Cataluña ante el 1-O

El Gobierno seguirá dando pasos para "dejar sin oxígeno" a los promotores del referéndum

Mariano Rajoy, en un acto del PP de Cataluña.

A medida que se acerque el 1-O la respuesta del Gobierno a los promotores del referéndum será aún más contundente. Así lo aseguran fuentes del Ejecutivo que lo resumen de una forma gráfica: se trata, dicen, de "dejar sin oxígeno" a quienes, día tras día, "dan la espalda" a la Constitución y a las sentencias de los tribunales.

¿Significa esto que estamos a las puertas de que se aplique el artículo 155 de la Constitución –el que implica la suspensión de la autonomía–? A día de hoy ni el PP ni el Gobierno descartan nada. Admiten que no es el escenario ideal. Pero que ya han ido dando pasos en las últimas semanas que tampoco les gustaría haber dado. Y están convencidos de que, si hiciera falta aplicarlo, tanto antes como después del 1-O, contarían con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, formaciones que están respaldando el grueso de las actuaciones del Ejecutivo ante el "desafío soberanista".

En los últimos días, lo máximo que se ha escuchado decir a Rajoy es que los defensores del referéndum le iban a "obligar " a hacer aquello a lo que no quiere "llegar". Sin más pistas. En el Ejecutivo saben que están ante el asunto más delicado de la legislatura y que se la juegan en su gestión. No obstante, se declaran satisfechos con los pasos dados hasta ahora y creen que para que nada se tuerza de aquí al 1-O es clave no desvelar sus cartas. "Vamos a por todas, está clarísimo. Y se verá día a día. Las estrategias no se cuentan, se ejecutan", mantiene un veterano diputado.

En las últimas semanas, el Gobierno se ha enfrentado a algunas voces internas que consideraban que la respuesta del Estado a los independentistas no estaba siendo todo lo "dura y contundente que requiere un desafío de estas características". Estas críticas se agudizaron la semana pasada cuando no se intervino en el arranque de la campaña. Este lunes, el Partido Popular difundió un argumentario en el que defendía que se está actuando con "firmeza, inteligencia, serenidad, proporcionalidad, aplomo y con la rapidez necesaria".

Junto a la actuación del Gobierno, el PP recuerda en el citado documento que el TC ha suspendido "todas las ilegalidades que se han detectado", que "la Fiscalía ha actuado en defensa de la Ley y de las personas" y que "los grandes partidos políticos se han unido en defensa de la nación española, de la ley y de los derechos de todos".

Se "toma nota" de los responsables de los actos de campaña

Sobre la organización de los actos de campaña pro referéndum, en la Moncloa defienden que no se actúa para impedirlos porque, ante todo, quieren evitar "conflictos sociales". Eso no quiere decir, advierten, que no se esté "tomando nota" de los máximos responsables de estos actos. Así, no se descartan actuaciones en este sentido en los próximos días.

Cada actuación, insisten, debe estar muy medida para no conseguir el efecto contrario, para no alimentar el discurso de los promotores del 1-O

En esta línea de "dejar sin oxígeno" a los responsables del referéndum ilegal, en Moncloa recuerdan las medidas de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos anunciadas el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿Un 155 económico?

En esencia, el Ministerio de Hacienda ha tomado el control sobre los ingresos de la Generalitat, concretamente los que le corresponden vía financiación autonómica. Desde la publicación de este medida en el BOE –el pasado sábado–, el Estado no enviará nuevas transferencias a la comunidad autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. El abono incluirá también las nóminas de un importante número de funcionarios.

La letra pequeña de lo aprobado incluye, además, una recomendación a los proveedores de la Generalitat para que aclaren que no ayudan al 1-O y una seria de peticiones a los bancos. Así, el Gobierno ha enviado el acuerdo a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad, deben comunicarlo al Ministerio Fiscal, según informó Hacienda.

Este mismo lunes se celebró una reunión técnica entre Hacienda y representantes de las entidades financieras y, según ha podido saber infoLibre, estos plantearon al departamento de Montoro múltiples dudas sobre el procedimiento para controlar los gastos de la Generalitat. Relacionado con esto, desde el ministerio se avanzó que también se controlarán los pagos con tarjeta de altos cargos de la Generalitat. 

"Sin margen para el diálogo"

En la Moncloa consideran que en los próximos días van a incrementarse las ofertas de "diálogo" por parte del Govern. No se las creen. Y, además, consideran que "no hay margen" antes del 1-O.

"No se puede hablar con alguien que mantiene el referéndum como condición para seguir hablando", señalan en el Gobierno. 

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