Corrupción
La Guardia Civil registra la sede de Convergència
Agentes de la Guardia Civil acaban de irrumpir en la sede central de Convergència (CDC) para registrar el despacho del administrador de la fundación Catdem, Andreu Viloca. Los agentes buscan documentos relacionados con el presunto pago de comisiones al partido de Artur Mas a través de Catdem, nuevo nombre de la histórica fundación Trias Fargas. Es la primera vez que una fuerza policial irrumpe en la sede del principal partido catalán. Este hecho, sumado a que el registro se produce a un mes de las elecciones convocadas para el 27 de septiembre, dispara de manera exponencial la envergadura de la operación y sus posibles consecuencias políticas.
La entrada en la sede de CDC no figuraba entre las inicialmente autorizadas por el juez, que había dado permiso previo para efectuar rastreos en la sede de Catdem, en el domicilio del extesorero de CDC y antiguo administrador de la fundación, Daniel Osacar, y en cuatro ayuntamientos: Lloret de Mar, Sant Cugat, Sant Celoni y Figueres.
El registro a CDC ha sido autorizado hace pocos minutos por juez que instruye el caso, el número 1 de El Vendrell. Fuentes de la investigación han explicado a infoLibre que el registro parcial en la sede del partido de Artur Mas se produce porque es allí donde tiene su despacho el administrador de Catdem.
Catdem, una fundación ligada a CiU
La operación de la Guardia Civil se inició este viernes pasadas las 9.00 horas, cuando inició el registro en la sede barcelonesa de Catdem, en busca de pruebas sobre una presunta financiación ilegal a cambio de adjudicaciones públicas. Así lo confirmaron a infoLibre fuentes de la investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y que también afecta a varios ayuntamientos catalanes gobernados por CiU o que lo estaban a finales de la pasada década.
La sombra del 3%, el porcentaje que ya hace diez años señaló el entonces presidente catalán Pasqual Maragall como el de la mordida exigida por CiU a los adjudicatarios de contratos públicos, planea de nuevo sobre la escena política. Y ocurre así en vísperas de unas elecciones decisivas para el futuro de Cataluña, las del 27 de septiembre.
El detonante de la operación, iniciada a primera hora de esta mañana, fue el reciente arresto –el pasado 23 de julio- de tres miembros de la familia Sumarroca, un apellido política y empresarialmente asociado a los Pujol desde el nacimiento de CDC.
Los registros practicados entonces bajo la batuta de los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo y con el amparo del juez de instrucción número 1 de El Vendrell resultaron decisivos. Lo que había comenzado en 2013 como una investigación por el presunto soborno del hoy exalcalde de Torredembarra, un municipio tarragonés cuyo censo no llega a los 16.000 habitantes, experimentó ese día un salto que los investigadores consideran cualitativo.
Porque, aunque no había trascendido hasta la fecha, en el registro al cuartel general de las empresas de los Sumarroca la Guardia Civil hizo un hallazgo que las fuentes consultadas consideran muy importante: el de documentos cuyo contenido exacto se desconoce pero que “conducen a la fundación Catdem como posible destinataria del 3% de comisión ilegal” que una de las empresas de la familia Sumarroca, Teyco, habría desembolsado supuestamente a cambio de adjudicaciones amañadas.
Y ese supuesto amaño no se ceñiría ya al parking que, en 2009 y con Daniel Masagué como alcalde, otorgó el ayuntamiento de Torredembarra a Teyco sino que alcanzaría también a importantes adjudicaciones públicas de otras poblaciones catalanas.
Entrada en cuatro ayuntamientos
El operativo incluye la entrada en cuatro ayuntamientos que otorgaron adjudicaciones a Teyco: Sant Cugat y Sant Celoni, en Barcelona; y Figueres y Lloret de Mar, en Girona.
Catdem es el nuevo nombre que en 2009 adoptó la Fundación Trias Fargas tras verse envuelta en el escándalo del caso Palau, hora pendiente de juicio. La instrucción reveló que Catdem fue uno de los instrumentos de los que se valió el partido de Artur Mas para obtener fondos a través del Palau de la Música gracias a los “aparentes” acuerdos de colaboración que mantenían ambas entidades.
Los Sumarroca se han contado tradicionalmente entre los mayores donantes de esa fundación. Paralelamente, sus dos principales empresas –Comsa Emte y Teyco- encabezan el ranking de adjudicaciones de obra pública en Cataluña.
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Una investigación periodística efectuada en 2014 por la web catalana El Crític y basada en el Registro de Contratos de la Generalitat cifró en 25 millones de euros el importe de las licitaciones adjudicadas por el Gobierno de Artur Mas a esas dos sociedades durante la actual legislatura.
Uno de los miembros de la familia detenidos el 23 de julio fue precisamente Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco e hijo del fundador de la saga, Carles Sumarroca Coixet. El patriarca de la familia y otro de sus hijos, Carles Sumarroca Claverol, ya estaban imputados en otro relevante caso judicial: el que instruye el juzgado central 5 de la Audiencia Nacional con Jordi Pujol hijo como principal imputado.
De lo investigado hasta la fecha, la Fiscalía concluye que los Sumarroca pagaron durante años comisiones a Pujol Ferrusola a cambio de su mediación para obtener contratos públicos.
