Ejercer la acusación contra el hermano de Ayuso cuesta más caro que hacerlo contra el presidente del Gobierno
![Imagen de recurso de la fachada del Tribunal Supremo.](https://static.infolibre.es/clip/12be7a68-3b14-4bc2-aef6-0af73fefbdc6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Ejercer la acusación popular contra el hermano de la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, sale más caro que hacerlo contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La afirmación se sustenta en cifras: 16.000 euros es lo que exige un juez de Madrid al denunciante del primer caso, la Asociación Libre de Abogados (ALA), para actuar como acusadores contra Tomás Díaz Ayuso y otros supuestos involucrados en un delito de alzamiento de bienes en el caso Avalmadrid; y 12.000 euros es en cuánto estableció el Tribunal Supremo la fianza para que el fantasmal y efímero Partido Laócrata pudiera mantenerse como acusador por prevaricación contra el presidente del Gobierno y quien hasta marzo de 2021 fue vicepresidente segundo.
Tras formular aquella querella en marzo de 2020, que armó un importante ruido mediático y quedó en nada un año después, el Partido Laócrata no pagó ni un euro de fianza, desapareció luego del mapa y se disolvió oficialmente hace dos semanas, según su máximo dirigente. La Asociación Libre de Abogados (ALA) sigue en cambio en activo, buscando cómo pagar los 16.000 euros y cómo reactivar la investigación sobre cómo los padres de la presidenta de Madrid esquivaron un embargo donando el patrimonio inmobiliario a sus dos hijos.
En su querella contra Sánchez e Iglesias, el Partido Laócrata, que en marzo de 2020 lanzó un crowdfunding tras anunciar que así financiaría su presencia en aquella acción judicial, sostenía que los dos miembros del Gobierno habían prevaricado. ¿Cuándo y por qué? Al incorporar al vicepresidente y entonces líder de Podemos a la comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un decreto que, según los laócratas, vulneraba la ley. El 17 de junio de 2021, el Supremo inadmitió la querella porque los laócratas no habían abonado los 12.000 euros de fianza. Un mes antes y tras un recurso distinto, este formulado por Vox, el Tribunal Constitucional había anulado el nombramiento de Iglesias. El tribunal de garantías dictaminó que no cabía aprobar su designación mediante la vía rápida del decreto.
Con un escenario por completo ajeno al relatado en el párrafo anterior, la asociación ALA había presentado en diciembre de 2021 una querella ahora pendiente de recurso y cuyo contenido se resume así: que, como destapó infoLibre, el hermano de Díaz Ayuso, su madre y personal de la empresa semipública Avalmadrid habían incurrido en un delito de alzamiento de bienes. ¿Por qué ese delito? Porque los progenitores de Isabel y Tomás Díaz Ayuso les habían donado a ambos el patrimonio inmobiliario de la pareja. Y al efectuar tal donación en vida se libraron de un embargo por el impago de un crédito de 400.000 euros. Concedido a una sociedad en la que participaban los padres de la hoy presidenta regional, MC Infortécnica SL, el préstamo gozaba del respaldo de Avalmadrid. En febrero de este año, un informe de Avalmadrid cifraba en 311.000 euros lo que MC Infortécnica SL seguía adeudando por aquel préstamo.
Aquella cesión de dos inmuebles que conjuró el peligro de embargo -la dirigente del PP madrileño recibió un piso en el caro barrio madrileño de Chamberí - se produjo el 7 de octubre de 2011. Y el juez concluyó que el delito había prescrito exactamente a los 10 años: el 7 de octubre de 2021. ALA interpuso la querella el 22 de diciembre. Pero, como se detalla más adelante, no cree que el delito hubiese prescrito en aquella fecha.
De la denuncia de la asociación por el truco que impidió los embargos quedó fuera la presidenta de Madrid. El motivo fue que tras una querella previa el Supremo había concluido en noviembre de 2021 que la líder conservadora, aforada ante el alto tribunal, nada sabía de ninguna maniobra para sortear el embargo de inmuebles ni conocía la situación económica de la empresa que había obtenido los 400.000 euros de préstamo. Y bajo esa premisa inadmitió la querella, también de ALA. La existencia de distintos correos electrónicos que Isabel Díaz Ayuso intercambió con un alto cargo de Avalmadrid no contó en la decisión del alto tribunal.
Fue tras el carpetazo a aquella querella ante el Supremo, que ni siquiera llegó a admitirse a trámite, cuando la asociación de abogados presentó la segunda. Dada la ausencia de la jefa del Ejecutivo regional entre los querellados, esta recayó en un juzgado madrileño de instrucción: el 33. A los nueve meses, el magistrado decidió que tampoco esta debía admitirse a trámite. ¿Por qué? Porque los hechos -adujo- habían prescrito. ALA recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid bajo el argumento de que en su auto de inadmisión, fechado el 18 de julio de este año, el magistrado ignoró una normativa específica: la que detuvo el reloj judicial de 2020 para evitar que el parón causado por la pandemia contase a efectos de la prescripción de delitos y actuara por tanto en favor de los denunciados.
Es ante el recurso de ALA contra la inadmisión de su querella que la Audiencia ha devuelto la causa al juez del 33. ¿Para qué? Para que señale cuánto ha de pagar la asociación como acusación popular antes de que se resuelva el recurso destinado a reactivar la querella. Devuelta así al juzgado, el titular de instrucción 33 de Madrid estableció el 14 de diciembre que ALA había de pagar nada menos que 16.000 euros para ejercer la acusación, aun cuando la querella continúa de momento muerta: a menos que la Audiencia la resucite.
Al conocer la cifra, la asociación pidió que, siguiendo la pauta establecida en otros casos, se la eximiera de fianza o, al menos, se redujese su importe. Pero tan solo una semana más tarde, el juez dictó un auto el pasado día 21. Y rechazó tal solicitud: la fianza se quedaba en 16.000 euros sí o sí.
Además de los vinculados a ALA, otros juristas consultados por infoLibre coinciden en que 16.000 euros constituye una cuantía desorbitada dado el canon habitual, máxime para una asociación pequeña con menos de 200 asociados. En apoyo de su análisis acuden a otros ejemplos que ha podido confirmar este medio. “Lo normal es requerir fianza -asegura uno de los juristas sondeados, que pide mantenerse en el anonimato- pero no tan alta como esta”. La misma fuente aporta un caso que incluye en la categoría de lo inusual: el de Bankia, donde alcanzó los 20.000 euros.
En el cajón de los casos baratos, se sitúa la que por su envergadura ha zarandeado al PSOE andaluz como un auténtico terremoto: el de los ERE. Aquí, la fianza impuesta por el Supremo al PP en 2015 para ejercer la acusación popular fue de 3.000 euros. En el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, IU, que ejerció la acusación popular, solo hubo de abonar 1.000 euros, según fuentes cercanas a la formación.
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El Partido Laócrata, que denunció a Sánchez e Iglesias, anunció el día 14 su disolución al registro de formaciones políticas, según el abogado sevillano Sergio Cebolla, que lo fundó en 2018. Su web ya no está activa y no es posible encontrar ningún teléfono de la formación.
En conversación telefónica con este medio, Cebolla confirma que su formación lanzó un crowdfunding para recaudar fondos para la fianza. "Y pusimos -asegura- a disposición del Supremo la información" sobre el importe obtenido. "Pero no pagamos la fianza porque no teníamos suficiente", añadió. A la pregunta de cuánto dinero lograron los laócratas a través de donaciones de ciudadanos interesados en la querella, Cebolla dijo no recordarla. Y que todo se destinó a pagar a la procuradora.
En su breve paso por la política, el Partido Laócrata figura como artífice de otra querella de relumbrón con miembros del Gobierno en la diana: la formulada en febrero de 2020 contra el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por entrevistarse con la número dos del régimen chavista, Delcy Rodríguez. El caso Delcy quedó en nada desde el punto de vista penal. Ábalos pasó a un segundo o tercer plano de la escena política. En este caso, Cebolla y sus compañeros de partido volvieron a recaudar fondos -otro crowdfunding- a través de una cuenta bancaria que algunos medios de comunicación difundieron entre sus lectores.