Andalucía

Jerez de la Frontera: condenada ciudad

Condenada ciudad

Jerez de la Frontera no levanta cabeza. Con dos ex alcaldes en prisión, Pilar Sánchez (PSOE) y Pedro Pacheco (Partido Andalucista), la quinta ciudad por población de Andalucía, con casi 213.000 habitantes, ofrece síntomas de depresión. Tiene un 38% de paro y su ayuntamiento acumula una deuda de mil millones de euros. Le cuelga el sambenito de ciudad en quiebra. Y es cierto que ha sido brutalmente golpeada por la crisis y la mala gestión. Los sindicatos cifran en más de 500 las empresas cerradas desde el inicio de la crisis económica. "La ciudad está estancada. Hay mucha gente viviendo indignamente", explica Antonio Gómez, presidente fundador de Madre Coraje. El Gobierno del Ayuntamiento (PSOE), requerido en numerosas ocasiones desde el 3 de febrero, ha rehusado participar en este reportaje. Ante la pregunta reiterada de si tiene algún plan, idea o posible solución para enderezar la lamentable situación social de la ciudad y la terrible situación económica del Consistorio, no ha sido capaz de ofrecer ninguna respuesta.

El Teatro Villamarta, emblema del vigor y singularidad de la cultura jerezana, está seriamente amenazado de cierre

por la incapacidad del Ayuntamiento para asumir su funcionamiento. El propio Ministerio de Hacienda ha disuelto la fundación del teatro en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local, argumentado que arrojó pérdidas en 2012, 2013 "y al parecer, ya que las cuentas no están formuladas, también en 2014". El conflicto y la sensación de incertidumbre alcanzan hasta el último rincón del ámbito municipal: desde el Teatro Villamarta hasta la propia Banda de Música, pasando por la posible reincorporación de trabajadores despedidos en el ERE de 2012, que afectó a 260 trabajadores de un total de más de 1.300 y que viene siendo objeto de una compleja lucha judicial.

La rama andaluza de la Gürtel

Ante este panorama, la política no le da a Jerez motivos para recuperar la moral. No sólo por los dos alcaldes en prisión, que precipitan en algunos medios desaforadas comparaciones –con muy escaso fundamento– con la época de la corrupción en Marbella. También por lo que puede quedar por delante. Este mismo lunes está citada a declarar como imputada la ex alcaldesa María José García-Pelayo, diputada del PP María José García-PelayoPP, que se está beneficiando de lo lindo en lo personal de la distracción que provocan las conversaciones para formar un gobierno: su situación –imputada en toda regla y ocupando su escaño– está pasando casi desapercibida. Es más, el PP le ha dado la vicepresidencia de la Comisión de Sanidad en el Congreso.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata elevó la parte jerezana del caso al Supremo, por ser García-Pelayo aforada, al considerar que la entonces alcaldesa pudo haber ordenado la confección de expedientes falsos para justificar a posteriori los servicios de las empresas de Francisco Correa al Ayuntamiento durante la feria de turismo Fitur. Era 2004, cuando Correa aún era feliz y ningún español sin nociones de alemán había oído la palabra Gürtel.

Es muy pronto para especular sobre si García-Pelayo podría terminar corriendo la misma suerte que sus predecesores, aunque distintas fuentes jurídicas se inclinan a pensar que es complicado que acabe entre rejas. ¿Es que el andalucista Pacheco y la socialista Sánchez cometieron delitos de mayor gravedad que los imputados a García-Pelayo? Es subjetivo. Pero sí es imprescindible señalar, para comprender en su justa medida lo que ocurre en Jerez, que el encarcelamiento de ambos no obedece a casos demostrados de tinglados de corrupción con estructura más o menos estable, tipo Púnica o los ERE, sino a hechos sumamente graves pero podría decirse que localizados.

La justicia no era "un cachondeo"

El 24 de octubre de 2014 la Guardia Civil detuvo a Pedro Pacheco cerca de un bar próximo a su domicilio y se lo llevó a Puerto II sin darle tiempo ni a despedirse de su familia. La Audiencia Nacional ni siquiera esperó a que el Supremo resolviera el incidente de nulidad de la defensa de Pacheco, alcalde de 1979 a 2003 y al que puede considerarse primer responsable de la ruina municipal. Había sido condenado a cinco años y medio de prisión por prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental, pero su encarcelamiento cogió por sorpresa a propios y extraños. Los hechos: había colocado irregularmente en el Ayuntamiento a dos asesores que cobraron 200.000 euros trabajando en realidad para el partido (entonces el Partido Socialista Andaluz, o PSA, uno de los diversos partidos de autor que fue creando Pacheco tras romper con el PA).

Pacheco se enfrenta además a otros seis años de cárcel por la venta fraudulenta de los terrenos de la antigua estación de autobuses. A estas alturas, el astuto y carismático dirigente andalucista ya habrá repasado mentalmente decenas de veces su frase más famosa, aquella de "la justicia es un cachondeo" que pronunció en 1985 cuando la Audiencia de Cádiz paralizó la demolición del chalé de Bertín Osborne, empeño en el que Pacheco puso no pocas energías. Resulta que la mítica frase, como ha quedado demostrado, no estaba del todo ajustada a los hechos.

Una subvención irregular

También lo ha comprobado en carne propia Pilar Sánchez, en prisión desde el pasado 1 de febrero por falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión supuestamente irregular de una subvención a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para instalarse en un parque agroindustrial de Jerez. Cuando entró en la cárcel, el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, dijo en público, pese a la rivalidad política, lo que en muchas ocasiones se comenta en privado: que la entrada en prisión de Sánchez –no la condena a pena de prisión, sino su entrada física en la cárcel– es justa conforme a derecho, pero que contrasta con la impunidad de otras conductas que, al menos en apariencia, se antojan mucho más graves y en cambio no desembocan en encarcelamientos. "Le doy mi más sincero apoyo y ánimo [a Sánchez] ante una circunstancia que no debe ser agradable para ella ni para su familia. En el Ayuntamiento han hecho barbaridades durante muchos años y no llegaban a nada y, sin embargo, ahora se están juzgando cosas que a lo mejor tienen menos importancia y están llegando a tener sentencias que en algunos casos los ciudadanos pueden entender hasta desproporcionadas", dijo Saldaña.

Pacheco y la pasión por el poder

Sánchez, que fracasó en su intento de que se la aplicase la doctrina Botín, entró voluntariamente en prisión, evitándose el amargo trago que sufrió su ex socio Pedro Pacheco, también su enemigo íntimo. Porque Pacheco perdió la alcaldía en 2003, pero se resistió a dejar el poder. Es un hombre que no concebía estar fuera de la sala de máquinas. Así que se fue convirtiendo en aliado imprescindible de García-Pelayo, del PP, y de Pilar Sánchez, del PSOE, sus sucesoras en la alcaldía, para seguir siendo el personaje clave.

Ninguna logró despegar con Pacheco rondando como primer teniente de alcalde, así que las relaciones entre los tres acabaron como el rosario de la aurora. García-Pelayo fue alcaldesa por un pacto con Pacheco, que se rompió en 2005. El dirigente andalucista se ofreció entonces a Pilar Sánchez. Con ella terminó todavía peor. García-Pelayo, subida a la ola del PP de 2011, finiquitó finalmente a Pacheco con una mayoría absoluta en 2011. De todas aquellas batallas quedó un resentimiento brutal entre los tres: de las críticas privadas se pasó a las públicas, y de ahí a una espiral de denuncias en los tribunales que explica en buena medida que Sánchez y Pacheco estén entre rejas, y que García-Pelayo esté en dificultades graves.

La "revolución social y económica"

El crédito de la política en Jerez está seriamente dañado. Mamen Sánchez, alcaldesa desde las últimas municipales, socialista, se propuso restablecerlo desde el primer día de su mandato. "Jerez necesita una revolución social y económica", dijo el 13 de junio de 2015, en su toma de posesión. Una "revolución", nada menos. La expresión da idea del ánimo en Jerez.

La prensa da cuenta de cómo numerosos edificios históricos languidecen. El comercio en el centro de la ciudad –enorme y cargado de atractivo patrimonial, en el pasado mucho más animado– ahora sufre y a menudo se ve medio vacío y tristón, en parte también por la apertura de grandes espacios comerciales a las afueras, caso de Luz Shopping o Área Sur, al estilo americano. Jerez, la quinta ciudad por población de Andalucía, primera de la provincia de Cádiz, parece incapaz de sacar suficiente partido de su singular riqueza cultural, de su innegable condición (clichés aparte) de referente del vino y el flamenco. Es cierto que el sector bodeguero ofrece indicios de cierto vigor por las exportaciones y el menor coste de las materias primas, pero en general el panorama es poco halagüeño. El turismo es la esperanza, pero no da resultados espectaculares.

Readmisión de trabajadores despedidos

La actualidad gira en torno al reingreso de trabajadores despedidos en 2012 en el ERE municipal, realizado por García-Pelayo y que puso en la calle a 260 personas, abriendo una larguísima batalla judicial. El PSOE, Ganemos e IU han defendido la readmisión. En total está previsto, y comprometido, que antes del 30 de junio se reincorporen 118 de los 144 menores de 59 años puestos en la calle. "El ERE lo hizo García-Pelayo, que declara ahora por la Gürtel. Así hizo el ERE, como lo hizo todo. Mal", afirma Juan Carlos Quintero. Con 53 años y dos hijas estudiando, Quintero era jefe de departamento en el centro municipal de formación cuando lo despidieron en 2012. Como el resto de compañeros que esperan reincorporarse, renuncia a los salarios de tramitación para facilitar el acuerdo con el Ayuntamiento. "En mi caso son 60.000 euros. Yo he trabajado un año durante este tiempo. Hay compañeros que lo tienen mucho peor. Conozco a varios que van a comedores sociales", explica.

La alcaldesa insiste en que la readmisión comprometida se producirá, pero ante la falta de avances concretos ni Ganemos ni IU se fían. "No queremos pensar que esta actitud calmada responda a una intención oculta de no concretar la reincorporación", señalan desde Ganemos JerezGanemos Jerez, donde urgen al Ayuntamiento a firmar acuerdos transaccionales con los trabajadores que reclaman su reincorporación antes de que, de la maraña de resoluciones judiciales pendientes, salga alguna que convierta cualquier readmisión en una infracción. Hasta ahora, grosso modo, el Supremo consideró procedente el despido en la demanda colectiva, pero los juzgados se inclinan por declarar los despidos improcedentes en las demandas individuales.

Quintero prefiere confiar, aunque con cautela, en que el PSOE cumplirá. Pondera que el Ayuntamiento está intervenido por Hacienda, y que aún hay margen para cumplir los compromisos. "La readmisión está en el programa de todos los partidos", recuerda, toda vez que en los últimos cuatro años han sido puestas en evidencia numerosas arbitrariedades en el ERE que hacen difícil defenderlo, al menos en el cómo se hizo.

Los plazos de los créditos

Pero, ¿es viable para el Ayuntamiento la readmisión? Es un tema espinoso. El Ayuntamiento, que a finales de 2015 aprobó el presupuesto ¡de 2015!, está intentando ampliar los plazos de devolución de los créditos ICO de 20 a 30 años. La reincorporación parece encontrar escollos por todas partes. "Todo este tema de los encarcelamientos ha ocasionado una psicosis en el funcionamiento del Ayuntamiento. De ser cauteloso, como debe ser todo acto administrativo, se ha pasado a pecar de falta de agilidad", afirma Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU en Jerez, que defiende que los más de cien trabajadores por reincorporar "no sólo son viables, sino necesarios". "La cifra de paro aquí es brutal. Los servicios sociales están desbordados", afirma el portavoz de IU. Y añade: "En lo social se están intentando dar pasos, pero faltan recursos, y falta dinero".

Antonio Gómez, fundador de Madre Coraje, afirma que "las lacras estancadas están por resolver", en referencia a las "dificultades de miles de familias para salir adelante en el día a día". "Hay una situación de estancamiento", reitera, destacando que los 1.400 voluntarios de la ONG en la ciudad son "gotitas en el océano". Más de 2.200 familias salen adelante gracias a ayudas sociales, según datos hechos públicos en enero por el Ayuntamiento. En este contexto, el que los funcionarios no acumulen ya nóminas pendientes de cobro o que se haya llegado a un acuerdo para evitar huelgas de basura se consideran logros reseñables.

¿Algún plan, alguna medida del Ayuntamiento, la administración con mayor incidencia en la ciudad, para ir más allá en la búsqueda de la "revolución social y económica" que anticipó su alcaldesa en su primer día? Imposible saberlo. infoLibre trasladó diversas cuestiones al Gobierno local, primero telefónicamente y luego por escrito, el 3 de febrero, y a pesar de la insistencia desde entonces, el Consistorio no ha ofrecido respuesta a una batería de preguntas sencillas, entre ellas "qué está haciendo y va a seguir haciendo el Ayuntamiento" para solucionar los problemas sociales en la ciudad.

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