Tres días después de las elecciones y con un panorama incierto al exigirle Corinna Larsen 146 millones ante los tribunales británicos por el acoso que asegura haber sufrido, Juan Carlos I pisó tierra en España este miércoles por tercera vez en dos años. Como en las anteriores ocasiones –mayo 2022 y el pasado mes de abril–, el objetivo oficial del monarca emérito vuelve a ser recreativo: regatas en Sanxenxo (Pontevedra) el fin de semana, preparatorias del campeonato del mundo que a finales de agosto se celebrará en la isla británica de Wight y en las que, según distintas informaciones, planea participar. El barco será el de siempre: el Bribón.
De momento, no hay el menor viso de que, como reclamó este martes la líder de Sumar y vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, el continuador de la saga borbónica tras la dictadura franquista vaya a dar alguna explicación sobre el origen de una fortuna oculta. Es decir, la suya, multimillonaria, gratis a efectos penales y que derivó en un supuesto aunque mayúsculo fraude tributario de cuyo castigo está exento pero al que un informe del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya puso cifras hace un año para el periodo 2008-2012: entre 30,78 y 56 millones de euros.
En aquel informe, la Fiscalía subrayó que no había encontrado pruebas de que los 65 millones recibidos de Arabia Saudí fuesen una mordida por sus gestiones para el AVE a la Meca. Debía considerarse, por tanto, solo como un “regalo” destinado al emérito y para cuya recepción utilizó la Fundación Lucum, creada en Panamá, durante lustros conceptuado como paraíso fiscal.
Los números de la Fiscalía y la inmunidad absoluta del rey
Cuando el 8 de agosto de 2008, la Fundación Lucum abrió una cuenta en el banco suizo Mirabeaud –así lo relata la Fiscalía– en el apartado del informe de apertura correspondiente a la “descripción detallada del origen del patrimonio y de los ingresos”, se anotó lo siguiente: “importe enviado por el rey ABDALLAH de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”.
El “regalo” –prosigue el informe de Anticorrupción– procedía “del Ministerio de Hacienda del Reino de Arabia Saudí por importe de 100.000.000 dólares estadounidenses, previa su conversión a 64.884.405 euros”.
La inmunidad absoluta –y por tanto impunidad– de la que disponía como jefe del Estado hasta su abdicación el 18 de junio de 2014 ha desmoronado los números del fraude fiscal como un azucarillo amargo que al menos para una amplia parte de la población ha dinamitado la imagen de un rey al que ni siquiera afectaron los manejos de Iñaki Urdangarin. Y ello pese a que distintos correos que su hoy antiguo yerno cruzó con Corinna Larsen indicaban que el rey estaba al tanto de los negocios del Instituto Nóos con distintas administraciones, básicamente el Gobierno de Baleares y el de Valencia, ambos entonces en manos del PP al igual que vuelven a estar ahora.
Explicaciones pendientes
Todos somos Hacienda (menos el emérito)
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Tras circular a comienzos de verano la versión –luego desmentida– de que si el PP se hacía con el Gobierno tras las elecciones del domingo el emérito abandonaría los Emiratos, donde se instaló en agosto de 2020, para regresar al país del que fue jefe de Estado durante cuatro décadas y del que salió catapultado por un escándalo que mitigó la pandemia de covid, la pregunta vuelve a flotar: ¿logrará en algún momento la Casa Real que Juan Carlos de Borbón aporte datos sobre por qué recibió al menos 65 millones de Arabia Saudí, aquellos que mantuvo ocultos en Suiza y que finalmente cedió “de manera irrevocable” en 2012 a su entonces todavía amante, Corinna Larsen, al descubrirse el pastel de la cacería de elefantes en Botsuana mientras España braceaba contra una descomunal crisis económica? ¿Se conocerá también en algún momento el porqué del “regalo” de 1,6 millones de euros del rey de Bahréin que en abril de 2010 Juan Carlos I entregó en billetes a su gestor suizo, Arturo Fasana? ¿O por qué desde el Banco Nacional de Kuwait y desde Bahréin se transfirieron en dos tandas un total de 6,1 millones de euros a las cuentas que Corinna Larsen poseía en el mismo banco que quien durante un decenio había sido su amante? [ver Despiece al final de este texto]
Aun con todo, y como publicó El Mundo, antes de acudir el 22 de mayo de 2022 a la Zarzuela, el emérito trasladó a sus amigos de Sanxenxo un mensaje: que había venido “a normalizarlo todo”. Lejos de ello, pronunció una frase con la que la Casa Real se dio de bruces. Ocurrió cuando los periodistas le preguntaron si le iba a facilitar a su hijo algún tipo de explicaciones: “¿Explicaciones de qué?”, fue su respuesta.
Este miércoles, una vez aterrizó en el aeropuerto de Vigo rozando las tres de la tarde, Juan Carlos I subió al coche que había de transportarle a casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo, saludó a los periodistas y guardó silencio.
La demanda de Corinna Larsen
Salvo un imprevisible viraje, todo indica que la única amenaza a Juan Carlos I se localiza en Londres. En la vista que el pasado 18 de julio celebró el tribunal que tramita la demanda de Corinna Larsen, los abogados del emérito solicitaron a los jueces que tumben la reclamación de 146 millones.
Como informó la agencia Europa Press, uno de los principales argumentos de la defensa es que los tribunales de Reino Unido no son los competentes para conocer de esta demanda. Los letrados se basan en el artículo 4 de la regulación de la Unión Europea (UE) sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país. En este caso, creen que debe ser España.
A ello, el equipo jurídico del rey emérito añade que "la cuestión clave es si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido es el lugar donde se produjo el presunto 'evento dañino' o el 'daño directo'", algo que sostienen que la representación legal de Larsen no ha demostrado, siendo a esa parte aducen– a quien corresponde la carga de la prueba.
Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que el objetivo de esta vista de cuatro días que arrancó el martes 18 de julio es abordar las cuestiones preliminares que quedaron pendientes hasta que se resolviera el alcance de la inmunidad del antiguo monarca.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que Don Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como rey de España, en 2014.
Esta decisión judicial implica que la demanda de Larsen, que sitúa el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020, solo podrá seguir su curso ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014.
La empresaria relata en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con Larsen.
Reclama al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.
La inmunidad reconocida al ex jefe de Estado implica que el grueso de la demanda presentada en 2020 por Larsen no será analizada por la Justicia británica, ya que es en esos primeros años, del 2012 al 2014 donde la empresaria coloca los hechos que revestirían mayor gravedad, entre ellos la visita que habría recibido en Londres del entonces jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y el registro de su apartamento en Mónaco.
En el periodo temporal que sí podrán abordar los jueces británicos, Larsen asegura que en 2015 recibió un correo de su ex marido en el que decía que debía devolver el dinero que tenía de Juan Carlos I. Ese mismo año, dice haber recibido comentarios por parte de terceros que afirmaban que ella había robado dinero y bienes al rey emérito.
"Estas declaraciones falsas tenían la intención del demandado de causar daño a la demandante, a su reputación e intereses comerciales y, de hecho, lo hizo", señala el documento.
Larsen narra también presuntos seguimientos de los que dice haber sido víctima entre 2015 y 2020 por parte de terceras personas que, a su juicio, estarían vinculadas al antiguo monarca.
Entre otras cuestiones, la empresaria destaca que el 11 de noviembre de 2020 un hombre de apariencia mediterránea apareció frente a ella en plena calle en Londres y le dijo: "Hi, hola, you must stop" (Hola, debes parar).