Crisis migratoria
España gastó más de 22.000 euros diarios en instalar y mantener vallas entre 2005 y 2013
Amnistía Internacionan denunció este martes las consecuencias del cierre de fronteras para los miles de refugiados que tratan de llegar a territorio europeo. A través de un informe titulado Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas, la organización informa sobre el gasto de España y otros países europeos en imponer vallas fronterizas que "empujan a la gente a emprender viajes por mar que pueden costarles la vida".
El Gobierno español gastó un total de 120 millones de euros en el fondo para las Fronteras Exteriores entre los años 2007 y 2010, de los que más de 44 millones fueron destinados al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Sólo en el 2005 cerca de 40 millones se emplearon para reparar y reforzar las vallas. Por otro lado, el número de personas que llegaron a territorio español en el año 2014 fue de 296, lo que refleja un drástico descenso comparado con los 12.478 llegados en 2007.
El gasto dedicado a la construcción de vallas en las fronteras exteriores alcanza los 175 millones de euros en el seno de los Estados miembros de la UE, que en total han construido más de 235 km de vallas.
La organización reclama a la UE un replanteamiento urgente de los métodos necesarios para "garantizar un acceso seguro y legal en sus fronteras terrestres exteriores", y propone un incremento de medidas como "el reasentamiento y la reunificación familiar, así como la expedición de visados por razones humanitarias".
Devoluciones en caliente
Amnistía Internacional denuncia asimismo prácticas habituales que violan los derechos humanos de los refugiados, quienes ilustraron su situación mediante el relato de sus experiencias. Personas que intentaron cruzar las fronteras de Grecia, Bulgaria y España aseguraron a la organización que "las autoridades fronterizas les habían devuelto en la propia frontera sin permitirles a acceder a procedimientos de solicitud de asilo ni darles la oportunidad de impugnar su devolución".
"Nos llevaron a la orilla del río y nos ordenaron ponernos de rodillas", relata uno de los refugiados proveniente de Siria. "Uno de los agentes me golpeó en la espalda, [...] y me golpeó en las piernas y en la cabeza con un palo de madera. Nos acercaron más al río y nos dijeron que estuviéramos callados y no nos moviéramos. A un compañero y a mí nos apartaron del grupo y empezaron a darnos puñetazos y patadas mientras yacíamos en el suelo. Me agarraron por el pelo y empezaron a empujarme hacia el río".
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En España el Gobierno autorizó en marzo de este año las devoluciones en caliente utilizadas por la Guardia Civil en Ceuta y Melilla, y las investigaciones realizadas por Amnistía han constatado cómo las devoluciones también se han convertido en práctica habitual en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, del mismo modo que ocurre en en Bulgaria.
"Donde hay vallas, hay abusos contra los derechos humanos. Las devoluciones ilegales en la frontera de solicitantes de asilo sin el debido procedimiento se han convertido en una característica intrínseca de cualquier frontera exterior de la UE situada en las grandes rutas migratorias, y nadie hace demasiado para ponerles fin", señaló John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. "Regular la entrada a la UE, es una cosa y negársela a todas las personas refugiadas, otra muy distinta. Lo primero es sensato y legítimo, mientras que lo segundo es inhumano e ilegal, y debe acabar", añadió.
La organización en pro de los derechos humanos remata el comunicado exponiendo una serie de recomendaciones a la UE, que se centran en la apertura de "rutas seguras y legales", así como la garantía del acceso "al territorio y el asilo en las fronteras, el fin de las devoluciones y otras violaciones de derechos humanos", el incremento de la "capacidad de recepción y ayuda humanitaria a corto plazo", y la ampliación y primacía de su programa de reubicación para los demandantes de asilo.