Elecciones europeas

La Fiscalía se opone a que IU deba reordenar su lista europea

El líder de IU, Cayo Lara, en rueda de prensa en la sede federal, este 14 de abril.

Izquierda Unida sigue sin tener el OK final a la candidatura a las elecciones europeas que aprobaron sus órganos de dirección, pero ya está algo más cerca. La jueza que estudia si el procedimiento de confección de la lista se ajustó a la ley y a los estatutos de IU ya tiene su auto redactado, aunque no se notificará hasta hoy miércoles. Y, según creen la cúpula federal de Cayo Lara y, en menor medida, las dos formaciones que interpusieron la demanda –Izquierda Abierta y la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT)–, lo previsible es que la magistrada decida no modificar la candidatura y desestimar, así, las medidas cautelares pedidas. Eso es precisamente lo que desea la Fiscalía. 

Ayer martes, tal y como adelantó infoLibre, se celebró la vista oral en el juzgado de primera instancia número 14 de Madrid. Duró poco más de una hora. Cada una de las partes se pronunció a través de sus respectivos abogados, a lo que se sumó la intervención del ministerio público. Los dirigentes de IU –Miguel Reneses, secretario federal de Organización– y la CUT –Manuel Rodríguez– sólo entraron a la sala en el último tramo de la vista, después de que la jueza rechazara que prestasen declaración como testigos. 

La demanda civil fue presentada por IzAb y la CUT a mediados de marzo. Ambas formaciones se sentían agraviadas por el modo de confección de la candidatura europea. Ambas protestaron primero en el Consejo Político Federal (máximo órgano de poder de IU entre asambleas), el pasado 1 de marzo, cuando la mayoría que sustenta a Lara presentó una lista encabezada por Willy Meyer y en la que bloqueó varios puestos de salida: para sus potenciales socios políticos, tres (el 3 para ICV, el 5 para Anova y el 8 para Chunta Aragonesista), y para los "referentes sindicales y sociales", otros dos (el número 2 se lo asignó directamente a Paloma López, de CCOO, y el 7 para el activista Javier Couso). IzAb y la CUT se consideraron excluidas y presentaron lista alternativa, en este caso liderada por Tasio Oliver, el ganador de las primarias abiertas del partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, seguido por Carmen García Bueno –de la CUT, la formación de Juan Manuel Sánchez Gordillo–, y por el gasparista Pedro Chaves. Meyer ganó, con un 77,4%. Oliver se hizo con el 22,6%. Los estatutos de IU sentencian que cuando hay confrontación de candidaturas, se deben repartir los puestos proporcionalmente en tramos de cinco, pero como había un total de cinco reservados (el 2, el 3, el 5, el 7 y el 8), Oliver sólo consiguió ascender del 11, el número asignado por la dirección, al 9. 

Ya desde el principio IzAb y la CUT anunciaron que acudirían a los tribunales internos de IU (la Comisión Federal de Garantías), sin descartar el recurso judicial. Pero ambas, públicamente, sólo dijeron haber activado la primera vía. Así, Oliver, García Bueno y Chaves firmaron una primera impugnación, a la que sucedió una segunda suscrita por la cúpula gasparista. La argumentación jurídica era semejante: los demandantes consideraban que se había violado el "pluralismo" interno, e incumplidos los estatutos. Por eso, creían que Oliver debía ocupar el puesto 4 de la lista (el 6 si se suman los aspirantes de ICV y Anova); García Bueno, el 9 y Chaves, el 14. Garantías no se pronunció. Hay que tener en cuenta que la federación, según las encuestas, podría saltar de los dos eurodiputados que ganó en 2009 (uno, de los ecosocialistas catalanes) a entre siete y nueve. 

La firma del pacto con IzAb

Entretanto –y ya estamos a finales de marzo–, la dirección federal retomó los contactos con IzAb. Una vez evaporada la posibilidad de acudir a las europeas del 25 de mayo con Chunta, ya que esta pegó un portazo y decidió aliarse con Equo y Compromís, Reneses, en una reunión con su homólogo de Izquierda Abierta, Antonio Cortés, ofreció el puesto ocho para Oliver. Los gasparistas aceptaron, a cambio de más concesiones del equipo de Lara: más recursos materiales y humanos, presencia en el grupo parlamentario en la Eurocámara y en el Partido de la Izquierda Europea (PIE), integración de Llamazares en la dirección del grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, participación más activa e intensa en los debates de IU y creación de una comisión de seguimiento de las dos direcciones. A cambio, IzAb se comprometía a desistir de sus recursos.

El principio de acuerdo se cerró en la Presidencia Federal de IU –su órgano intermedio, compuesto por una setentena de miembros–, el pasado 29 de marzo, lo que posibilitó que se ratificase la candidatura europea por un 95%. El pacto se acabó sellando días más tarde, el jueves 10 de abril. Aunque se anunció a los medios y colgado en su web ayer.

Pero de lo que nunca informó IzAb fue que había llevado a término su amenaza de llevar a los tribunales a IU. Lo hizo por seguridad, para "garantizar la defensa" de los derechos de sus candidatos, y sobre todo porque veía que el tiempo se echaba encima y Garantías no había dicho ni palabra. Aunque en su ánimo no estaba, según sus dirigentes, "hacer daño a IU". 

De aquel acuerdo con el equipo de Lara nunca participó la CUT. Así que se negó a retirar la demanda judicial y el recurso presentado por García Bueno. La formación consideraba que a su candidata le correspondía el puesto 9 dentro de la lista de IU (el 11 en la candidatura real, contando con ICV y Anova). 

No se impugnó el acuerdo del Consejo Político

Este martes, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo primero que expusieron los abogados de IzAb y la CUT, Miguel Rollón y Francisco Borge, era el acuerdo alcanzado entre los gasparistas y Reneses, razón por la cual Oliver y Chaves desistían de su escrito. Pero la jueza se opuso. Como García Bueno quería seguir adelante, el procedimiento debía seguir adelante en sus términos. Así que Rollón y Borge tuvieron que defender las posiciones de los dos partidos demandantes. No sólo de la CUT. 

Durante la vista no se entró al fondo del asunto –el proceso de confección de candidatura–, porque se trataba de dirimir si procedía o no adoptar las medidas cautelares solicitadas: la reordenación de la lista. No obstante, ni IzAb ni la CUT habían impugnado "el acuerdo del Consejo Político Federal" del 1 de marzo –la madre del cordero–, ni cuestionaban toda la candidatura ni su cabeza de cartel, Willy Meyer. Todo con el objetivo, de nuevo, de "no dañar a IU". Apoyaron su recurso en la presunta vulneración del principio de proporcionalidad que recogen los estatutos

La representante de la Fiscalía argumentó que, en caso de que se hubieran cometido irregularidades, estas no habrían supuesto una violación de derechos fundamentales, por lo que manifestó su oposición a la adopción de medidas cautelares, según narraron desde las dos partes enfrentadas. Además, sostuvo que al no haberse impugnado el acuerdo del Consejo Político, la defensa era más débil. 

La coalición, ya presentada

Los letrados que defendieron a IU, Enrique Santiago y Enrique López Cáceres, esgrimieron que en este caso no se trata de una lista sólo de la federación, sino de una candidatura de una coalición de partidos, por lo que no cabía la aplicación estricta de los estatutos. Santiago recordó que IU, de hecho, ya presentó la semana pasada su alianza para el 25-M (Izquierda Plural), que componen un total de 12 fuerzas: IU, ICV, EUiA, Anova, Espazo Ecosocialista, Batzarre, Federación Los Verdes, Els Verds del País Valencià, Opció Verda-Els Verds, Gira Madrid-Los Verdes, Construyendo La Izquierda-Alternativa Socialista e Iratzarri-EKI. Coalición, agregó, que ya ha sido reconocida por la Junta Electoral Central (JEC). 

La dirección federal salió bastante más satisfecha de lo que encontró, ya que al oponerse la Fiscalía a la adopción de medidas cautelares, veía poco probable que la jueza soportase las tesis de los demandantes. IzAb también apuntaba en esa dirección. Fuentes de la acusación reconocían que por la posición del Ministerio Público se podía traslucir ese resultado, también porque en este tipo de causas, "los jueces suelen no interferir en las candidaturas, salvo que sean casos muy flagrantes". "Pero todo puede pasar, no hay que descartar nada". De cualquier modo, Rollón y Borge presentaron, tras la vista, el desistimiento de IzAb al recurso de fondo, la pieza principal (la que se estudiará después). Si la magistrada lo aceptara, podría obligar a la CUT a buscarse nuevo letrado y procurador. "No queremos tener nada que ver ya con esto. Hemos firmado el acuerdo con Reneses y somos consecuentes con ello. Por nuestra parte, no hay causa", recalcaban ayer desde la jefatura gasparista. 

La incógnita quedará despejada este miércoles, 16 de abril, sobre las doce de la mañana, cuando el juzgado número 14 notifique la decisión a las partes. Resolución que, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), está ya totalmente redactada. Sólo entonces se podrá registrar la candidatura ante la JEC, ya que el plazo legal finaliza el 21 de abrilDespués tocará la gestión política de ese autopolítica . Y ya se barrunta que la cúpula federal podría mover ficha incluso aunque se fallase a su favor, porque siente que IzAb traicionó de alguna forma su parte del acuerdo. Si la Justicia no respalda a la federación, el conflicto, presumiblemente, adquirirá una mayor envergadura. 

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