Gobierno y Podemos pactan subir impuestos a las grandes empresas, blindar la subida de las pensiones y elevar el salario mínimo a 900 euros

El acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado ya es una realidad. El Gobierno y Unidos Podemos firmaron este jueves a primera hora un pacto que llevaban semanas negociando y que en los últimos días se había enquistado hasta tal punto que solo la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha podido desbloquearlo. El proyecto, que ahora tiene que iniciar su tramitación en las Cortes, incluye entre sus medidas más importantes la subida del salario mínimo interprofesional en 2019 hasta los 900 euros mensuales, así como la implantación de un tipo mínimo del 15% de tributación para las grandes empresas o la obligatoriedad por ley de subir las pensiones con el IPC cada año.

Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo era la exigencia de Podemos de que el salario mínimo subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse por debajo de esta cantidad. Finalmente, el acuerdo [consúltalo en PDF] contempla un salario mínimo de 900 euros mensuales para 2019, frente a los 736 euros de la actualidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado mes de julio a llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales para el ejercicio 2020.

El incremento del salario mínimo a 900 euros supone un aumento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más. El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. En concreto, Rajoy acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020. Al final del periodo, el SMI llegaría a los 850 euros mensuales. No obstante, Gobierno y Podemos han pactado ir más allá para subir el SMI hasta 900 euros ya en 2019.

El Ejecutivo y la formación de Iglesias llevaban desde el mes de agosto negociando las cuentas públicas y ambas partes preveían tener listo el acuerdo global esta semana, antes de mandar a la Comisión Europea, como tarde el 15 de octubre, las líneas generales del plan presupuestario. Sin embargo, las negociaciones se estancaron el pasado fin de semana, después de que el Gobierno remitiera a Podemos una propuesta por escrito que resultó "decepcionante" para el partido morado, al no plasmar los compromisos verbales que, según Podemos, había manifestado el Ejecutivo.

Pensiones y Seguridad Social

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019, según el acuerdo presupuestario, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene, para lo que se destinarán 704 millones de euros. De esta forma, en 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de IPC, con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación de la inflación a finales de año, igual que sucederá en este ejercicio. Unidos Podemos, además, consigue llevar al texto otra de sus reivindicaciones: la obligatoriedad por ley de la revalorización de las pensiones conforme al IPC real.

En lo relativo al mercado laboral, Unidos Podemos y el Gobierno acuerdan que las horas extraordinarias vuelvan a cotizar a la Seguridad Social, y se revisarán las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad. Pese a la exigencia de Unidos Podemos, no habrá derogación de las dos últimas reformas laborales, aunque sí se acabará con los puntos más "lesivos" de la legislación de 2012 –actualmente en vigor–, "particularmente en materia de negociación colectiva", donde se ampliará "el régimen de no caducidad del convenio colectivo" a su finalización.

Gobierno y PSOE también han llegado a un acuerdo en materia de dependencia, donde se producirá un aumento del presupuesto: para el año que viene, se incrementará la dotación en 515 millones de euros. El documento también recoge el compromiso de eliminar el copago farmacéutico progresivamente y blindar por ley la imposibilidad de privatizar la sanidad, suprime "el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes, la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de diez días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja" y se promete "reducir las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis".

Reforma fiscal sin impuesto a la banca

Otro de los puntos del acuerdo contempla una de las principales exigencias de Podemos para aprobar los presupuestos: la reforma fiscal. El proyecto de cuentas públicas para el año que viene contempla la implantación de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades que no afectará a las pymes, y que ascenderá hasta el 18% para "las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos". No es la única modificación del impuesto de sociedades: las empresas que facturan menos de un millón de euros al año verán rebajada su tributación del 25% al 23%.

Asimismo, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado una subida del 1% en el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, y la puesta en marcha de un impuesto sobre las transacciones financieras "consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero". Por el contrario, la coalición no ha conseguido que se incluya en el acuerdo el impuesto extraordinario a la banca que propugnaba pero que Sánchez rechaza, aunque sí se prohibirán por ley las amnistías fiscales.

El IRPF también sufre cambios: se incrementarán en dos puntos los tipos para los contribuyentes con rentas superiores a los 130.000 euros anuales (pasarán al 47%) y se crea un nuevo tramo para gravar con un 51% a quienes ingresen por su trabajo más de 300.000 euros al año. Además, los productos de higiene femenina pasan a estar gravados con un IVA del 4% (en lugar del 10% actual), y los servicios de veterinaria pasan al tipo del 10% desde el 21% en el que se encuentran actualmente.

La regulación del mercado de la vivienda

La reforma del mercado del alquiler es otro de los puntos incluidos en el acuerdo. El Gobierno y Unidos Podemos se comprometen a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", una de las principales exigencias de la coalición morada en las últimas semanas, y también hay acuerdo para incrementar en un 38% –hasta los 630 millones de euros– el presupuesto dedicado a políticas de vivienda.

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Serán los ayuntamientos los encargados de intervenir en el mercado de alquiler para limitar precios, aunque para darles esa competencia el Gobierno se compromete a llevar a cabo una reforma legal. "Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual", explica el documento, que señala que las comunidades autónomas también podrán "regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

Además, la duración mínima de los contratos de alquiler para personas físicas volverá a ser de cinco años –después de que el PP la rebajara a tres–, y se limitará por ley la fianza que los arrendadores pueden exigir al arrendatario hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. Por otra parte, el Gobierno y Unidos Podemos se comprometen igualmente a aumentar en los próximos cuatro años en un total de 20.000 el número de "viviendas en alquiler a precios asequibles", y ofrecerán incentivos económicos a la "rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles".

La proliferación de los polémicos pisos turísticos también ha sido abordada por el pacto entre el Ejecutivo y Unidos Podemos. Una de las medidas incluidas en el texto es la de impulsar "reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio", y el Gobierno se compromete a llevar a cabio estos cambios legislativos " a lo largo de 2019".