El Partido Popular asume públicamente que ganará las próximas generales ante la “insostenible” situación del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que llevó la pasada semana al líder de Vox, Santiago Abascal, a rebajar las expectativas de los conservadores recordando lo que sucedió en el año 2023, cuando Génova ya empezó a repartir ministerios ante lo que pronosticaba que sería una sólida victoria electoral. No fue así. Sánchez volvió a ser investido presidente. Ahora, a menos de un año de las próximas generales, el PP combina dos discursos: el que da por hecho que ganará ante la movilización del electorado de la derecha y el que advierte de que no está ganado porque Sánchez quiere “fabricar nuevos votantes”.
Es el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos —uno de los mayores referentes mediáticos de la derecha— el lunes, en la que denunció que Sánchez está llevando a cabo una supuesta "ingeniería electoral" mediante la ley de memoria democrática y la denominada ley de nietos para mantenerse en el poder. "No le salen las cuentas", afirmó, tras acusar al Ejecutivo de utilizar las nacionalizaciones como un instrumento político. Una declaración que implica dar un paso más allá en el discurso que la formación viene construyendo desde hace meses y que ha ido desplazando el foco de la regularización extraordinaria de migrantes, contra la que se han manifestado, para ponerlo sobre un supuesto plan del presidente del Gobierno para seguir tras 2027.
Sin embargo, conforme ese relato ha ido extendiéndose también lo han hecho las diferencias entre los propios dirigentes populares sobre cuál sería exactamente el supuesto problema. Mientras Feijóo habla de una alteración interesada del censo mediante nuevas nacionalizaciones, otros dirigentes del partido sitúan la sospecha en los procedimientos administrativos, en la actuación de los consulados o incluso en el funcionamiento del propio sistema electoral. Unas versiones que no siempre resultan compatibles entre sí y que, además, contrastan con la posición que el propio PP defendió durante años cuando reclamaba ampliar precisamente esos mismos derechos, tanto en España como a nivel autonómico.
De los migrantes al censo y la ley de nietos
Argumentos construidos sin pruebas que se han intensificado en los últimos días pero que comenzaron meses e incluso años atrás. Tras la regularización extraordinaria de personas migrantes, Feijóo aseguró que el Gobierno pretendía "incrementar el censo" mediante esa medida, vinculando por primera vez la política migratoria con un supuesto beneficio electoral futuro. Aquella tesis, compartida ampliamente por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encontró un obstáculo jurídico evidente. El hecho de que la regularización administrativa no concede de manera automática la nacionalidad española ni, por tanto, el derecho a votar en las generales de 2027. Ante esas críticas, el discurso cambió.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de diseñar la política migratoria del PP, matizó entonces que el supuesto efecto sería "a medio plazo" y enmarcó la cuestión en una estrategia de "clientelismo político". El problema para Génova ya no era que esos migrantes fueran a votar de manera inmediata, sino que el Gobierno estaría modificando progresivamente la composición del electorado para beneficiarse en el futuro, dando así por hecho que esos migrantes votarán en masa al PSOE o a un partido de la izquierda.
Esto contrasta con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales, las de 2023, lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, beligerantes con la inmigración, y eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros. Los datos del mismo estudio sugieren el motivo de esta predilección por las fuerzas de la derecha: colombianos y venezolanos aportan el mayor número de españoles nacidos en el extranjero que se autoubican ideológicamente entre el 7 y el 10 (en una escala en la que el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha).
Sin embargo, para el PP existe el riesgo de que los nuevos nacionalizados agradezcan a Sánchez con su voto la decisión de facilitarles una vía para poder trabajar de manera regular.
Cinco dirigentes, cinco argumentos
Las declaraciones de los principales portavoces del PP durante las últimas semanas muestran hasta qué punto el partido ha ido modificando el relato sin llegar a fijar una explicación única. Feijóo sostiene que el Ejecutivo pretende "fabricar nuevos votantes" mediante una utilización partidista de las nacionalizaciones. Según su tesis, el Gobierno estaría incorporando al censo personas que acabarían favoreciendo electoralmente al PSOE.
Sin embargo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evitó respaldar una acusación de ese alcance. Preguntado este lunes en rueda de prensa por las palabras de Feijóo, aseguró que "cuando está Sánchez, todo es posible", y añadió que el PP estará vigilante: “No nos fiamos”, subrayó. Su foco dejó así de estar en quién accede a la nacionalidad para trasladarse a los "procedimientos", sin concretar qué irregularidades teme el partido.
La portavoz oficial en materia migratoria, Alma Ezcurra, ha desarrollado una explicación distinta. En varias intervenciones ha defendido que el Gobierno no estaría utilizando la ley para reparar una injusticia histórica, sino para garantizarse una ventaja política futura. "Cuando queremos saber si alguien manipula unas elecciones, siempre miramos las papeletas. Pero hay una forma mucho más silenciosa de hacerlo: decidir quién entra en el censo electoral", afirmó recientemente. Un argumento que comparte con Vox.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ido todavía más lejos al poner el foco en la actuación de los consulados españoles encargados de tramitar buena parte de estos expedientes. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo la baronesa del PP en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Sus advertencias provocaron una reacción inédita dentro de la carrera diplomática, cuyos representantes expresaron públicamente su malestar por verse señalados como posibles colaboradores de un fraude sin que se aportara ninguna prueba.
En paralelo, otros dirigentes como la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, han metido incluso a Cuba en este relato. Este martes, en rueda de prensa desde la Cámara Alta, acusó al Ejecutivo de Sánchez de estar actuando "a toda prisa y con urgencia" y "externalizando incluso" esas nacionalizaciones que se derivan de la ley de nietos "a través de empresas cubanas vinculadas al régimen". "¿No es para sospechar? ¿No es para hablar de ingeniería electoral? Con Sánchez nada es casual, nada", planteó.
El resultado es un relato que cambia según quién tome la palabra. Para Feijóo el problema reside en las nuevas nacionalizaciones y, para Ezcurra, en la elaboración del censo. Ayuso pone el foco en el funcionamiento de los consulados y Sémper en la necesidad de vigilar el propio proceso electoral. El denominador común es la insinuación de que el Gobierno estaría actuando para condicionar el resultado de las próximas elecciones, aunque el partido no haya presentado pruebas que sustenten esa acusación y cada uno dé una explicación distinta sobre cómo puede repercutir y cuál es el conflicto de fondo.
A caballo de Vox
Ese endurecimiento del discurso coincide además con una aproximación al marco político que Vox lleva tiempo impulsando, al calor de prácticas similares de la extrema derecha en todo el mundo. La formación de Santiago Abascal denuncia desde hace tiempo un supuesto "pucherazo" –el último ejemplo ocurrió con el voto CERA de Andalucía– y alerta sobre una presunta manipulación del censo electoral mediante las nacionalizaciones. El PP había evitado hasta ahora ese discurso, consciente del alcance institucional que tendría cuestionar la limpieza del sistema electoral español. Pero ahora se lanza a alimentar esas mismas sospechas.
Las declaraciones de los últimos días muestran, sin embargo, una convergencia evidente. Aunque Feijóo evita hablar expresamente de fraude electoral, sí comparte con Vox la idea central de que el Gobierno estaría modificando la composición del electorado para obtener un beneficio político. La diferencia reside en que mientras Vox denuncia abiertamente un fraude, el PP mantiene la acusación en el terreno de la insinuación y habla de "ingeniería electoral" o de la necesidad de vigilar unos procedimientos de los que, según Sémper, “no nos fiamos”.
Ese cambio de estrategia ha sido contestado por Sánchez este martes, que definió la regularización como “un gran éxito” y criticó a quienes "hacen política con la inmigración”, en referencia al PP y también a Vox. “Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PIB en 2050. 90.000 bares cerrarían, desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50.000 aulas. La mitad del crecimiento del PIB español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes”, planteó. Lo cierto es que las concesiones de nacionalidad están reguladas por ley, sometidas a procedimientos administrativos tasados y, en última instancia, sujetas al control de los tribunales.
La hemeroteca que incomoda a Feijóo
La estrategia del PP tropieza, sin embargo, con la propia trayectoria de su líder. Durante sus años al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo defendió de forma reiterada la ampliación del acceso a la nacionalidad para los descendientes de emigrantes españoles, ya que el estatuto reconoce políticamente a la diáspora gallega y protege sus derechos políticos. Lo hizo en numerosas visitas institucionales a Argentina, Uruguay o Cuba en su etapa como presidente autonómico y volvió a reclamarlo ya como líder nacional del PP.
Feijóo acusa sin pruebas a Sánchez de ser el “nexo corruptor” y vuelve a pedir elecciones
En 2022, por ejemplo, pidió expresamente una ley que permitiera recuperar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles emigrados, sin limitar ese derecho únicamente a las víctimas del exilio contempladas en la ley de memoria democrática. Entonces presentaba esa medida como una cuestión de justicia y de reparación hacia la diáspora española.
La contradicción no afecta únicamente a Feijóo. El PP defendió durante la tramitación parlamentaria de la ley de memoria democrática ampliar todavía más el acceso a la nacionalidad, criticando precisamente que el texto del Gobierno dejara fuera a parte de los descendientes de emigrantes económicos. “Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”, planteó en 2018 la actual portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz.
Tampoco fue esa la posición de anteriores gobiernos conservadores. En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó la ley que permitió obtener la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España a finales del siglo XV. Aquella reforma fue presentada como una política de reparación histórica y de reencuentro con la diáspora sefardí, sin que el PP planteara entonces objeciones relacionadas con el censo electoral o con un eventual impacto sobre futuros procesos electorales.
El Partido Popular asume públicamente que ganará las próximas generales ante la “insostenible” situación del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que llevó la pasada semana al líder de Vox, Santiago Abascal, a rebajar las expectativas de los conservadores recordando lo que sucedió en el año 2023, cuando Génova ya empezó a repartir ministerios ante lo que pronosticaba que sería una sólida victoria electoral. No fue así. Sánchez volvió a ser investido presidente. Ahora, a menos de un año de las próximas generales, el PP combina dos discursos: el que da por hecho que ganará ante la movilización del electorado de la derecha y el que advierte de que no está ganado porque Sánchez quiere “fabricar nuevos votantes”.