Corrupción

Gobierno, jueces y oposición plantean medidas para que los corruptos devuelvan el dinero

El ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, saliendo de la Audiencia de Castellón en noviembre de 2014.

"Que en caso de corrupción el corrupto que ha robado tenga que devolver el dinero es fundamental". La autora de esta propuesta es nada menos que María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que la enunció el pasado sábado en una entrevista realizada en el programa La Sexta Noche. No es la única: en los últimos tiempos, partidos, jueces e incluso el Gobierno han propuesto iniciativas para combatir un problema que ya supone la segunda preocupación para los ciudadanos.

En las últimas fechas, el peso de la justicia ha caído sobre algunos políticos corruptos, como el expresidente balear Jaume Matas –encarcelado desde julio por tráfico de influencias– o el exdirigente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra –que la semana pasada ingresó en prisión tras ser condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal–. No obstante, más allá de las penas que deben cumplir los penados por corrupción, hay un segundo elemento que preocupa a la ciudadanía: la devolución del dinero defraudado, una suma que, por ejemplo, en el caso de Fabra asciende a cerca de 1,4 millones de euros –700.000 como indemnización a la Agencia Tributaria y otros 700.000 como multa–.

El Gobierno ha propuesto en su anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal varias medidas encaminadas a solventar este problema, mientras que PSOE e IU también han planteado la necesidad de satisfacer una "demanda a gritos de los ciudadanos: que los corruptos no entren solo a la cárcel, sino que devuelvan lo robado", en palabras del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. No son los únicos: los jueces decanos introdujeron hace unos días hasta cinco iniciativas concretas en esta dirección en el documento que recogió las conclusiones de su encuentro anual.

Gobierno

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó el pasado viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un documento que ha provocado controversia a causa de algunas de las novedades que plantea, como el establecimiento de plazos máximos prorrogables para la instrucción de los procesos o la regulación que permitirá al Ministerio del Interior interceptar las comunicaciones de un sospechoso sin necesidad de autorización judicial cuando se investiguen delitos "de especial gravedad".

Pero además de estas medidas, la nueva norma también traerá aparejada una iniciativa con la que el Gobierno busca "lograr recuperar aquellos bienes que el corrupto o el sentenciado ha podido detraer del dinero público o beneficiarse de su actividad delictiva", en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: el llamado "decomiso autónomo". Esta figura capacitará a los jueces para confiscar a los procesados sus bienes a pesar de que a estos no se les pueda juzgar por estar ausentes o incapacitados.

No es la única medida incluida dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para luchar contra la corrupción, ya que el Ministerio también plantea establecer, tal y como explican fuentes institucionales, "mecanismos para facilitar la ejecución de las resoluciones de decomiso con relación a bienes que, en el momento de su intervención, aparecen registrados a nombre de terceras personas", normalmente testaferros. En esta línea, Catalá anunció también la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, destinada a la lucha contra la corrupción y basada en instrumentos similares utilizados en otros países: en Francia un órgano similar ha permitido recuperar 1.000 millones de euros en tan sólo dos años, según fuentes oficiales.

Oposición

El PSOE, por su parte, presentó a finales de octubre su propio paquete de medidas "en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción", unas medidas que también planteó en el debate sobre corrupción que tuvo lugar hace unos días en el Congreso de los Diputados. Y, entre ellas, se proponían varias para "asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros".

En este sentido, los socialistas plantean una "revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos". Esta reforma estaría encaminada a luchar directamente contra la utilización de testaferros por parte de los corruptos para evitar hacer frente al decomiso de sus bienes, y propone que "los jueces y tribunales que conozcan de la causa puedan declarar la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan transmitido, gravado o modificado la titularidad real o derechos relativos a los bienes y efectos".

Es decir, que según la propuesta del PSOE, los magistrados tendrían la capacidad de anular cualquier transacción si sospechan que busca tratar de evitar el pago de la responsabilidad civil. Y, en la misma línea, el partido dirigido por Pedro Sánchez también propone que los tribunales vigilen a los allegados de los investigados que hayan "experimientado un incremento patrimonial que no puedan justificar" con el fin de "determinar el origen de dicho patrimonio" y adoptar medidas en caso de que se deba a este tipo de prácticas.

IU, por su parte, también planteó a principios de noviembre una batería de medidas contra la corrupción, si bien a la hora de poner sobre la mesa iniciativas para el reintegro del dinero su documento se limitó a señalar la necesidad de establecer "medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes".

Jueces

Los jueces decanos han planteado cinco medidas concretas para tratar de recuperar el dinero defraudado por los corruptos. Algunas de ellas coinciden con las del Gobierno –como la creación de una "oficina de recuperación de activos"– o la oposición –se pide "permitir con las debidas garantías el embargo de bienes de testaferros o colaboradores [...] y la declaración de nulidad de negocios jurídicos por los que se hubieren transmitido los bienes procedentes del delito"–.

No obstante, los magistrados también proponen otras iniciativas para luchar contra este fenómeno. Una de ellas afecta directamente a la manera de enjuiciar los casos de corrupción, ya que los jueces señalan en su documento que "sería conveniente estudiar la posibilidad de reservar la responsabilidad civil para otro procedimiento distinto y parelelo al penal en determinados casos", un cambio que va en línea con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal planteada por el Gobierno, que establece que a la hora de enjuiciar a un presunto delincuente, cada delito suponga la apertura un proceso separado del resto.

Asimismo, los jueces proponen para facilitar la recuperación del dinero promover las herramientas ya existentes para cruzar datos "de datos de todas las entidades, autoridades u organismos" que los proporcionan. Y, en este sentido, hacen especial referencia al "punto neutro judicial", un mecanismo que permite a los jueces acceder a bases de datos "del propio Consejo [General del Poder Judicial], de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones", como las Administraciones Públicas o algunos colegios profesionales y entidades financieras.

Los magistrados proponen que Justicia ofrezca cursos para formar a los funcionarios en el uso de estas herramientas. Y en relación a los trabajadores públicos, los jueces decanos también plantean que se creen grupos especiales de "funcionarios especializados" en la "averiguación de bienes".

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