La Fiscalía de Memoria echa a andar sin margen para sentar en el banquillo a los criminales franquistas

Restos humanos extraídos de la fosa común de Pico Reja, en Sevilla.

El Ministerio Público pisa el acelerador para dejar lista la Fiscalía de Memoria antes del arranque de la campaña para los comicios generales del 23 de julio. Tras la convocatoria de elecciones anticipadas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido adelantar a la próxima semana la celebración del Consejo Fiscal del que saldrá el nuevo responsable en esta materia. Cuatro son los fiscales que aspiran a esta plaza de nueva creación, con la que se pretende garantizar tras décadas de olvido el derecho a la investigación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Un puesto que, sin embargo, nace lastrado por la construcción por parte de los tribunales españoles de una doctrina que impide juzgar los crímenes del franquismo.

La creación de una plaza de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática fue uno de los avances que trajo consigo la Ley de Memoria Democrática. Una novedad que tuvo buena acogida por parte del Consejo Fiscal. "Merece un juicio favorable la creación de un fiscal de Sala y, por consiguiente, una unidad especializada ratione materiae en un ámbito material sustantivo complejo y digno de especial atención e interés, como es la investigación de las violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario", resaltó el órgano consultivo en el informe que elaboró sobre la nueva ley, que entró en vigor a finales del pasado mes de octubre.

Fuentes del Ministerio Público consultadas por este diario destacan la importancia de este nuevo puesto por el "impulso" que puede dar a las actuaciones en materia de memoria histórica. Este cargo ha sido creado para "la investigación de los hechos que constituyan violaciones" del derecho internacional, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra o la dictadura. Y, además, tiene atribuidas "funciones de impulso" de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados "para lograr su debida identificación y localización" y la obligación de promover las "inscripciones" en el Registro Civil "de las defunciones" de las personas desaparecidas como consecuencia de la contienda y la represión franquista.

Este fiscal será, por tanto, el encargado de supervisar y coordinar la acción del Ministerio Público en materia memorialista, unificando cuando así considere necesario los criterios de actuación para evitar que puedan existir interpretaciones dispares en el seno de la Fiscalía. Entre sus funciones, además, se encuentra la práctica de diligencias y la intervención "en aquellos procesos penales de especial trascendencia", así como la facilitación y coordinación de los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas. Con todo ello, lo que se busca es garantizar "el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

Avance tras una trayectoria "sumamente negativa"

El abogado Jacinto Lara, miembro del equipo jurídico de Ceaqua, reconoce que la puesta en marcha de la Fiscalía de Memoria supone un paso positivo. "Hasta ahora, la trayectoria del Ministerio Público en este ámbito había sido sumamente negativa", apunta el letrado. En este sentido, menciona los continuos rechazos a investigar las denuncias interpuestas por las víctimas. Y recuerda aquella circular enviada en 2016 por la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a los fiscales provinciales para que se opusieran a las declaraciones de cargos franquistas en el marco de la investigación que se sigue en Argentina sobre los crímenes de la dictadura. Una orden que tres años más tarde dejaría sin efecto la entonces jefa del Ministerio Público, Dolores Delgado.

Con esta nueva Fiscalía de Memoria la investigación está asegurada en el seno del Ministerio Público. Ahora bien, otra cosa es que luego los casos se judicialicen y los responsables tengan que sentarse en el banquillo. En este sentido, no hay margen de actuación. Y no lo hay porque durante las últimas décadas los tribunales han levantado una doctrina consolidada que impide juzgar los crímenes del franquismo. El Supremo ya dejó claro que los trágicos sucesos ocurridos en la Guerra Civil y la dictadura no pueden perseguirse como crímenes de lesa humanidad. Y al cerrarse esa puerta, todos los intentos de las víctimas de buscar justicia son archivados en base a la prescripción de los delitos o la Ley de Amnistía.

El Consejo Fiscal, de hecho, ya dejó claro en el informe en el que analizaba la normativa memorialista que "la pretensión" de "enjuiciamiento" en vía "jurisdiccional penal" ha sido "rechazada de forma generalizada por los órganos judiciales". Y planteó la opción de explorar otras vías como la de la "justicia restaurativa". Por ahí sospecha Lara que pueda terminar yendo el Ministerio Público. "Se basa en la obtención de una declaración judicial sobre una realidad o hecho pasado, en la que se indique que tal persona fue asesinada o tal persona fue torturada y ahí quede el asunto", explica. Una opción que no convence al abogado de Ceaqua: "Un crimen de derecho internacional no puede ser ventilado a través de esa vía".

Cuatro aspirantes

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Cuatro son los aspirantes a cubrir esta plaza. Una de ellas es Dolores Delgado, que el pasado mes de septiembre fue ascendida a la máxima categoría de la carrera. Aunque especialista en yihadismo, la ex fiscal general del Estado tiene experiencia en el ámbito de la crímenes contra la humanidad. Fue la fiscal que protagonizó la acusación contra el exmilitar argentino Adolfo Scilingo. Y colaboró con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el denominado caso Libia, relativo a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Primavera Árabe. Delgado, además, lleva ya meses asumiendo como fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo funciones en materia de derechos humanos, que son análogas a las que ahora tendrá la nueva Fiscalía de Memoria.

Enfrente, sin embargo, tiene a todo un peso pesado: Carlos Castresana. El actual fiscal del Tribunal de Cuentas y exfiscal Anticorrupción tiene una dilatada trayectoria en materia de derechos humanos. Fue el autor de las primeras querellas contra miembros de las antiguas juntas militares de Argentina y Chile. Y durante varios años ocupó el cargo de comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, desde donde se investigaron desde ejecuciones extrajudiciales a desapariciones forzadas. "La inmensa mayoría de los crímenes del franquismo no han sido nunca amnistiados, simplemente porque nunca han sido investigados judicialmente. Esta podría ser la tarea más importante del nuevo Fiscal de Sala", escribía en noviembre en infoLibre.

La lista de nombres la completan Juan Calparsoro, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, y Luis Ibáñez, destinado en la Fiscalía Antidroga.

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