Madrid

La Policía de Madrid avisó de que existía un "alto riesgo" de comisión de delitos de odio en la marcha neonazi de Chueca

Marcha neonazi en Chueca.

Sábado, 18 de septiembre de 2021. Decenas de neonazis discurren por Chueca, epicentro del activismo LGTBI en la capital. Lo hacen convocados bajo un lema: "Di no a la Agenda 2030/2050". Sin embargo, los mensajes que resuenan entre las callejuelas de este barrio madrileño distan mucho del objeto de la marcha. "¡Fuera, sidosos, de Madrid!", corean los participantes. El acto provoca una condena unánime. Y también un enorme terremoto político, en el que entra hasta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Es un poco sorprendente porque los manifestantes eran bien conocidos", dice el portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio. Tan conocidos que, incluso, el propio Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid elaboró un informe previo a la manifestación en el que alertaba del "alto riesgo" de la comisión de delitos de odio en el transcurso de la misma. Desde el Ayuntamiento de la capital se niegan a aclarar, a preguntas de infoLibre, si tuvieron constancia de esta información y si, en base a ella, pidieron a Delegación del Gobierno que reconsiderase, al menos, el recorrido.

La comunicación sobre la celebración de la marcha llegó a Delegación del Gobierno a través de dos colectivos: la A.V. de San Blas-Canillejas y la A.V. del Pinar de Chamartín y Hortaleza. En representación de ambas, dos nombres: Alberto Ayala de Cantalicio y Armando Rodríguez. El primero de ellos era un viejo conocido de los cuerpos policiales. Al fin y al cabo, cuenta con una larga ristra de detenciones a sus espaldas. Este histórico neonazi fue arrestado en 1995 como "autor de una agresión con arma blanca y lesiones", en 1998 en Bonn (Alemania) por "difundir distintivos de organizaciones anticonstitucionales", en el 2000 por los "incidentes ocasionados" en el distrito de San Blas –ataques de varios jóvenes a ciudadanos rumanos– o en 2002 en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu por su supuesta implicación en unos disturbios en los que fueron agredidos varios periodistas.

En la Delegación del Gobierno conocían perfectamente quién era Ayala de Cantalicio, al que con algo más de una veintena de años la policía situaba ya al frente de un grupo ultraderechista que buscaba "asegurar la existencia" de la raza blanca –Juventudes Canillejas–. Horas antes de la marcha, según desveló El Confidencial, el director de Seguridad Ciudadana del departamento, con el rango de inspector, se puso en contacto con la Jefatura Superior de Policía de Madrid para confirmar que el tipo que convocaba la manifestación y el histórico neonazi eran la misma persona. No obstante, la delegada, Mercedes González, aseguró que "no había dato alguno" que "indicara" que todo "iba a acabar como acabó"

Pero lo cierto es que en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid sí que saltaron las alarmas. Una preocupación que quedó por escrito. Antes de la marcha, la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD), creada durante la etapa de Manuela Carmena al frente del consistorio, elaboró un informe en el que exponía los datos relativos al perfil de los manifestantes recopilados por el Grupo de Racismo y Xenofobia. Esa información, según consta en respuesta oficial a una petición de información realizada desde Más Madrid a la que ha tenido acceso infoLibre, se obtuvo a través del monitoreo de redes sociales en abierto, antecedentes e informes existentes en la unidad. ¿Y cuál fue la conclusión? Que existía un "alto riesgo" de que "se cometieran delitos de odio por parte de los participantes a la manifestación", según se especifica en la contestación recibida por el grupo municipal, que aparece firmada por el comisario principal Oskar de Santos Tapia. 

Con "objeto de informar para su prevención e intervención", la unidad trasladó todo a la Comisaría de Policía Judicial. Y, de ahí, fue hasta la Sección de Análisis de la Información (SAI), algo así como el área de inteligencia de la Policía Municipal. "Una vez analizado el contenido del informe, se comprueba que concuerda con la información que conocía dicha sección y que había sido corroborada con el Cuerpo de Policía Nacional, manifestando dicho Cuerpo que existía permiso de la Delegación del Gobierno", sostienen en la respuesta. Horas antes de la manifestación, la SAI alerta a las unidades que van a intervenir en la marcha –Centro Norte y Sur– de que "los promotores son colectivos de extrema derecha" y de que existe una "alerta antifascista" convocada por "redes sociales".

Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que dirige la conservadora Inmaculada Sanz, no aclaran si todos esos datos llegaron a los responsables políticos. Y, en caso afirmativo, si se pusieron en contacto con el departamento que pilota Mercedes González para trasladarle esta información antes de la marcha o pedir, en base a estos informes, que se reconsiderase el caso o se estudiasen otros recorridos. "Las manifestaciones las autoriza, o no, la Delegación del Gobierno. Y la seguridad depende de la Policía Nacional", se limitan a responder a preguntas de este periódico. Fuentes del órgano que representa al Ejecutivo central en la capital, no obstante, aseguran que no llegó nada en ese sentido. "La relación con el Ayuntamiento de Madrid por el tema de las manifestaciones es continua y la colaboración extrema, pero no se trasladó nada de ese asunto", apuntan.

Lo que sí se recibió es el estudio que, por ley, puede elaborarse tras una convocatoria a nivel municipal y trasladarse a la autoridad gubernativa relacionado con aquellas "causas objetivas" vinculadas a la marcha, como "el estado de los lugares" donde pretende realizarse, la "concurrencia con otros actos" o las "condiciones de seguridad" de la zona por la que discurrirá la manifestación. Un documento de viabilidad que, aunque no tiene carácter vinculante, "se envía siempre", explican desde la Delegación del Gobierno. En el caso del paso de los neonazis por Chueca, aquella comunicación de la Policía Municipal establecía que no existía "inconveniente" por "el estado de los enclaves", que en el momento de su redacción no existía la "concurrencia de ningún acto con el solicitado", que la marcha no podía invadir los carriles de sentido contrario y que su "finalización" debía efectuarse "íntegramente en zona peatonal".

Más Madrid exigirá responsabilidades

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo, autor de la petición de información al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, se muestra sorprendido de que la marcha se desarrollase según lo previsto a pesar del aviso sobre la existencia de un riesgo alto de la comisión de delitos de odio. "Hay dos opciones: o no se tomaron en serio la alerta que emitían justamente los que más conocen a este tipo de grupos neonazis o dejaron que pasase lo que pasó", sostiene al otro lado del teléfono. El edil quiere conocer si la responsable de Seguridad –Inmaculada Sanz– del ayuntamiento tuvo constancia de la existencia de esa amenaza antes de la manifestación. Y es algo en lo que tiene previsto incidir la próxima semana, durante la Comisión de Seguridad: "Si lo sabía, debe dimitir. Si no, si no se le informó, tiene que cesar de forma automática al comisario principal, Teodoro Pérez, y al director general, Pablo Henríquez". 

En línea con esto, Montejo también muestra su preocupación por el "desmantelamiento" de la Unidad de Gestión de la Diversidad que levantó el equipo de gobierno de Carmena. En los últimos años, el equipo se ha reducido a la mitad, "pasando de los 33 agentes en 2018 a los 17 actuales". De ellos, según datos oficiales, a la marcha neonazi por Chueca, de la que la Fiscalía abrió una investigación de oficio para dilucidar si se produjo un delito de odio y que se saldó con una sanción de 600 euros a los convocantes, se mandó un indicativo conformado por dos agentes. El mismo número de efectivos que se dedicaron a realizar seguimiento de la manifestación desde la unidad de inteligencia de la Policía Municipal. 

El concejal de Más Madrid tampoco entiende cómo es posible que, existiendo un aviso explícito como el que existía, la orden de servicio que se hizo llegar a las unidades intervinientes estableciese como "bajo" el nivel de ejecución, que es el que se establece, por ejemplo, en función de la envergadura del acontecimiento o de los posibles riesgos existentes. En concreto, las que estuvieron presentes en la manifestación fueron Centro Norte y Centro Sur. Y destinaron para ello 24 efectivos: un subinspector, dos oficiales y 21 agentes.

Junto con la Local, en la manifestación estuvo presente el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, fueron ellos los que asumieron el dispositivo. Una intervención que acabó con la incautación de cinco palos, bengalas y hasta un puño americano, lo que implicó una sanción de 800 euros a sus portadores, según reflejaba la Brigada Policial de Información en un informe que remitió al Ministerio Público en el marco de las diligencias que abrió de oficio tras la marcha.

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