El Gobierno ha aprovechado una pregunta por escrito registrada por Compromís en el Senado cuando estalló al caso Moix, a raíz de la exclusiva de infoLibre, para hacer suyas las palabras del titular de Justicia, Rafael Catalá, un día después del "cese a petición propia" del ex fiscal jefe Anticorrupción. Un puesto que, un mes después, sigue vacante.
"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló el pasado 2 de junio, durante la clausura de la VII Junta de Gobierno de los 83 colegios de abogados de España, en Granada, que "no es ético" que jueces, fiscales o políticos tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales cuando detrás está la intención de eludir el pago de impuestos", responde el Gobierno a Compromís, que había registrado tres preguntas por escrito el 30 de mayo.
Además, añaden, también recurriendo a las palabras de Catalá, en materia fiscal "somos todos contribuyentes e iguales".
Las cuestiones planteadas por el senador Carles Mulet, integrante del Grupo Mixto, eran las siguientes: "¿Piensa el Gobierno solicitar a Moix su dimisión?, ¿Qué valoración hace el Gobierno de estos hechos?, ¿Piensa que queda inhabilitado el fiscal jefe Anticorrupción a seguir en su cargo? y ¿Considera el Gobierno ético que el fiscal jefe Anticorrupción sea titular real del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y, al mismo tiempo, ocupar el cargo de fiscal jefe de Anticorrupción?"
La respuesta lleva fecha del 21 de junio, por lo que, dado que el cese fue el día 1, algunas de las cuestiones planteadas por Mulet ya estaban resueltas. En todo caso, el Ejecutivo aprovecha para recordar la comparecencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en la que anunció la marcha de Moix. Y destaca que allí se dijo que el exfiscal "tenía una sociedad que había heredado de sus padres, declarada ante la Hacienda española, y que tributaba todos sus impuestos añadiendo que "no hay ninguna censura profesional, legal ni en materia de incompatibilidades para el señor Moix". Por ello, se destaca, el fiscal general del Estado aceptó el "cese a petición propia" de Moix.
El Gobierno manifiesta también que, "desde el comienzo mismo de la Legislatura ha manifestado además de su confianza en el Ministerio Público, su más escrupuloso respeto hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden la institución de la Fiscalía, y que están contenidos en el artículo 124 de la Constitución Española y el artículo 7 del Estatuto Orgánico de aquella".
Los orígenes del caso
El pasado 1 de junio, Moix presentaba su dimisión. Sólo había durado 100 días en el cargo. En los dos días y medio que transcurrieron desde la publicación de la información por parte de este diario, se intentó aferrar al cargo con excusas falsas, que agravaron su situación. En sólo 24 horas, el Gobierno pasó de apoyarlo a desentenderse de él.
Este periódico informó de que Manuel Moix llevaba cinco años y medio siendo copropietario de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 535.000 euros.
Ante la imposibilidad de negar los hechos, Moix intentó aferrarse al cargo mediante dos maniobras: primero dictó a Elespañol.com una versión con algunos datos falsos y otros manipulados. Y cuando infoLibre desveló esas mentiras, defendió tres grandes argumentos en entrevistas a varios medios de comunicación: primero, que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva"; segundo, que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, unos costes de disolución que llegó a cifrar "en 90.000 euros", y tercero, que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 (cambió de versión sobre la marcha). Ninguna de estas tres afirmaciones era tampoco cierta, tal y como demostró este medio.
El papel de Moix en el 'caso González'
Antes de desvelar los vínculos de Moix con Panamá, este diario informó en exclusiva de que el máximo responsable Anticorrupción, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.
Esta misma semana, la asociación Contratrama presentó un escrito en el Tribunal Supremo acusándolo de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en su día contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. Los querellantes consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos, según consta en el escrito.
El Gobierno ha aprovechado una pregunta por escrito registrada por Compromís en el Senado cuando estalló al caso Moix, a raíz de la exclusiva de infoLibre, para hacer suyas las palabras del titular de Justicia, Rafael Catalá, un día después del "cese a petición propia" del ex fiscal jefe Anticorrupción. Un puesto que, un mes después, sigue vacante.