La ausencia de sanciones da impunidad a los diputados y senadores que infringen las normas de transparencia

¿Qué pasaría si mañana supiéramos que en 2018 algún diputado o senador mantuvo algún tipo de vínculo con STC, el grupo dominado por la realeza saudí y nuevo accionista mayoritario de Telefónica? Pues seguramente su nombre acabaría en los titulares pero ni el Congreso ni el Senado dispondrían, literalmente, de armas reglamentarias para sancionarle por mantener una reunión secreta con un grupo empresarial de tal magnitud y características. Y no dispondrían de ellas porque no se ha constituido aún el registro de lobbies, cuyo futuro e incierto nacimiento sale de vez en cuando al escenario del debate aunque casi siempre permanece entre bastidores, ni los reglamentos de las Cámaras prevén sanciones para quienes oculten información en la denominada Declaración de Intereses Económicos. Tampoco las hay para quienes no inserten con precisión sus actividades institucionales en el apartado “Agenda” que cuelga del perfil digital de cada parlamentario.

En la declaración de intereses económicos, los parlamentarios han de detallar las “actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos”. Pero el caso de Santiago Abascal, quien como publicó infoLibre ha vuelto a soslayar tal deber con un texto sin un solo dato y con de ribetes épicos –asegura trabajar por "el interés superior de España"–, deja en evidencia los agujeros que horadan la malla de transparencia.

Falta de desarrollo reglamentario

Tanto el Congreso como el Senado se rigen, en teoría, por un Código de Conducta conjunto y aprobado por las Mesas de ambas Cámaras en octubre de 2020 [puedes consultarlo pinchando aquí]. En uno de sus artículos, el 9, y bajo el epígrafe Infracciones y Sanciones, el Código prevé que la Presidencia del Congreso o el Senado puede solicitar a la Comisión del Estatuto del Diputado “la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del presente Código por parte de un diputado o senador, especialmente en el caso de conflicto de intereses".

No obstante, en ningún caso habrá castigo. Y ello porque –como prosigue el citado artículo 9– "el informe de la Comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, en su caso, proponer la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara respectiva". Y es aquí donde la cadena se rompe de forma sutil y casi invisible, porque el Reglamento del Congreso y el del Senado no prevén ninguna sanción para quien no detalle en la declaración de intereses económicos las actividades que puedan condicionar su acción política o le hayan proporcionado ingresos o para quien oculte datos en su declaración de bienes. En consecuencia, ninguna sanción corresponde “de acuerdo con el Reglamento de la Cámara respectiva”.

Lo narrado en el párrafo anterior no es una conjetura. Las fuentes oficiales consultadas en el Congreso confirmaron este viernes que, en efecto, no se ha llevado a cabo aún el desarrollo del Reglamento necesario para que vulnerar las normas de transparencia sea objeto de sanción. De hecho, en el capítulo sobre disciplina parlamentaria, el Reglamento del Congreso solo prevé que la Cámara pueda privar a un diputado de alguno o de todos sus derechos en dos circunstancias. La primera: “Cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las Comisiones”. Y la segunda: “Cuando quebrantare el deber de secreto establecido” en el mismo Reglamento. O –y esto que viene figura recogido en un artículo posterior– cuando el diputado "porte armas dentro del recinto parlamentario". Conclusión, lo que vale es el Reglamento. Y el Código de Conducta sirve de poco. O de nada.

Transparencia Internacional: "Es inaceptable"

Incardinada en un engranaje, el de la UE, donde el control de los grupos de presión –los lobbies– se lleva a rajatabla al menos oficialmente, en España la transparencia parlamentaria sigue teniendo mucho que avanzar, como subraya David Martínez García, director ejecutivo de Transparencia Internacional España. “Es inaceptable –sostiene– que en pleno siglo XXI y en una democracia consolidada como es la española, el órgano constitucional que representa al pueblo español no le otorgue el suficiente peso e importancia al cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas y que los reglamentos de ambas Cámaras no se hayan actualizado debidamente en este ámbito”.

El directivo de Transparencia Internacional recalca lo ya expuesto más arriba: que no se prevé “ningún tipo de sanción” por la presentación tardía de las declaraciones “o por presentar información incompleta y además sin una verificación de la información por parte de ningún órgano independiente”.

Sin verificación

Ofrecen ejemplos de la falta de verificación a la que alude David García tres casos de senadores desvelados por este diario en los últimos días: el de Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso, y quien en su declaración de bienes ante la Cámara Alta ha borrado de un plumazo el sobresueldo de 41.032 euros cobrado del grupo parlamentario del PP ; el del exconsejero de Sanidad del mismo gobierno madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que también eliminó los 3.068 euros percibidos por el alquiler de un piso de su propiedad; y el del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que no consignó los 250 euros –y no 260, como por error apareció en una primera versión de la información de infoLibre– que se correspondían con un curso impartido en 2022. Lobato comunicó el jueves a este periódico que ya ha tramitado el cambio en su declaración y le envió el nuevo formulario, que ya incluye los “250 euros brutos” por “impartir una conferencia en un máster de la UAM en 2022” aunque la nueva versión no figura todavía en la web del Senado. Tanto Serrano como Ruiz Escudero aseguraron días antes a través de sus portavoces que también la rectificarán. Pero, lo hagan finalmente o no, habrá sido, al igual que en lo que concierne a Lobato, por voluntad propia y no porque algún departamento de la institución parlamentaria les exija hacerlo.

Un trabajo de hormiga

En su diagnóstico nada optimista, Martínez acude a un ejemplo sencillo y comprensible: los archivos pdf de las declaraciones de bienes o de intereses económicos de los parlamentarios no admiten búsquedas ni son susceptibles de su conversión –lo que en el argot informático se llama ocerrear– en formatos que sí las permitan. En efecto, así es.

Visto todo lo anterior, trazar un mapa que –dando por buena la información vertida por cada parlamentario– ayude a alcanzar conclusiones sobre el conjunto del arco político solo es posible después de un auténtico trabajo de hormigas. Por ejemplo, solo repasando una a una las declaraciones de bienes de los diputados del PP y Vox, los dos partidos que votaron contra la Ley de Vivienda, que para 2024 impone como subida máxima de los alquileres un 3% , es posible saber que uno de cada cinco diputados (28 de 137) del actual grupo parlamentario popular obtiene rentas por el arrendamiento de inmuebles. ¿Ejerce ese factor alguna influencia en su posición sobre cómo debe regularse el precio de los alquileres? La pregunta carece de respuesta pero lo cierto es que los obstáculos informáticos no facilitan la misión de recabar los datos.

Conocer la evolución del patrimonio, misión imposible

En octubre de 2022, la denominada Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes afeó el comportamiento de los 52 diputados de Vox –todos los que entonces formaban el grupo parlamentario– por secundar en 2021 la estrategia de ocultación plasmada por Santiago Abascal en su declaración de intereses económicos. El objetivo de ese formulario –alegó la Oficina– es detectar conflictos de intereses. Y ello exige que la declaración “sea autosuficiente y completa, permitiendo al público conocer mediante su sola lectura todo el círculo de intereses con los que el parlamentario ha estado en relación”.

El nexo entre la declaración de intereses con el pleno despliegue del principio de transparencia –agregaba el informe– “se ve perturbado si el público es remitido a otras declaraciones o documentos y obligado a realizar inferencias o deducciones más o menos seguras”. Y exactamente esa, remitir al lector a sus "respectivas declaraciones de actividades y bienes" si quiere saber qué actividades le proporcionaron ingresos a lo largo del quinquenio, es la fórmula por la que ha optado Santiago Abascal. El Congreso solo da acceso a las declaraciones de bienes e intereses económicos correspondientes a la legislatura en curso. Es decir, resulta materialmente imposible hacerse una idea exacta de cómo ha evolucionado el patrimonio o la actividad económica de un parlamentario a lo largo de un periodo mayor que un cuatrienio.

Abascal vuelve a incumplir la norma que obliga a los diputados a declarar sus intereses económicos

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Así las cosas, la transparencia se ha afianzado como valor insoslayable pero aún pendiente de dotarse de las necesarias herramientas de ejecución y garantías. Para empezar, la reforma del Reglamento parlamentario, la norma que enmarca cuáles son las infracciones y cómo pueden sancionarse, continúa en el limbo. ¿Por qué no se ha efectuado una nueva regulación del Reglamento? Diputada de Unidas Podemos en la pasada legislatura y vicepresidenta de la Mesa del Congreso mientras ostentó el escaño, Gloria Elizo responde así: “Es la vieja pregunta pendiente desde hace muchos años”. Pero, como ella misma subraya, la pregunta no solo afecta a las declaraciones de bienes y la de intereses económicos. En el cajón de los asuntos sin resolver –desgrana la exdiputada– figura la ya mencionada regulación de los lobbies. “Hacen falta herramientas de regeneración democrática, no estamos en el mismo país que en 1985. Se debatió la modificación del Reglamento en la etapa de Manuel Marín [presidente socialista del Congreso entre 2004 y 2008, bajo el primer Gobierno de Zapatero] pero finalmente no se hizo”.

Tampoco se ha hecho, prosigue Elizo, nada para garantizar que cada parlamentario cumplimente –o rellene, si se prefiere así– la agenda que abrirá a los ciudadanos la puerta para conocer con quién se reúne, a qué dedica su tiempo y cuáles son sus prioridades. “Lo relativo a la Agenda se está cumpliendo de forma muy minoritaria y no creo que se haga de forma maliciosa, sino que nadie está pensando en lo importante que es para un cargo público llevar a cambio una permanente rendición de cuentas”.

De esa rendición de cuentas, en este caso con el Gobierno como obligado a dar información, hablaba una iniciativa legislativa del PNV que en marzo de 2022 superó en el Pleno del Congreso el trámite de la toma en consideración, pero que a día de hoy se cuenta entre las hojas caducadas del árbol parlamentario. Esa iniciativa abogaba por reformar el Reglamento del Congreso “para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley”. Dicho sea de otro modo, aquella iniciativa buscaba en aras de la transparencia obligar al Gobierno central, fuera cual fuese, a dar cuentas de si había cumplido o no las proposiciones no de ley aprobadas por la Cámara. Solo un grupo parlamentario votó en contra: Vox.