El Gobierno de Pedro Sánchez ya habla abiertamente de genocidio cuando se refiere a las atrocidades cometidas por el Ejército de Israel en Gaza, donde ha causado 65.000 muertos, de los cuales el 75% son mujeres y niños, según las cifras oficiales detalladas este lunes por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la italiana Francesca Albanese. También desde Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, anunció este martes que el objetivo de la ofensiva en el enclave es "destruir a los palestinos de Gaza como grupo". Es decir, que se da la intencionalidad de exterminio necesaria para entender que ese delito, el de genocidio, el más grave de todos los crímenes contra la humanidad, se está efectivamente cometiendo.
Pese a las advertencias del personal sobre el terreno de la ONU, las de la relatora especial y las apreciaciones de la Comisión Internacional de Investigación (presidida por la juez sudafricana y expresidenta del Tribunal Penal Internacional que investigó y juzgó el genocidio de Ruanda), las acusaciones de genocidio contra Israel no terminan de arrancar en Occidente. La Unión Europea ha anunciado su intención de suspender su pacto comercial con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y establecer sanciones para sus ministros más extremistas, como los ultranacionalistas Bezalel Smotrich o Itamar Ben Gvir, pero, hasta el momento, se niega a apreciar ese crimen internacional. Los recelos de Alemania por la culpa política del Holocausto y el rechazo de la derecha europea, más alineada con Israel, lo ponen muy difícil.
Sin embargo, Alemania y otros países europeos, junto a Canadá, sí han mostrado cierto consenso en los últimos años sobre lo que es o no un genocidio. Lo hicieron en el caso por ese delito que se sigue contra Myanmar (la antigua Birmania) en el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas por el genocidio de la minoría musulmana de los rohingyas. A la causa, abierta tras la denuncia del Gobierno de Gambia, se unieron en noviembre de 2023 –cuando las operaciones militares de Israel en Gaza ya habían comenzado– los de Francia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Canadá. Junto a esos seis países, que actuaron conjuntamente, otros dos Estados europeos, Irlanda y Eslovenia, se han personado en el proceso este año. Sus alegaciones muestran el doble rasero de esos países, que sí ven en el sudeste asiático el crimen internacional que, por el momento, no aprecian en Gaza.
La definición de genocidio que contiene el Convenio de Naciones Unidas para su prevención y sanción, aprobado en 1948, y al que España se adhirió en 1969, define ese delito en su artículo 2 como un catálogo de actos "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
Y entre las conductas a través de las que se puede consumar se encuentran la "matanza de miembros del grupo", la "lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo", el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial", las "medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo" o el "traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".
Intención genocida
El elemento fundamental para que exista este crimen atroz es que los que lo perpetren tengan intención genocida, es decir, que los actos que se cometan tengan como finalidad acabar total o parcialmente con el grupo nacional, étnico o religioso del que se trate. Se trata del elemento más difícil de probar, porque los Gobiernos y los ejércitos no suelen documentar sus pretensiones de exterminar un pueblo o una raza. Así que, esa intención, como han remarcado varios tribunales internacionales (Ruanda, Yugoslavia), debe probarse mediante evidencias indirectas que permitan deducirla de ciertos tipos de conducta, según estableció el tribunal de La Haya en el caso Croacia contra Serbia, por el conflicto yugoslavo.
Este lunes, la relatora especial Albanese aseguró en Ginebra (Suiza) que, con su acción militar, que estos días culmina con la invasión de la Franja, Israel busca "convertir Gaza en un lugar inhabitable". La Comisión de Investigación de la ONU, por su parte, habló de "crimen de exterminio". "La intención genocida era la única conclusión razonable que se podía extraer de la totalidad de las pruebas", afirmó ese grupo en su informe de 72 páginas, que concluye que Israel ha provocado todo el repertorio de acciones genocidas que recoge la definición de ese delito internacional salvo el traslado forzoso de niños.
Los siete países occidentales que sí han actuado contra el Gobierno de Myanmar, pero aún no lo han hecho contra Israel, sostuvieron en 2023 que el número de muertos causados por los presuntos autores no prueba por sí mismo esa intención genocida, aunque "la escala y la naturaleza de las atrocidades" pueden ser indicadores de que existe.
En sus alegaciones recuerdan que el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia estableció que debe tenerse en cuenta "el contexto general, las acciones dolosas dirigidas contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, el señalamiento sistemático de víctimas por su pertenencia al grupo o la repetición de acciones destructivas y discriminatorias contra sus miembros".
Los seis Estados europeos y Canadá recuerdan que la Corte ha valorado como factores para detectar esa intencionalidad, "el número de personas gravemente heridas o muertas, el número de agresores involucrados, el número de acciones prohibidas en estrecha proximidad geográfica y temporal y la intensidad del ataque y su naturaleza sistémica y discriminatoria".
Las conclusiones de la Comisión de la ONU recogen un amplio catálogo de indicios que apuntarían en esa dirección en Gaza. Como el asesinato y las lesiones graves a un número sin precedentes de personas mediante el bombardeo de zonas urbanas con una extraordinaria densidad de población. O el bloqueo que ha provocado una situación de hambre generalizada y enorme carestía entre la población gazatí. El informe también se refiere a la destrucción sistemática de hospitales y del sistema educativo, y cita también los ataques contra lugares religiosos. Incluso se refiere a la existencia de violencia sexual y de género.
Pruebas de ese ánimo genocida son también, según los investigadores, las declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog; del primer ministro Netanyahu o del exministro de Defensa Yoav Gallant. Herzog responsabilizó a la totalidad de la población de Gaza, incluida la población civil, de los atentados de Hamás que dieron inicio a la invasión de la Franja. Netanyahu invocó pasajes bíblicos (el mito de Amalek) para llamar al exterminio de los palestinos, mientras que Gallant los deshumanizó refiriéndose a ellos como "animales humanos" y amenazó con "eliminarlo todo". "Los líderes políticos y militares israelíes son agentes del Estado de Israel. Sus actos son atribuibles al Estado de Israel. Por tanto, Israel como Estado es responsable de la comisión del genocidio, de no haberlo impedido y de no haberlo castigado", sostienen los miembros de la Comisión.
Ataques a niños
Otro de los elementos que podrían probar la existencia de ese ánimo de exterminio son los ataques a menores de edad, según sostuvieron los siete gobiernos occidentales en La Haya en 2023. "La prueba de que los niños han sido atacados a una escala significativa podría excluir que los ataques al grupo protegido se debieran a otras razones, como por ejemplo que sus miembros representen una amenaza o un riesgo para la seguridad", sostiene el escrito.
"Los niños son esenciales para la supervivencia de cualquier grupo, ya que la destrucción física del grupo está asegurada cuando no puede reproducirse", añade. "Dada la importancia de los niños para la supervivencia de cualquier colectivo, del daño a los niños se puede inferir que los presuntos autores tenían la intención de destruir una parte sustancial del grupo protegido", sostienen las alegaciones conjuntas en la causa de los rohingyas.
El Tribunal que juzgó el genocidio de Ruanda estableció que "el hecho de que los niños recién nacidos no fueran eximidos" de las matanzas demostró la intención genocida de los condenados por esos crímenes.
Las cifras oficiales de la masacre de Israel en Gaza sitúan en 65.000 el número de palestinos asesinados, de los que tres cuartas partes serían mujeres o niños. Pero Albanese relató este lunes que algunos expertos elevan esa cifra a 680.000, de los que aproximadamente 380.000 serían niños menores de cinco años, aunque advirtió de la dificultad para verificar los datos. El informe de la Comisión de Investigación habla de "ataques directos contra niños" que se producen en zonas de distribución de ayuda humanitaria, en campos de refugiados o mientras la población desaloja las zonas atacadas. Los expertos recuerdan que 685.000 niños gazatíes llevan más de 20 meses sin acceso a la educación y hasta el 25 de febrero de este año, 403 de los 564 centros educativos de la Franja habían sido bombardeados o sufrieron daños.
"Existe un claro patrón de conducta desde el 7 de octubre de 2023 en el que las fuerzas de seguridad israelí toman a niños como objetivo en diferentes circunstancias con la intención de matarlos", sostiene el informe. "Ninguno de los niños de los casos investigados suponía una amenaza para las fuerzas de seguridad". "Los ataques generalizados y deliberados contra niños palestinos demuestran que las operaciones militares no se llevaron a cabo únicamente para derrotar a Hamás y otros grupos armados palestinos, ni pueden contribuir legítimamente a los otros objetivos declarados de defender el Estado de Israel y asegurar la liberación de los rehenes israelíes", dicen los expertos de la ONU. "Los ataques directos e intencionales contra niños palestinos tenían como objetivo destruir físicamente al grupo eliminando no solo a los niños de hoy, sino también la posibilidad de que tuvieran hijos en el futuro", concluye.
El indicio de los desplazamientos forzosos
Los desplazamientos forzosos constituyen otro de los elementos que podrían demostrar el ánimo de cometer genocidio. "El desplazamiento forzoso puede ser una prueba de la intención [genocida] incluso en casos en que los miembros del grupo afectados no hayan sido transferidos a un lugar donde estén sujetos a condiciones que conduzcan a su muerte o destrucción", sostiene el escrito conjunto de los siete países en La Haya sobre el genocidio en Myanmar. El informe cita el caso de Bosnia contra Serbia para recordar que "los actos de limpieza étnica (...) pueden ser significativos de la existencia del objetivo [de acabar con el grupo protegido]". Por último, asegura que "una operación militar violenta que desencadena el desplazamiento forzado (...) puede contribuir a probar la intención específica de destruir al grupo protegido, independientemente de si los actos que desencadenan el desplazamiento forzado caen dentro de una de las cinco categorías de actos subyacentes de genocidio".
La Comisión de Investigación de la ONU señala en su informe de este martes sobre Gaza que "las operaciones militares israelíes en Gaza han provocado el desplazamiento de 1,9 millones de gazatíes entre el inicio de la contienda y el pasado 25 de junio". Esos desplazamientos han condenado a más de 762.000 personas "a afrontar condiciones de vida desesperadas e inhumanas". "Más de 2 millones de personas han sido confinadas en un territorio de menos de 45 kilómetros cuadrados, el tamaño de la Ciudad de Gaza, mientras que el 88% del territorio [de la Franja] se encuentra ahora dentro de zonas militarizadas por Israel o con órdenes vigentes de desplazamiento", señalan los expertos.
El resultado, dice el informe, es la extensión entre gran parte de la población, "especialmente entre los niños, de enfermedades de la piel, infecciones y diarrea crónica". Entre las detectadas por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), se encuentran infecciones respiratorias agudas, meningitis, ictericia, impétigo y varicela. Los desplazamientos masivos han provocado que en Gaza haya de media un inodoro por cada 700 niños, con la consiguiente falta de higiene que ha provocado que al menos 100.000 hayan sufrido diarrea, algo que sumado a la desnutrición ha provocado un aumento de la mortalidad.
Los desplazamientos forzosos ordenados por Israel han obligado a la mayoría de la población de Gaza a "huir de sus hogares por falta de seguridad", pero también a vivir "humillada, degradada y atacada durante su evacuación". Los desplazados se han visto forzados a "vivir en condiciones inhumanas en refugios superpoblados carentes de atención médica y provisiones básicas como agua o alimentos limpios". Los ataques de las fuerzas israelíes se han producido "a lo largo de las rutas de evacuación y áreas designadas como seguras". Tras su movilización hacia otras zonas, se les prohibió volver a sus hogares. "Es razonable concluir que las víctimas desplazadas han sufrido y sufren graves enfermedades mentales", continúa el informe.
Tanto el proceso sobre el genocidio de los rohingya como el de Gaza se investigan a día de hoy en el Tribunal de la ONU en La Haya, que mantiene los dos casos abiertos. Pero a diferencia del primero, con una fuerte presencia de denunciantes occidentales, en la causa sobre el supuestamente cometido por Israel (denunciado por Sudáfrica en diciembre de 2023) solo se han personado dos países europeos: España e Irlanda.
Muchos de los indicios del "crimen de crímenes" que ocho países del Viejo Continente (siete de ellos miembros de la UE a los que se ha sumado Canadá) aprecian en Myanmar se están produciendo desde el 7 de octubre de 2023 en el enclave palestino, según Naciones Unidas. Las lecciones de Occidente sobre lo que es genocidio en la antigua Birmania chocan con su práctica inactividad contra Israel. Quizá para sus gobiernos la supervivencia de los palestinos sea menos importante.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya habla abiertamente de genocidio cuando se refiere a las atrocidades cometidas por el Ejército de Israel en Gaza, donde ha causado 65.000 muertos, de los cuales el 75% son mujeres y niños, según las cifras oficiales detalladas este lunes por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la italiana Francesca Albanese. También desde Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, anunció este martes que el objetivo de la ofensiva en el enclave es "destruir a los palestinos de Gaza como grupo". Es decir, que se da la intencionalidad de exterminio necesaria para entender que ese delito, el de genocidio, el más grave de todos los crímenes contra la humanidad, se está efectivamente cometiendo.