"Oían mi acento y ya estaba alquilada": medio centenar de ONG, contra la discriminación inmobiliaria

Redouani Mehdi conoce perfectamente lo pedregoso que se vuelve el camino cuando se intenta alquilar una vivienda con un nombre o un acento como el suyo. Le ocurrió varias veces en Barcelona, ciudad que, de hecho, ha abandonado para poder olvidarlo. La situación se repetía una y otra vez: llamaba interesado por un anuncio concreto y, cuando le escuchaban, la actitud cambiaba. "Me decían que la casa ya no estaba disponible o prometían llamarme y luego nunca lo hacían", recuerda. Odiaba buscar piso. Le hacía sentir "rabia, frustración". Le impedía trabajar bien. Ingeniero informático y con contrato indefinido, la única barrera que se interponía entre él y la vivienda era su origen. Y lo peor es que "no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad muy dura".

Una realidad que también ha sufrido, por ejemplo, Raquel, que pidió a infoLibre mantener el anonimato a la hora de contar que, junto a su marido y sus dos hijos —uno de 13 y otro de 23 años—, está a punto de ser desahuciada porque los 470 euros que ahora pagan por una habitación en el madrileño barrio de La Latina se convertirán, a partir de junio, en 750. O la de Hamid, un marroquí de 48 años que relató en primera persona a Provivienda las continuas puertas que le han cerrado a la hora de buscar dónde vivir. "Rechazo casi total, casi de todas las inmobiliarias. Menos de una o dos de las veinte que he mirado", lamentó.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para un porcentaje que ya roza el 30% de los españoles, según el último barómetro del CIS correspondiente al mes de abril. Pero es que en el caso de las personas migrantes el problema todavía se agrava más. Un informe del Ministerio de Igualdad reveló que el 72,6% de las personas migrantes que realizaron cualquier gestión relacionada con la vivienda durante 2024 se sintió discriminada. Y todo por su origen racial o étnico. Por nada más.

El dato ha sido una de las semillas que consiguió que hasta seis organizaciones se unieran para decir basta. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda, Red Acoge, la Asociación Rumiñahui y la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña han elaborado una Proposición No de Ley que este miércoles Sumar presentará ante el Congreso de los Diputados, donde recibirá el apoyo, aseguran, de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, pero que también cuenta con el respaldo de 50 organizaciones de la sociedad civil. "Si ya de por sí las inmobiliarias ejercen prácticas abusivas, a esto se suma el racismo que se ejerce sobre las personas migrantes a la hora de buscar un alquiler", señalan desde el grupo parlamentario Sumar.

"Nos unimos para abordar la problemática desde el punto de vista de las organizaciones de migrantes, que son quienes lo sufren, desde el punto de vista del acceso a la vivienda y desde el punto de vista del consumo, porque quienes discriminan son las propias inmobiliarias", explica desde el otro lado del teléfono Eloy Gutiérrez, representante de CECU. Lo peor, además, es que sucede cada vez de forma más extendida. Según los datos que maneja Provivienda, en 2020 el 72,5% de esas empresas admitían prácticas discriminatorias; hoy lo hace el 99%. ¿Por qué? Por motivos sociales y políticos por un lado y por el contexto económico del mercado de la vivienda por el otro. "Se ha enarbolado el discurso de que las personas migrantes y refugiadas pueden llevar a situaciones de conflicto y, además, hay muchos propietarios que siguen pensando que las personas españolas ofrecen más seguridad a la hora de pagar", lamenta Gutiérrez. 

Estreotipos, menos oferta y segregación

Es sobre ese imaginario colectivo sobre el que se construye uno de los principales métodos de discriminación en el acceso a la vivienda. Así lo explican siempre quienes lo sufren y también quienes lo han estudiado. No importaba que Redouani tuviera contrato indefinido. Ni años de experiencia como ingeniero informático. Ni varias nóminas. "Frente a la igualdad de condiciones socioeconómicas en la solicitud de una vivienda, a las personas migrantes se les presupone una mayor vulnerabilidad, precariedad y desprotección frente al sistema de provisión residencial", señaló Provivienda en su informe ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda. Elena Martínez, responsable de investigación y evaluación de la ONG, fue la que coordinó el estudio. "La presión actual del mercado del alquiler busca lo que se considera un buen inquilino y en esa tarea entran en juego los estereotipos. Una persona migrante, aunque tenga exactamente la misma situación económica, se va a considerar más problemática", lamenta.

La medida paliativa es solicitar más requisitos, aunque en los casos más extremos se opta incluso por una acotación de la oferta. Así, según explica Martínez, la inmobiliaria responde que la casa ya no está disponible en el 47% de los casos en los que la consulta la hace una persona extranjera y en el 31% de los casos en los que la realiza un español. "Cuando se piden alternativas, además, a las personas migrantes se les ofrecen como mucho dos, pero a las españolas pueden ser incluso cuatro", señala la experta.

Ahora bien: no sólo es cantidad, sino también calidad. Es decir, a las primeras se les suele exponer un mercado con peores viviendas o con casas situadas en zonas muy determinadas de las ciudades. ¿El resultado? Apuntalar una segregación que ya existe y que afecta, según las cifras del Ministerio de Igualdad, a hasta un 18,3% de las personas migrantes que viven en barrios donde la mayoría son personas de grupos étnicos minoritarios. "Lo que hemos comprobado es que a la población extranjera se le ofrece vivienda donde ya hay una alta concentración de población extranjera", lamenta Martínez.

Aplicar la ley y sancionar

Las organizaciones que han elaborado la PNL son claras: todas estas cifras vulneran varias leyes. El artículo 14 de la Constitución, el 20 de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el 6 de la ley de vivienda o el 23 de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. "Es decir, existe un mandato claro para las administraciones públicas competentes, requiriendo a estas que garanticen la protección y prevención de situaciones discriminatorias en el ámbito del acceso y disfrute a la vivienda", exponen en el texto que registrarán este miércoles en la Cámara Baja. Lo primero, por tanto, es hacer que esto se cumpla.

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¿Cómo? Las organizaciones solicitaban, por ejemplo y en primer lugar, que se creara y dotara de recursos a una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, un organismo cuya actividad ha sido aprobada precisamente este martes por el Consejo de Ministros, que propuso también a María Teresa Verdugo Moreno como presidenta.

Por otro lado, también instan a que se incorporen medidas inclusivas y financiación suficiente para garantizar un acceso equitativo a la vivienda en el Plan Estatal 2026-2019, además de regular los requisitos máximos y la documentación necesaria para acceder a una vivienda. Apuntan también a la creación de bolsas de alquiler asequible, a elaborar campañas de información sobre los derechos de los arrendatarios y a incrementar los recursos para ejercer la vigilancia efectiva del mercado inmobiliario y la labor sancionadora, que debe ir acompañada del fomento de la recopilación de datos sobre la discriminación y de procedimientos "accesibles, efectivos y seguros" para facilitar las denuncias que hasta ahora, lamenta Gutiérrez, no se producen.

"No es que ahora mismo no haya procedimientos legales, sino que las personas migrantes no hacen uso de ellas. Bien por desconocimiento, bien porque no se sienten seguros", lamenta el representante de CECU. Redouane lo hizo, pero reconoce que no es un paso que todo el mundo quiera dar. "Muchos migrantes vienen para trabajar y buscarse la vida y eso no les deja ni margen ni facilidades para actuar contra estas prácticas", lamenta, desde el otro lado del teléfono. El diagnóstico está claro: "Hay una brecha entre la situación de discriminación y la vigilancia y las sanciones a quienes las realizan", señala Gutiérrez. Cerrarla, o estrecharla lo máximo posible, es tarea de las instituciones.