Sus dictámenes no son obligatorios. Tampoco puede imponer sanciones, algo que corresponde exclusivamente a los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial. Pero las resoluciones de la comisión de ética del órgano de gobierno de los jueces tienen una especial trascendencia en comportamientos excéntricos y extravagantes de los jueces y magistrados que, cada vez con más frecuencia, generan perplejidad en amplios sectores de la población. Posicionamientos políticos –casi siempre de derechas–, faltas de respeto a autoridades o participación en foros, debates y cursos que pueden afectar a la apariencia de imparcialidad que deben guardar pero que no son castigados –porque se dan en un proceso concreto, en el que el Consejo tiene vedado el acceso, o a por puro corporativismo–, sí son abordados desde este órgano deontológico que responde a las dudas de los miembros de la judicatura.
Esa especial trascendencia de sus dictámenes se debe a dos factores. El primero, que la comisión de ética es el único órgano del Consejo no formado por vocales, sino por jueces y magistrados elegidos directamente por sus compañeros que, a su vez, eligen a un catedrático especialista en Filosofía del Derecho, Ética o Filosofía Moral. También porque su encargo es aplicar los Principios de Ética Judicial, un conjunto de valores y reglas de conducta que, entre otras finalidades, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento que los jueces se comprometen a cumplir. Esos principios, además, se basan en textos aprobados en organizaciones internacionales de las que España forma parte, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que velan por los estándares democráticos de sus Estados miembros con sus recomendaciones.
Potenciar la comisión de ética es una de las propuestas que jueces y exvocales consultados por infoLibre proponen para abordar los excesos de los jueces que no pueden o no quieren sancionarse. El Gobierno ha recogido la iniciativa y ha incluido en una de sus reformas judiciales en curso su regulación en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y su ampliación “por su labor fundamental tanto en la interpretación tanto de los principios de independencia, imparcialidad e integridad”, como en valores como “la cortesía, la diligencia y la transparencia”. “La confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en nuestra sociedad”, explica la exposición de motivos de la reforma, incluida en el proyecto que democratizará el acceso a la carrera judicial y fiscal, ya en el Congreso.
De sus siete miembros actuales, la comisión pasará a tener nueve, cuatro de los cuales serán catedráticos relacionados con la Ética. Dos serán elegidos por el Congreso y otros dos por el Senado. El objeto es dar entrada en el órgano, además de a la visión corporativa que otorgan sus miembros judiciales (que serán elegidos directamente por sus compañeros, como hasta ahora), al pluralismo político de la sociedad española que refleja la composición de ambas Cámaras.
Desde que echara a andar en 2018, la comisión de ética ha elaborado pronunciamientos de especial relevancia social sobre el comportamiento de nuestros jueces y magistrados. Pese a su falta de obligatoriedad y escaso eco en medios de comunicación, sus dictámenes han sido especialmente valiosos para evaluar, conforme a principios reconocidos en las democracias más avanzadas del mundo, conductas como la participación de tres de los magistrados que condenaron al fiscal general del Estado en cursos organizados por el colegio de abogados de Madrid, que era parte acusadora en ese proceso; o la intervención de la jueza decana de Madrid y presidenta de la asociación judicial con mayor número de asociados (la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) en un acto del PP, entre otros. Estos son algunos de sus informes más destacados:
Jueces en actos políticos
El pasado 10 de febrero, la jueza decana de Madrid y presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, participó en el Congreso de los Diputados en un acto organizado por el PP inaugurado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y cerrado por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. El encuentro, titulado Contra la impunidad, contó con Del Barco que cargó contra las reformas judiciales planteadas por el Gobierno y el PSOE. Lo hizo pese a que la comisión de ética del Consejo estableció en 2023 que el hecho de que los jueces participen en actos políticos, “aun en su condición de ciudadanos”, afecta a su “apariencia de independencia, integridad e imparcialidad".
A lo largo del año otros magistrados han participado en encuentros y jornadas muy marcados ideológicamente. Como el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo Antonio García Martínez, que intervinieron en sendos actos de Neos, la fundación ultracatólica del exministro del PP Jaime Mayor Oreja. El magistrado más tuitero de la Audiencia de Madrid, Luis Sanz (@MagistraThor) acudió al acto fundacional del think tank Atenea, impulsado por el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y con vocación de buscar criterios y contenidos políticos comunes para todas las formaciones de derechas.
En uno de sus dictámenes, aprobado en septiembre de 2023, la comisión de ética judicial desaconsejó a los jueces acudir a “mítines políticos” porque constituyen “un acto de propaganda y marketing que los partidos utilizan para difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar estrategias de campaña electoral”. La asistencia a estos actos, según los miembros de la comisión, “identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”.
“La presencia de un juez o magistrado, aún en su condición de ciudadano, en un mitin, como acto de partido político, implica un riesgo evidente de que pueda ser identificado como tal” añadía el documento, y lleva “a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política” que contiene el Código de Ética Judicial. La presencia de un juez en un acto de este tipo, prosigue el dictamen, “contribuye a la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales".
La condena al fiscal general y la imparcialidad
Fue justo después de que terminara el juicio del año, el que acabó con la condena e inhabilitación del anterior fiscal general del Estado. Tres de los magistrados que apoyaron esa condena –el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo– participaron en un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Esta última entidad fue la primera en denunciar a la Fiscalía en el caso y actuó como acusación popular contra su máximo responsable durante toda la instrucción y el posterior juicio en el Supremo.
La cercanía a las acusaciones tocó especialmente a Del Moral, que además fue presidente de la comisión de ética del Consejo entre 2022 y 2024. Tras el juicio se conoció que el magistrado había codirigido la tesis de Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, la acusación particular contra Álvaro García Ortiz. También la de Álvaro Bernad, uno de los abogados del equipo de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la acusación popular que reclamó la pena más alta: seis años de cárcel.
La comisión de ética no se opone a la participación de los jueces en actividades docentes, una de las pocas que pueden compatibilizar con su función. Pero lleva años avisando de que la participación en cursos, seminarios, mesas redondas y otros actos formativos puede comprometer la apariencia de imparcialidad, una garantía fundamental del proceso que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede conllevar la anulación de una condena, aunque no coincida con una causa concreta de abstención o recusación.
“La imparcialidad afecta directamente a los vínculos que pudiera tener el juez con las partes y con el objeto de la decisión”, afirmó en uno de sus dictámenes la comisión de ética en 2019. “No puede desconocerse que la apariencia de imparcialidad puede verse afectada por la relación y trato que se tenga con los profesionales que intervienen en el proceso”, añadía. El dictamen concluía que el juez "debe comprobar si puede verse afectado por un prejuicio o predisposición originado por la intervención del director del departamento y, en caso afirmativo, tratar de superarlo para evitar que tanto en la tramitación del procedimiento como la dirección del juicio y la consiguiente decisión se vean influenciadas por aquel". Sobre el nombramiento de administradores concursales –que cobran por su labor–, la comisión advertía de que "puede poner en riesgo la apariencia de imparcialidad e integridad".
La comisión también tuvo ocasión de analizar un caso prácticamente idéntico al de los tres magistrados del Supremo, el de un juez que había participado en cursos de seguridad vial y formaciones para la policía local de un municipio a cuya alcaldesa debía juzgar. El organismo concluyó que resultaba evidente que la participación en esos seminarios conculcaba “el principio de imparcialidad que ha de presidir la actuación de juez”. “Aunque aquella vinculación [con el Ayuntamiento] no fuera directa sí lo es al menos indirecta, toda vez que la policía local depende orgánicamente del Ayuntamiento”, afirmaba. "Daña la confianza en la justicia", afirmó de manera rotunda el dictamen.
¿Puede un juez militar en Abogados Cristianos?
Sus denuncias y querellas suelen tener muy poco recorrido, pero generan gran ruido mediático. Nada más terminar las campanadas de 2025, Abogados Cristianos denunció junto a Hazte Oír a David Broncano y Lalachús por mostrar durante el programa de esa noche una estampita como las de los santos o las vírgenes pero con la vaquilla del Grand Prix. También han actuado contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de La Mercè o contra presentadores de TV3 por una parodia sobre la Virgen del Rocío. También contra el humorista Héctor de Miguel, Quequé, por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de Cuelgamuros.
En marzo de 2023, la comisión de ética del Consejo analizó la consulta de un juez que quiso formar parte de esa asociación ultracatólica. “Me planteo la idea de pertenecer a dicha asociación en ejercicio de mi libertad ideológica y de expresión, defendiendo los principios cristianos desde el mundo del derecho y dar opiniones al respecto sobre las leyes y el derecho natural”, explicaba el magistrado. “Solicito a la comisión que estudie este caso, si se verá afectada mi independencia judicial por el mero hecho de pertenecer a una asociación privada de ideas religiosas cristianas. ¿Es correcto y posible como juez pertenecer a tal asociación?”, preguntaba.
La respuesta de la comisión fue la obvia: que “es desaconsejable desde un punto de vista ético la pertenencia del juez a una asociación entre cuyas actividades o fines figura en un papel significativo la litigación ante los tribunales (…) en tanto que puede dañar la percepción de imparcialidad del Poder Judicial por parte de la ciudadanía”. El dictamen añadía que los miembros de la judicatura deben “guardar equidistancia entre las partes y velar por salvaguardar la percepción de equidistancia” y, con su conducta, “tanto en el proceso como fuera de él, debe reafirmar la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la justicia”.
Sus dictámenes no son obligatorios. Tampoco puede imponer sanciones, algo que corresponde exclusivamente a los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial. Pero las resoluciones de la comisión de ética del órgano de gobierno de los jueces tienen una especial trascendencia en comportamientos excéntricos y extravagantes de los jueces y magistrados que, cada vez con más frecuencia, generan perplejidad en amplios sectores de la población. Posicionamientos políticos –casi siempre de derechas–, faltas de respeto a autoridades o participación en foros, debates y cursos que pueden afectar a la apariencia de imparcialidad que deben guardar pero que no son castigados –porque se dan en un proceso concreto, en el que el Consejo tiene vedado el acceso, o a por puro corporativismo–, sí son abordados desde este órgano deontológico que responde a las dudas de los miembros de la judicatura.