Huracanes, incendios o sequías: 20 millones de desplazados climáticos cada año sin protección jurídica

Más de 20 millones de personas huyen de sus hogares cada año por fenómenos meteorológicos provocados por el cambio climático, según datos de ACNUR. Son más desplazados que los del total de conflictos armados que hay en el mundo. Inundaciones como las que sufrió Pakistán en 2022 provocaron movimientos tan grandes como los de la guerra en Ucrania. Este año la revista Nature ha publicado un estudio en el que demuestra que los efectos de la crisis climática se están agravando y superan los límites que permiten vivir de manera segura y justa en el planeta. 

No existe ningún tipo de regulación jurídica que ampare a estas familias que emigran por motivos sobrevenidos a día de hoy.  “No hay una respuesta adecuada de la comunidad internacional para garantizar la seguridad de estas millones de familias que, en su mayoría,  se ubican en el sur global”, comenta Raquel Celis Sánchez, coordinadora del área de Incidencia y Participación Social  de Zehar-Errefuxiatuekin, en un evento organizado por CEAR para analizar las relaciones entre el cambio climático y los desplazamientos forzosos en la era digital, con motivo de la celebración de la COP-28 de Dubai.

Ni protección, ni fronteras seguras

Aunque se hable de “refugiados climáticos”, lo cierto es que los desplazados por este motivo no pueden solicitar este tipo de protección internacional. Celís apuesta por avanzar hacia nuevas interpretaciones de lo que es una persona refugiada para que pueda incluir estos supuestos y piden que se garantice el principio de no devolución cuando peligre la integridad física del solicitante. “La vía del refugio no sirve hoy en día para estos casos cada vez más frecuentes. No lo hace ningún estatus de protección internacional actual”, afirma Beatriz Felipe, ambientóloga y doctora en Derecho, y autora del libro Migraciones climáticas. Sobre desigualdad, mitos y desprotección. 

“Se ha avanzado muy poco, estamos prácticamente igual que hace diez años en Derecho Internacional y hay grandes vacíos, aunque cada vez tenemos mejores datos e investigaciones” añade la escritora, que cree que el problema está en que “hay una falta evidente de voluntad política”. “No es que no haya voluntad, es que hay una prioridad por evitar que lleguen a toda costa. Me pregunto por qué no hablamos de desplazamiento forzado, sino de migración climática”, contraargumenta Celís. 

Ya existen algunos instrumentos jurídicos y políticos que tratan de dar una solución a esta problemática, aunque en la mayoría son regionales o no vinculantes. Un buen ejemplo es la Convención de Kampala firmada por la Unión Africana que obliga a proteger a los afectados por desastres meteorológicos, aunque sólo a nivel interno. También destacan las expertas la Declaración de Cartagena sobre los refugiados que, aunque no reconoce explícitamente estos movimientos transfronterizos, sí obliga a la protección por graves impactos en el orden público, una coletilla que “podría servir”. “Es un ejemplo de lo que se puede hacer, al menos en la teoría, aunque los desplazamientos internacionales queden fuera”, apunta Felipe y añade: “Hay algunos estados que ya incluyen referencias cruzadas entre el cambio climático y la movilidad”. 

CEAR lleva meses reivindicando que la Unión Europea cuenta desde 2001 con una directiva de protección temporal que permite dar asistencia inmediata, pero que sólo se utilizó durante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Esta directiva contiene una definición de persona desplazada “amplia “, pero podría desaparecer en las actuales negociaciones para un nuevo acto de asilo que se están llevando a cabo durante la Presidencia europea española. España también cuenta con mecanismos de residencia por razones humanitarias como el que se puso en marcha tras el terremoto de Haití en 2010. 

Caterina Rodelli se encarga de analizar las políticas de la Unión Europea en cuestiones como la vigilancia en fronteras o la inteligencia artificial a través del proyecto Access Now, que investiga las políticas migratorias de la UE: “Europa está a años luz de un instrumento como el de Kampala. El pacto de migración y  asilo que se está discutiendo ahora no va por ese camino. Se ha apostado por  reforzar las fronteras y retener la movilidad con tecnologías cada vez más sofisticadas”, y alerta de que algunos avances, como la inteligencia artificial, son un riesgo para los colectivos más vulnerables, como las personas migrantes o racializadas, ya que están diseñados “por personas y cuentan con un sesgo”. 

Caterina asegura que la forma de recopilar datos  puede ser “muy violenta” en el caso de los migrantes: “Con los datos se crean perfiles y predicciones. Si vemos las políticas recientes de migración en Europa se habla constantemente de la deportación y para ello es necesario tener un control complejo de los cuerpos: rostros, huellas digitales, perfiles… Actualmente se está probando hasta a recolectar emociones y es un precedente peligroso. Desde las instituciones se parte de la idea de que las personas migrantes siempre tienen algo que esconder”. 

Este tipo de tecnologías ya se usan en varios países de la UE. En Alemania se está empezando a registrar el habla de los solicitantes de asilo para comprobar si su acento coincide con el lugar de origen que afirmar tener.  “En las fronteras se utilizan drones, cámaras térmicas… Pero el objetivo es evitar que las pateras crucen a aguas europeas y facilitar su devolución, no ayudar ni salvar vidas”, concluye. 

La mayoría son desplazados internos y se encuentran en el Sur global

El cambio climático no afecta a todos por igual, ni todos contribuimos de igual manera a él. Occidente sigue siendo el gran contaminador, mientras que los países más vulnerables a sus efectos se encuentran en su mayoría ubicados en el sur global y en las zonas más deprimidas económicamente. 

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La mayor parte de estos movimientos no son transfronterizos. De acuerdo a los últimos datos del Internal Displacement Monitoring Centre, en 2022 hubo 32,6 millones de desplazados internos que dejaron sus hogares como consecuencia de la degradación ambiental y el cambio climático, una cifra récord desde que hay registros. “La mayoría de los afectados buscan refugio en sus propios países. Hay que recordar que se ven obligados a emigrar,  incluso a veces es necesario reubicar a comunidades enteras. Ya sucede en Alaska y en algunas islas del Pacífico”, explica Felipe que incide en que estos movimientos tienen un origen “multifactorial”, en el que influye el cambio climático, la desigualdad económica y social, o la estabilidad de los gobiernos. “Hay que visibilizar también las inmovilidades, a aquellos que no pueden o no quieren marcharse, incluso cuando su hogar se vuelve inhóspito”, continúa. 

Los niños y las mujeres son los más afectados por estas catástrofes medioambientales. En Ghomara, una isla de la India que ha perdido varios metros en los últimos años por culpa de la erosión, las mujeres han asumido más carga de trabajo y pobreza, tras ver cómo sus maridos se veían obligados a emigrar. En los desplazamientos se enfrentan a violencia sexual o la trata de personas.

“Necesitamos hablar de justicia ambiental. Uno de los principales patrocinadores de la COP-28 es Google, que el año pasado gastó 15.000 millones de litros de agua en sus supercomputadoras mientras millones de personas sufren estrés hídrico en el mundo y podrían convertirse en nuevos desplazados”, explica Celís que recuerda que hasta ahora en ninguna cumbre se ha hablado de los desplazados por la degradación ambiental o el cambio climático y que, de igual manera, son pocos los textos sobre medioambiente que contemplan estas situaciones y tratan de buscar soluciones.