifestación.

Considera que tendrá que ser la justicia la que decida si se ha cometido algún delito, aunque cree que la concentración es "absolutamente reprobable y lamentable".