El Gobierno cree que el TS no fija jurisprudencia con el 'caso Arandina' y descarta una reforma exprés de la ley

Esperar al Tribunal Supremo y, después, decidir. Ese fue el argumento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras producirse las primeras revisiones a la baja de sentencias contra agresiones sexuales tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del solo sí es sí. “Corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, el unificar esa doctrina. Esperemos a que los tribunales unifiquen la doctrina para extraer conclusiones”, fueron sus palabras. Una tesis que después avaló Igualdad, el departamento impulsor de la norma, y Justicia, que también participó en su elaboración.

El alto tribunal se ha pronunciado por primera vez este martes, pero los jueces no han llegado a establecer una doctrina. La Sala Penal ha dictaminado aumentar las penas a dos de los exfutbolistas del Arandina condenados por abusar sexualmente de una menor de edad en su piso en 2017, tras el recurso presentado por las partes. Sin embargo, la Sala Penal ha impuesto un año menos de prisión de lo que pedía la Fiscalía al entender que la nueva norma es más beneficiosa que el anterior Código Penal, que les condenaría a diez años.

Fuentes del Ejecutivo trasladan a infoLibre que esta decisión del Supremo no marca jurisprudencia porque no es una revisión de sentencia con condena firme amparándose en la ley de solo sí es sí —como los casos de las últimas semanas— sino la respuesta a un recurso de casación que se solicitó tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de imponer cuatro y tres años de prisión a los dos acusados. Asimismo, abogan a esperar a tener "la sentencia completa" y no solo un comunicado, como es el texto difundido ayer por el Supremo, para "analizar en profundidad" los argumentos del alto tribunal.

Es más, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha valorado positivamente la sentencia. "Con la ley del solo sí es sí el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias. Hay que aplicar toda la ley", ha afirmado a través de su cuenta de Twitter.

La titular de Justicia, Pilar Llop, también ha defendido la "solidez" de la ley. "Se trata de un texto que intenta proteger a las víctimas. Una ley que va más allá de los aspectos punitivos, es protectora de las víctimas", ha afirmado. Aun así ha abogado por esperar a tener la resolución completa y poder "analizar detenidamente" el caso. Por el momento, tanto Igualdad como Justicia rechazan llevar a cabo una reforma exprés de la polémica ley.

El Supremo se aparta del criterio de la Fiscalía

En el comunicado emitido este martes, el Supremo aboga por que en las revisiones en aplicación de la nueva ley se fije la pena más beneficiosa para el reo, pero también considera que hay que estudiar individualmente cada caso y rechaza que la rebaja se aplique de forma global. “La ley podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fija ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, y no de forma global, tanto en asuntos pendientes de juicio, recursos de apelación y casación y en ejecutorias penales", apunta.

Así, el alto tribunal se aparta del criterio de la Fiscalía, que rechazó las reducciones de pena “como regla general” siempre que el castigo impuesto con la anterior ley siga siendo posible con la nueva. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, abogó por que no se modificarán penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal, un criterio que evitaría una rebaja "automática" de condenas. En concreto, el jefe del Ministerio Público dictó un decreto para que los fiscales diesen "una respuesta uniforme" a las revisiones de condenas firmes suscitadas por la entrada en vigor de esta ley".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que la Sala Segunda analizará otros recursos de casación contra casos de abusos y agresiones sexuales ocurridos en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha. La semana pasada, han precisado, el tribunal ya examinó otros, entre ellos uno referido a Baleares.

El 'caso Arandina': de agresión a abuso sexual

El caso Arandina ya ha recibido varias revisiones de distintos organismos. La primera llegó en el año 2019, cuando los tres exfutbolistas Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años de cárcel por delitos de agresión sexual. Ese primer fallo fue recurrido y, un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León determinó que uno de los jugadores, condenado previamente por agresión sexual, era inocente.

El TSJCyL también rebajó sustancialmente las penas de los otros dos: de 38 años a 3 o 4. Lo que primero fue calificado de agresión sexual, pasó a ser un delito de abuso. El TSJ de la comunidad consideraba que la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima eran suficientes atenuantes. Las organizaciones feministas tacharon el fallo de "retroceso". 

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, pidió este martes "calma" y "respeto" hacia la ley, y puso el foco en esta rebaja del TSJ de Castilla y León. "Hay alarma por una sentencia del Tribunal Supremo que sube (sic) las penas de 3 a 9 años ¿Recuerdan la alarma cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León bajó de 38 a 4,3 y 0? ¿No?", ha ahondado la exmagistrada.

Los socios del Ejecutivo defienden la ley: "Nuestro grupo votó a favor y lo volvería a hacer"

Este martes también se ha debatido en el pleno del Congreso una proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP para pedir que se reviertan los efectos de la ley del sí es sí. Sin embargo la formación conservadora no ha contado con los apoyos del resto de grupos parlamentarios, que mayoritariamente han defendido la idoneidad de la norma pese a la revisión de algunas penas.

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La diputada de EH Bildu Bel Pozueta ha asegurado que la norma "defiende herramientas de protección para todas las mujeres: "No duden de que vendrán más avances, muchos más", ha avanzado. Por su parte el representante del PNV, Joseba Agirretxea, ha recordado que el Congreso decidió "mayoritariamente" que "esta ley era necesaria": "Nuestro grupo votó a favor y lo volvería a hacer", ha defendido.

También la ha defendido Pilar Calvo, diputada de Junts: "Es una buena ley para las mujeres, que empodera y feminista", ha señalado, si bien a renglón seguido a admitido que "no se cerró bien", ahondando en la diferencia de criterios entre unos tribunales y otros. Por su parte Pilar Vallugera, de ERC, ha desmentido desde la tribuna algunos de los bulos que han surgido a raíz de la rebaja de penas. "Decir que todos los violadores van a salir de la cárcel no es verdad", ha explicado, reivindicando la necesidad de la ley.

La diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha dirigido sus críticas en el Partido Popular. "Atacan sistemáticamente al Ministerio de Igualdad y, por extensión, al movimiento feminista. Esto va de colocar el consentimiento en el centro. Por eso hemos acabado con la distinción entre abuso y agresión", ha afirmado. Una crítica que también ha mantenido la parlamentaria socialista Andrea Fernández: "Señorías del PP, en materia de igualdad siempre han manejado dos escenarios: o se oponen frontal y radicalmente y recurren las leyes de igualdad al Constitucional o acaban asumiendo, a rebufo, las posiciones del PSOE".