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El futuro de Cataluña

Lo que la Guardia Civil acredita (y lo que no) sobre la malversación del 'procés'

Registro de las instalaciones de la empresa Unipost.

Fernando Varela

Los informes que la Guardia Civil ha entregado hasta ahora al Tribunal Supremo para servir de base a la acusación de malversación contra el Govern de Carles Puigdemont combinan cálculos, estimaciones y facturas que no constan como pagadas, según las últimas diligencias remitidas el 27 de marzo y que fueron conocidas este jueves. La suma de todos los conceptos asciende a 1.932.757,42 euros.

Estos son los conceptos y las cantidades económicas a los que hace referencia el Instituto Armado:

  Publicidad en los medios

La Guardia Civil ha establecido que “el coste de la publicidad en los medios, relacionado con el referéndum del 1-O” fue de 502.639,61 euros. En concreto habla de “una campaña de anuncios que denomina “Vías y otros” en TV3 de 277.804,36 euros y el total de la campaña “Sí o no” de 224.835,25. En diligencias previas, aseguraban que se financió con cargo al contrato programa que rige el dinero que la Generalitat concede anualmente a la Corporació Catalana de Medios Audiovisuales (CCMC). 

  Servicios prestados por la empresa Unipost

En este caso la Guardia Civil cita cinco facturas intervenidas a la empresa Unipost que alcanzaban la cifra de 979.661,96 euros. El Instituto Armado reconoce que “no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas”.

Estas facturas, sin IVA, son las siguientes:

 

  1. Departamento de Cultura: 196.696,98 €
  2. Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda: 193.889,98 €
  3. Departamento de Salud: 192.711,20 €
  4. Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia: 197.492,04 €
  5. Departamento de Presidencia: 198.871,76 €

La Guardia Civil asegura que hubo “dos intentos de cobro para el importe de 238.965,37 euros”, una cantidad que se corresponde con la factura número 4 una vez añadido el IVA.

Sí consta, según la Guardia Civil, la existencia de “notas de entrega intervenidas en Unipost” que “fueron emitidas v registradas con el sello de salida en cada uno de los cinco departamentos de la Generalitat” citados, “conociendo tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario (Unipost) al que se daba la orden de pedido (nota de entrega). La cantidad que se recoge en esas notas es la de 979.661,96 euros”.

A esta suma, la Guardia Civil añade otros 651,8 euros, también un servicio de Unipost, que es el valor que atribuye a 56.196 sobres con el nombre de la Generalitat “conteniendo las designaciones de los componentes de mesas”.

Dentro de este capítulo, en total la Guardia Civil considera “malversada” la cantidad de 980.313,76 euros.

  Impresión y reparto de carteles

La Guardia Civil dice que “la valoración” de esos carteles fue de 61.879 euros y asegura que su elaboración y difusión “las gestionó Òminum para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos de esos carteles”. En sus diligencias, sostiene que “la Generalitat, a través de Antoni Molons García, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, utilizó a Òmnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución”.

Òmnium Cultural, consultada por infoLibre, asegura que esta acusación es “rotundamente falsa”. Las mismas fuentes aseguran qeu la Guardia Civil está “obsesionada” con que Òmnium realizó o encargó el cartel de publicidad del 1-O. “En el último registro buscaban la factura que lo demostrara y los archivos del cartel y no encontraron ni una cosa ni la otra”. “No hemos hecho ningún cartel para la Generalitat ni tampoco lo hemos financiado. El tiempo nos dará la razón”, aseguran.

  Invitación a observadores internacionales

Las diligencias de la Guardia Civil también sostienen la existencia de dos transferencias realizadas por la delegación de la Generalitat en Bruselas a la sociedad The Hague Genter for Strategic Studies por importe de 119.700 euros a los que suma “un compromiso de pago de 47.365 euros”, aunque esa “cantidad desconoce si se abonó o no”.

El Instituto Armado reconoce que no ha podido determinar la totalidad de las personas que actuaron como observadores internacionales, pero a pesar de ello asegura que sí “se conocen” gastos vinculados con la logística sobre estas personas: 40.591,22 euros entre vuelos, hoteles y actos.

Y señala a Raül Romeva, el que fuera conseller de Exteriores y hoy encarcelado en la prisión madrileña de Estremera, como el responsable de las dos instituciones, la delegación en Bruselas y Diplocat, “que han asumido gastos de fondos públicos, y que hasta ahora alcanza la cantidad de 217.656.22 euros”.

  La presentación del referéndum el 4 de julio 2017

La Guardia Civil ha establecido que el Grupo Parlamentario Junts pel Sí gastó 17.690,20 euros para usar el 4 de julio de 2017 el Teatro Nacional de Cataluña durante la presentación del reférendum, que entonces todavía no tenía fecha. El acto, subrayan las diligencias, “tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del sí en ese referéndum”.

De este gasto, la Guardia Civil deduce que “el Grupo Parlamentario Junts pel Sí ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para la presentación del referéndum”. No aclara cómo se puede imputar a miembros del Gobierno supuestos gastos realizados por un grupo parlamentario.

  Informes para preparar el referéndum

La Guardia Civil afirma estar investigando el pago con dinero público de unos informes realizados por Carles Viver Pi y Sunyer “o su entorno” relacionados con la preparación del referéndum. Viver es doctor en Derecho y fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 1992 y 2001.

  ‘Call center’

Según las últimas diligencias conocidas, el Instituto Armado también investiga los gastos empleados para el acondicionamiento de un call center call center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos del referéndum así como del “material principalmente informático para ese  evento”.

En este contexto, la Guardia Civil asegura que la Generalitat financió material informático “por valor estimado de 40.227,78 euros” con destino a ese call center, situado en una nave anexa al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Información del Govern (CTTI). Pero “se está todavía en fase de investigación para conocer qué cantidad se destinó a ese fin, y la que se cita de 40.227,78€; en realidad se trata del total que la Generalitat destinó a la adquisición de material informático a la empresa Fujitsu”.

El Diplocat gastó casi 18.000 euros en hoteles para 47 observadores del 1-O

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  Papeletas para votar

La Guardia Civil ha trasladado al juez que “la cantidad de 152.578,63 euros [que cita por este concepto] es el valor del material electoral que se pretendía utilizar para llevar a cabo el referéndum del 1-O”. Esta valoración se llevó a cabo, explica el propio Instituto Armado, “tomando como referencia la relación de precios presentada para cada lote de material electoral por las empresas homologadas siguiendo un Acuerdo marco de suministro de material electoral  de la Generalitat. “Tomando el precio más bajo (de ese contrato marco) para cada documento, alcanzó la cifra de 92.209,03 euros”, afirma la Guardia Civil.

Ese valor hace referencia a las papeletas (2.496.000) y sobres (1.880.000) destinados al referéndum intervenidas el 28 de septiembre y que fueron “adquiridas a la empresa francesa Ghesquieres Zi Le Hellu, con domicilio en 2 Rue Paul Langevin, Lezennes (Francia)” [en realidad la empresa se llama Ghesquieres SA y está en la Zona Industria Le Hellu]. El material, sostienen las diligencias entregadas al Supremo, “se valoró” en 60.369,6 euros que, sumados a “lo intervenido” ocho días antes en los municipios de Bigues i Riell e Igualada, suman 152.578,63 euros.

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