Comunitat Valenciana

Extrema derecha valenciana: caldo de cultivo y normalización del discurso violento

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, este jueves.

El pasado 9 de octubre la ultraderecha valenciana se organizó para salir a la calle. La fecha no es en absoluto anecdótica: lo hizo en el marco de la manifestación que se convoca cada año en València con el objetivo de celebrar el día nacional de la comunidad. El resultado se materializó en escenas de violencia contra periodistas y participantes en la marcha y, una semana después de las agresiones, en la detención de hasta trece de las personas que participaron en el ataque fascista. Pese a la condena generalizada por parte de la sociedad civil y todos los grupos parlamentarios valencianos a excepción del Partido Popular, la extrema derecha ha puesto el pie en el acelerador. La noche del miércoles un grupo de personas participó en un acto de acoso contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra (Compromís). Acudieron hasta la puerta de su domicilio cargados con rojigualdas, máscaras y una advertencia clara: sabemos donde vives y por tanto sabemos donde está tu familia. Así lo interpretaba la propia Mónica Oltra en declaraciones a los medios de comunicación. "Ha sido un intento de intimidación por parte de unos fascistas, personas que se creen con derecho a amenazar a otros porque no les gusta cómo piensan", señalaba, para subrayar a continuación su voluntad de presentar una denuncia a raíz de los hechos.

Tras ambos acontecimientos, el delegado del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, se pronunció asegurando que "no ha habido impunidad" en los ataques del 9-O y pidiendo "moderación, tranquilidad y templanza" a los representantes públicos en sus declaraciones al respecto. Sobre la vicepresidenta valenciana, Moragues expresó su repulsa al ataque este mismo jueves y aseguró que "los demócratas" deben "trabajar para orillar los extremismos y erradicar cualquier tipo de violencia o intimidación". Este diario ha intentado conocer con detalle qué tipo de trabajo se está desarrollando desde la Delegación del Gobierno para castigar y prevenir este tipo de actos violentos, pero fuentes de la institución se han limitado a las declaraciones públicas del delegado.

Ninguno de los detenidos tras las agresiones del 9 de octubre ha pasado a los juzgados, según ha señalado el alcalde de València, Joan Ribó. Interpelada al respecto, la Delegación del Gobierno tampoco ha confirmado esta información.

El periodista Miquel Ramos, presente en la manifestación y víctima de una de las agresiones, asegura en conversación con infoLibre que el delegado del Gobierno "estaba avisado de que iba a haber incidentes, y los hubo". Se pregunta, en este sentido, qué ha fallado y cómo ha podido pasar. A su entender la responsabilidad política "es evidente", y la clave de su inacción se basa en un incógnita: ¿beneficia a alguien que se den estas situaciones?

Vicent Moreno, presidente de Escola Valenciana, una de las plataformas que integran la Comissió 9 d'Octubre, entidad organizadora de la marcha, sostiene que "cualquier acción contraria a la libertad de expresión y a la democracia" supone un atentado contra el Estado de derecho. La manifestación, insiste, se desarrolló de forma "muy sencilla, democrática y respetable", mientras que "el otro sector no tenía el permiso correspondiente y no había convocado oficialmente" la protesta paralela. Moreno condena que la Policía Nacional no "actuara en consecuencia" durante los episodios violentos, y manifiesta que no tiene ningún sentido "que las personas identificadas y reconocidas no tengan un juicio asignado". 

No es la primera vez que la violencia fascista campa por la capital valenciana. La propia Mónica Oltra, de hecho, ya sufrió en el año 2011 un escrache durante la presentación de un libro, en el que miembros de España 2000 –también presente en el ataque de este miércoles– arremetían contra los ponentes al grito de "Tots a una, puta Cataluña".

Junto a España 2000 –que ha perdido tres de sus cuatro concejales en la comunidad quedándose con uno en Silla (València)–, otros grupos de extrema derecha resultan clave en el territorio: Grup d'Acció Valencianista (GAV) y Yomus, el grupo ultra del València CF. Los primeros son organizaciones tradicionales, con una "composición senil, sin ningún tipo de renovación generacional y que no se llevan bien entre ellos", explica en conversación con infoLibre Toni Gisbert, miembro de Acció Cultural del País Valencià. Sus miembros, continúa, se dividen entre españoles no regionalistas y valencianos puros. Yomus, por el contrario, se compone de "hooligans del fútbol, gente joven pero de ideología casi inexistente y que se mueve esencialmente en el contexto del estadio". Tal y como sostiene Gisbert, todos estos grupos "no tienen relación y no trabajan conjuntamente", pero sí lo hacen con motivo del 9 de octubre, por lo que "alguien se ha molestado en coordinarlos". El objetivo, a su juicio, atiende a motivos estratégicos: "Buscan proyección mediática e impacto social, pero también político".

Caldo de cultivo

La extrema derecha valenciana cuenta con un largo recorrido a sus espaldas. "Es como la crónica de una muerte anunciada". Habla Antoni Infante, coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir, también integrante de la Comissió 9 d'Octubre. "Al principio de la Transición y durante muchos años la extrema derecha, absolutamente realizada, contó con el visto bueno de las alcantarillas del Estado, con una enorme complicidad política de los partidos de la derecha y una enorme complicidad en el aparato judicial", explica el activista. El fruto de ello resulta evidente: "Durante mucho tiempo las agresiones quedaron impunes".

El relato coincide con el expuesto por Miquel Ramos, quien recuerda que "València desde la Transición fue escenario de violencia y coacción de la extrema derecha". Durante los años de transición a la democracia y posteriores, "hubo violencia extrema" de la mano de dos bandos: el "franquista tradicional" y el derivado de un "falso conflicto identitario que se creó a propósito de todo lo que tuviera que ver con el valencianismo". Se producen entonces episodios "muy graves" con agresiones e incidentes reiterados. Algunas de las heridas más severas tienen el rostro de Miquel Grau y Guillem Agulló, el primero militante del Moviment Comunista del País Valencià y el segundo activista y militante independentista. Grau fue asesinado en 1977 por el impacto de un ladrillo arrojado contra él mientras colgaba carteles de cara a la celebración del 9 d'Octubre de aquel año. Un único responsable fue condenado a doce años de cárcel, que se redujeron a la mitad debido a un indulto concedido por el Gobierno de Adolfo Suárez. Agulló, por su parte, perdió la vida en 1993 y el autor confeso de su asesinato, Pedro Cuevas, fue condenado a catorce años de cárcel, de los que sólo cumplió cuatro. Cuevas fue señalado una vez más en 2005, en el marco de la Operación Pánzer, responsable de incautar un arsenal de armas y municiones pertenecientes a la banda nazi Frente Antisistema (FAS). En 2007, el asesino confeso se presentó a las elecciones locales del ayuntamiento valenciano de Chiva, por Alianza Nacional. En ambos casos, la principal disputa judicial se generó debido a la discusión sobre las motivaciones políticas de los asesinatos.

Lejos de su extinción, los grupos fascistas se mantienen con la llegada del siglo XXI como una realidad profundamente enquistada. Durante la primera década incluso "se produjeron atentados con explosivos", algo que "no traspasaba las líneas de la prensa local", relata Miquel Ramos. Y lo más grave, añade, "es que nunca ha habido prácticamente detenciones ni investigaciones que tuvieran resultado". Los grupos de extrema derecha, agrega Antoni Infante, aunque comienzan entonces a "quedar muy mermados, nunca han desaparecido".

El perfil de las víctimas no se reduce a sectores independentistas o de izquierda, sino que "la violencia va dirigida contra todo aquello que según la extrema derecha es catalanista", añade Ramos, quien matiza que "todo lo que no sea su doctrina es catalanismo, y aquí entran profesores universitarios, asociaciones culturales, librerías o charlas y debates". Esta oposición violenta "no podría haber ido más allá sin la complicidad policial y judicial", sostiene Infante, que "ha permitido una especie de pátina de seguridad a movimientos profundamente violentos que ahora se organizan alrededor de peñas futbolísticas y otras entidades". Nunca, prosigue, "han tenido que pagar un coste político, policial o judicial", de modo que se encuentran "absolutamente envalentonados para sentirse propietarios de las ideas, del territorio y de la gente que habitamos el País Valencià".

La situación, que "hace pocos años se había relajado un poco", coge fuerzas ahora alrededor del conflicto catalán y la ultraderecha se encuentra "de alguna manera legitimada por los discursos oficiales". Han encontrado, analiza Ramos, "la excusa perfecta para ser ellos quienes encabecen la cruzada contra los que quieren romper la sagrada unidad de España".

El pretexto catalán

Coincide también Toni Gisbert en el uso de Cataluña como "excusa" para operar desde la violencia. "El conflicto en Cataluña ha sido la excusa movilizadora", señala. Después de décadas en el poder, el Partido Popular de la comunidad "cae e intenta repetir esa operación de acoso y derribo que desarrolló en la Transición". Al frente de dicha estrategia, Isabel Bonig, "línea dura" que con su actividad "normaliza el insulto, la mentira, un estilo muy grosero en las formas". Con esa lógica "intentan desde hace dos años jalear toda una serie de conflictos artificiales y mantienen cierta movilización, pero electoralmente la percepción mayoritaria es negativa", agrega Gisbert. Surge, entonces, el conflicto alrededor del proceso independentista catalán. "La oportunidad de Cataluña sirve para lanzar una gran cortina de humo sobre el hecho de que el PP valenciano no está presentando ningún tipo de proyecto", considera el activista, quien entiende que la nota diferencial "es que se juega con el miedo de la desestibilización estructural del Estado".

Antoni Infante entiende asimismo el asunto catalán como la "excusa" perfecta para generar conflicto. "Desde determinados sectores del Partido Popular, que hasta hace dos años controlaba la totalidad de las instituciones, se ha demostrado una cierta debilidad en este tema porque pensaron que les podía beneficiar electoralmente como lo hizo en la década de los ochenta y los noventa", apunta. 

Pero el resultado ha derivado en una oleada de agresiones que se mostró sin tapujos durante el 9 d'Octubre. Y también en otro tipo de violencia, más nociva si cabe, que se basa en la normalización de un discurso del odio capaz de pasar prácticamente desapercibido y mimetizarse con las dinámicas sociales y políticas.

Normalización de la violencia

De todo el precedente fraguado durante la Transición y la primera década del siglo XXI surgen dos fenómenos. Por un lado, "un porcentaje mínimo [de grupos de extrema derecha] que viene más de fábrica", y por otro lado la asimilación de un discurso que genera "valores sociales dominantes que asume la gente normal", diagnostica Toni Gisbert. La movilización del 9-O deja ejemplos claros: "Gente que considera no sólo normal sino aconsejable y cívico decirle puta a una chica por ir a una manifestación".

Más allá de los grupos fascistas con una "presencia mínima", lo "verdaderamente preocupante" de la situación responde a un "clima social que normaliza esos comportamientos". Alrededor de los agresores del 9-O, continúa Gisbert, "había una serie de personas, con apariencia de gente normal, que masivamente jaleaban o aplaudían". Si dicha atmósfera social cultivada trabajosamente por la ultraderecha "se extiende y se vuelve normal, se convierte en un asunto peligroso". 

La principal consecuencia, pronostica el activista, es que "esos valores dominantes generan una alineación estricta de la población con sus tesis, donde el matiz no tiene cabida". Ese clima general "coarta e intimida" para el ejercicio de la "libertad de expresión, reunión y manifestación", y con ello se "normalizan comportamientos y actitudes que habrían de ser punibles socialmente".

En la misma línea se expresa Antoni Infante: "La violencia genera violencia, los insultos generan insultos, y el discurso del odio político a medio y largo plazo tiene unos costes. Crea una sociedad de personas con el uso de la violencia como forma de debate político, una sociedad enferma", sentencia.

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