Venta de viviendas bajo sospecha

Fondos buitre: la Fiscalía no se fía del perito que propone Hacienda y pide otro

El grupo bancario Goldman Sachs.

La Fiscalía de Madrid ha pedido a la jueza que instruye el caso sobre la venta de casi 3.000 viviendas sociales de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs que reclame a Hacienda un perito distinto al que acaba de ofrecer. El paso dado por el ministerio público ha sido confirmado a infoLibre por fuentes jurídicas conocedoras del caso. Y se ha producido de forma inmediata tras conocerse que, como publicó este diario, la Agencia Tributaria ha propuesto como perito a un funcionario que hasta hace mes y medio estuvo vinculado al BBVA, entidad que gestiona una de las empresas para cuya investigación pide precisamente auxilio la magistrada.

Esa empresa es la sicav Bussola 99, donde, valoradas en 800.000 euros, según su propia declaración de bienes- Pablo Cavero, que era consejero de Vivienda de Madrid en 2013, cuando 2.939 pisos del organismo público Ivima acabaron en manos de Goldman Sachs. A su vez, el BBVA es el nexo directo entre Bussola 99 y Goldman: entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2015, y previa autorización de la CNMV, el banco delegó en Goldman Sachs la gestión de los activos de Bussola 99.

La propuesta de la Agencia Tributaria ha partido de la Delegación Especial de Madrid, a cuyo frente se encuentra Raquel Catalá Polo. Hermana del ministro de Justicia, Raquel Catalá puso a “disposición” de la jueza al referido funcionario en un escrito fechado el pasado 3 de noviembre.

En su oficio, la responsable de Hacienda reiteraba su negativa a que sean dos funcionarios de la Oficina Antifraude (ONIF) los que trabajen con la jueza y el fiscal para examinar la operación y establecer si hubo delito. En la causa, abierta por prevaricación y malversación, ejerce la acusación popular la asociación de lucha contra la corrupción Corruptil.

El ofrecimiento de la AEAT llegó al juzgado de instrucción 48 de Madrid el 4 de noviembre. Para entonces ya se había cumplido más de un año desde que Hacienda recibió el primer requerimiento para designar dos peritos de la Oficina Antifraude (ONIF). A lo largo de ese año, la Agencia Tributaria no ha cesado de dar largas.

Hacienda alega ignorancia sobre el caso

Fuentes de la Agencia Tributaria habían asegurado el martes a preguntas de infoLibre que la Delegación Especial de Madrid ignoraba la existencia de un vínculo entre el perito propuesto y la entidad gestora de la sicav Bussola 99. Los mismos portavoces recalcaron que, dado que Hacienda no ha efectuado ningún nombramiento sino que ha puesto a ese funcionario a "disposición" de la jueza, esta puede pedir un cambio en la designación. Según Hacienda, el funcionario permaneció en excedencia y "volvió este año".

Según la Agencia Tributaria, " los juzgados no informan del caso cuando realizan una solicitud de peritaje y, por lo tanto, a la hora de ofrecer un determinado funcionario como perito no se pueden tomar en consideración circunstancias o vínculos entre sociedades y personas físicas que se desconozcan". La solicitud de ayuda judicial cursada por el juez mencionaba de forma expresa el nombre de la sicav Bussola 99. Y el folleto explicativo sobre esa sicav volcado en la web de la CNMV detalla que su gestión corresponde a BBVA Asset Management SA, SGIIC, del grupo BBVA. Hacienda no accedió a detallar cuándo exactamente se reincorporó el funcionario a su puesto como miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.

Pero salvo explicaciones inesperadas, el regreso del funcionario a la carrera pública tuvo que producirse después del 23 de septiembre de este año: ese es el día en que, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), se produjo la revocación de su nombramiento como apoderado de Anida Operaciones Singulares SA, empresa de la división inmobiliaria del BBVA e íntegramente participada por el banco. Dos meses antes, el 20 de julio, el inspector que ahora propone la AEAT como perito en el caso del fondo buitre había cesado como apoderado de la sociedad matriz del grupo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA). El titular del juzgado 48 de instrucción de Madrid, ahora relevado por una jueza, reclamó auxilio judicial a la ONIF por primera vez en octubre de 2015.

Ese primer requerimiento llegó a Hacienda coincidiendo con la salida de escena de Goldman Sachs en lo que a la gestión de la sicav Bussola 99 se refiere. Un mes después de que la sicav comunicara en octubre de 2015 a la CNMV la "revocación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras" alcanzado en 2006 por el BBVA con Goldman Sachs, el exconsejero Pablo Cavero compareció ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política.

Allí, adujo que no le había comunicado al Gobierno de Madrid su participación en Bussola "igual que no informé de que la luz me la cobra Iberdrola". Retirado de la política desde agosto, Cavero se convirtió en concejal del PP madrileño tras las municipales de 2015. En su declaración de bienes ante el consistorio de la capital, el exconsejero de Vivienda declaró poseer 800.000 euros en acciones de Bussola 99 adquiridas en 2003. Es decir, tres años antes de que Goldman Sachs entrara en escena por lo que a esa sicav se refiere.

En la causa hay dos políticos investigados o imputados. Uno de ellos es Juan Van Halen, antiguo responsable del Ivima, la empresa pública madrileña titular de los pisos que acabaron en manos de Goldman Sachs y que se vio forzado a dimitir como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento. Y la segunda es Ana Gomendio, su sucesora al frente del Ivima y ya fuera del cargo.

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