Un exconcejal del PP de Boadilla contradice a Panero y reconoce que viajó con Correa a EE UU

El exconcejal del PP de Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote reconoció al magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, que viajó a Miami (Estados Unidos) junto con el presunto cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, y el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, con la intención de llevar a cabo una inversión. Según esta declaración, al final la operación no se llevó a cabo, porque no lograron contactar con el socio.

Esta declaración de Galeote contradice la versión del exalcalde de Boadilla del Monte, quién después de negarse a declarar ante el juez, leyó un documento en el que rechazó que la persona conocida como Arturo González se trate de él mismo: "Hay un Arturo González en Miami, pero no soy yo", explicó el exregidor de Boadilla, identificado como El Albondiguilla por los miembros de la red corrupta.

Galeote fue el único de los cuatro citados a declarar como imputados el pasado martes por Ruz que respondió a las preguntas del juez y del resto de partes personadas en el procedimiento tras negarse a someterse a este trámite tanto González Panero como el exdiputado regional del PP Alfonso Bosch y el que fuera uno de los responsables de la empresa de vivienda de este municipio, Tomás Martín Morales, informa Europa Press.

Según los investigadores, tanto Galeote como González Panero habrían invertido parte de los fondos obtenidos junto a Correa y a Javier del Valle Petresfeldt ocultándose tras una sociedad mercantil gestionada por Luis de Miguel Pérez, Freetown Comercio y Servicios, ubicada en Madeira (Portugal).

Esta inversión se habría transferido posteriormente a una cuenta del HSBC en Ginebra, según datos remitidos recientemente por las autoridades helvéticas. Además, Anticorrupción apunta a que el excalcalde de Boadilla se habría valido de otras entidades para ocultar sus fondos ilícitos, manteniendo para ello otra cuenta en el HSBC de Ginebra a nombre de Longridge International SA en la que figuraría su entonces esposa, Elena Villarroya. Según la instrucción, El Albondiguilla habría utilizado esos fondos para invertir en bienes situados en Miami y MarruecosEl Albondiguilla.

Por su parte, González Panero volvió a negarse a declarar sobre las presuntas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama Gürtel que le imputa el juez Pablo Ruz, si bien entregó diversos documentos al magistrado durante su comparecencia en la Audiencia Nacional.

Gónzález Panero fue citado por primera vez hace cuatro años, cuando el instructor del caso era Baltasar Garzón. Tampoco en dicha ocasión quiso contestar a las preguntas del juez, como tampoco lo hizo ante el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

Prueba caligráfica

Según las mismas fuentes, la negativa a declarar responde al interés de la defensa de González Panero de esperar antes a que lleguen determinadas comisiones rogatorias remitidas al extranjero. Bosch y Martín Morales tampoco han prestado declaración, si bien el juez ha ordenado una prueba pericial caligráfica, señalaron fuentes presentes en la comparecencia.

A todos ellos se les imputan varios delitos: cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la Administración pública, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El instructor considera que existen indicios de que González Panero actuó para ocultar los regalos de la GürtelGürtel y al mismo tiempo deducirse esos gastos en sus declaraciones tributarias para lo que se valía de las facturas falsas que le procuraba la empresa vinculada a Gürtel Special Events. Los regalos y entregas de efectivo en su caso habrían ascendido a 637.000 euros.

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Según mantiene la Fiscalía Anticorrupción, al menos desde el año 2000 y hasta 2009, desde el entorno del cabecilla de la trama Francisco Correa, "se habrían entregado dádivas en forma de regalos –como viajes o artículos de joyería– o efectivo a funcionarios y autoridades con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública".

Indiciariamente el grupo de sociedades vinculadas a Correa, dedicadas a la organización de eventos –Special Events SL, Diseño Asimétrico, Good&Better SL y Servimadrid SL– habrían obtenido numerosos contratos vulnerando la normativa de contratación pública, por adjudicación directa o fraccionando los contratos para que no superaran la cuantía inferior a 12.020,24 euros.

El magistrado también sospecha de empresas de terceros que se habrían beneficiado igualmente de adjudicaciones a cambio de comisiones abonadas a los cargos públicos, en cuyo entorno habría intervenido igualmente Correa, Constructora Hispánica, EOC de obras y servicios, Teconsa y Sufi SA.