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Cataluña ante el 1-O

El Govern teme que los Mossos pasen a las órdenes del Estado

Dispositivo de los Mossos frente a la Conselleria de Exteriores en Via Laietana.

infoLibre

El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, advirtió este viernes de que el Gobierno puede estar planeando una "intervención directa" de los Mossos d'Esquadra, invocando para ello un artículo (el 46) de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de 1986, que no cita el Ministerio del Interior en su carta de hoy.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, invocó el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que regula las funciones de las policías autonómicas en una carta –a la que ha tenido acceso Europa Press– remitida al consejero Forn en la que justifica el refuerzo de policías y guardias civiles por las "movilizaciones tumultuarias de apoyo al referéndum ilegal".

El ministro no cita el artículo 46 al que se ha referido Forn. La diferencia entre los artículos 38.2 y 46 es que el primero regula la colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos, mientras que el segundo recoge que cuando "concurran simultáneamente miembros o unidades" de ambas policías (estatales y autonómicas), "serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

A diferencia del 46, con el que sí habría una intervención de facto de los Mossos, el 38.2 al que invoca Zoido en su carta lo que regula es la función de la policía autonómica "en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El ministro decía en su misiva que el despliegue policial es para "apoyar a las unidades del Cuerpo de Mossos d'Esquadra".

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En el reparto de funciones, el artículo 38.2 al que se refiere Zoido reconoce el "carácter prioritario" que tiene la policía de cada Comunidad Autónoma, pero a continuación precisa que lo anterior es "sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press no quisieron valorar las palabras de Forn sobre el uso del artículo 46, recordando que el propio Zoido explica que la Policía y la Guardia Civil "actuarían en el hipotético caso de que se mantuviera la convocatoria del referéndum ilegal, asumiendo las funciones de vigilancia de espacios públicos y mantenimiento del orden".

Desde que el Parlament aprobó las conocidas como leyes de desconexión, el Gobierno, incluido el Ministerio del Interior, defendió que no habría referéndum el 1 de octubre y que no descartaba aplicar ninguna medida, dentro de la ley, para impedirlo.

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