Castigado por los recortes tras la Gran Recesión, golpeado de nuevo por el sobresfuerzo en la pandemia, con los niveles de preocupación de la ciudadanía por su presente y su futuro en máximos, el sistema sanitario público atraviesa un momento mucho más que delicado. En contraste, el negocio sanitario va viento en popa. Baten récords el gasto del Estado en productos farmacéuticos y las cifras del negocio hospitalario y de seguros, con una facturación anual entre ambos de más de 20.000 millones. Juan Abarca (Madrid, 1971), presidente de la Fundación IDIS, el principal lobby de la sanidad privada en España, se muestra consciente de que la actividad del sector cuyos intereses defiende es mirada con desconfianza, cuando no con rechazo, por una parte de la población. Pero lo considera injusto.
Esta mirada recelosa está mediada, según Abarca, por la "ideología".
Es una palabra que aparecerá varias veces durante esta entrevista, "ideología", cargada de connotaciones negativas y en oposición a la "eficiencia" que a su juicio representa la sanidad privada. Esa es la disyuntiva a la que recurrirá con frecuencia: ideología o eficiencia. Pero, ¿no hay ideología también en sus planteamientos, por ejemplo en la defensa de la "colaboración público-privada? "La colaboración con el sector privado no es una cuestión ideológica. Es de idiosincrasia de nuestro modelo, que siempre ha combinado provisión pública y privada. Lo que es ideológico es no colaborar con el sector privado", afirma Abarca, que respeta sin compartir la idea de que "no se debe hacer dinero con la sanidad", pero señala: "Lo que más conviene a la sanidad pública, para garantizar su superviviencia, es un sector privado fuerte". Asegura además que el negocio sanitario "no es la panacea". "No es una queja. Nos dedicamos a esto y me encanta lo que hago. Pero hay negocios con márgenes mucho mayores. Nosotros estamos sometidos a una gran cantidad de costes por tecnología para estar actualizados".
Ley de Equidad
Abarca ve el sello de Podemos en la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, el proyecto más importante en tramitación en el área sanitaria. Aprobada por el Gobierno en junio de 2022, la norma sigue en el Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos no se han puesto aún de acuerdo en aspectos esenciales. Especialmente, en un punto: el estatus que se da a la participación de los operadores privados en el sistema público. La norma aprobada por el Gobierno recoge que la colaboración público-privada se utilizará sólo "de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente", situando la gestión pública directa como la principal. A juicio del socio menor de la coalición, es una redacción blanda que no asegura ni revertir privatizaciones ya realizadas ni evitar otras nuevas. Abarca, en cambio, considera que incluso con su actual redacción el artículo que establece la excepcionalidad de conciertos y concesiones es inaceptable.
La sanidad privada no es la panacea. No es una queja. Nos dedicamos a esto y me encanta lo que hago. Pero hay negocios con márgenes mucho mayores
El artículo, dice Abarca, va "contra la realidad", porque "con 5 millones de pacientes en lista de espera" el sistema público no está preparado para "acabar con la colaboración público-privada", que es donde el presidente de IDIS cree que desemboca la filosofía que inspira el artículo. Va también, añade, contra la autonomía de las comunidades. Y va, concluye, contra el dictamen de la comisión de reconstrucción post-covid, que establece que el sistema sanitario se regirá por la "buena gobernanza".
Por razones como estas la Fundación IDIS ha presentado alegaciones y ha mantenido interlocución al máximo nivel con el Ministerio de Sanidad, incluida su titular, Carolina Darias (PSOE). Es público y notorio el rechazo de IDIS al artículo, que Abarca ve como una puerta no sólo a que no se hagan nuevos conciertos y concesiones, sino a la reversión de los existentes o incluso al fin del modelo Muface. La aprobación de la ley en esos términos, señala Abarca, "sería un problema porque daría lugar a a que cualquier iluminado judicializara los conciertos". Es decir, a que alguien llevara a la administración a los tribunales. ¿Ocurrirá? Abarca cree que no, por el siguiente motivo: "Creo que eso no puede salir como está redactado".
– ¿Se refiere a la parte de los conciertos?
– Sí. Creo que el ministerio [de Sanidad] es sensible a que, hoy por hoy, puedes estar ideológicamente a favor de eliminarlos, pero si lo haces automáticamente provocas un destrozo en la provisión hospitalaria privada y, con ello, en la pública.
Creo que el artículo sobre los conciertos de la Ley de Equidad no puede salir como está redactado. A ver cómo lo dejan. Si no se ponen de acuerdo, quizás lo que decidan es dejar las cosas como están y no modificar nada
"A ver cómo lo dejan", añade Abarca. "Si no se ponen de acuerdo, quizás lo que decidan es dejar las cosas como están y no modificar nada". Tampoco esta es una idea que entusiasme a Abarca, que cree que hay aspectos positivos en la ley, como los indicadores de resultados sanitarios. Pero le parece incoherente hablar de resultados sanitarios, porque –afirma– si hay una apuesta por la gestión y la eficiencia no debería haber un retroceso en la "colaboración público-privada". Menciona varias veces el caso de la reversión por parte de la Generalitat de la Comunidad Valenciana del Hospital de Alzira, que a su juicio ha sido "una catástrofe". "Si hay que justificar los conciertos, ¿quién justifica que el modelo de gestión pública directa es mejor?", pregunta. "No he conseguido que nadie me diga cuáles son sus ventajas, más allá de la demagogia de la mayor calidad asistencial".
El debate de la eficiencia
Hay al menos dos argumentos que suelen oponerse a quienes defienden que el sector privado es más eficiente. El primero es que una solución externa puede resolver una necesidad inmediata con un menor coste a corto plazo, pero a la larga el sistema público se hace más frágil y dependiente porque no consolida plantilla. Abarca no cree que más plantilla sea igual a más calidad. Y cuenta que una vez una ministra en ejercicio, de la que no da nombre, le dijo: "Esto no es una cuestión de eficiencia, olvídate. Esto es una cuestión de que el Estado mantenga al mayor número posible de trabajadores".
– Pero, ¿no diría que faltan trabajadores en el sistema público?
– No sé si hace falta más o menos gente en el sector público, sé que no sabemos nada. Falta una auditoría de recursos humanos. No hay transparencia. Nadie sabe el absentismo laboral que existe, eso no pasa en la empresa privada.
La segunda objeción es que la mayoría de las enfermedades graves, las más caras de tratar, acaban en el sistema público, incluso para buena parte de los 12 millones de asegurados privados. "Falso. Eso va contra toda lógica. Nosotros facturamos por acto y la complejidad nos interesa", responde. Lo que ocurre, dice, es que en los hospitales fuera de las grandes capitales –cita Madrid, Barcelona y Sevilla– "un paciente complejo se puede ir a la sanidad pública, sí, pero no porque me lo quite de encima, sino porque no tengo masa crítica de pacientes como para poder atenderlo correctamente". "No se trata de decir 'si tienes un problema grave vete a la pública', es un tema de masa crítica de pacientes y de la excepcionalidad, no de la complejidad, de algunos procesos. También en la pública los hospitales comarcales envían pacientes a los hospitales de las capitales".
Los cambios en el seguro con la pandemia
Pesa sobre la sanidad privada la acusación de, si no provocar, sí al menos beneficiarse del deterioro del sistema público, sobre todo de la atención primaria, a raíz primero de los recortes tras la Gran Recesión y después del impacto de la pandemia. A Abarca le parece un planteamiento injusto. Que suba el negocio del seguro es una "consecuencia indirecta" de los problemas de la red pública que ni él mismo ni IDIS ni sus miembros persiguen, provocan o desean, afirma Abarca. El presidente de IDIS sí admite una conexión entre la insatisfacción con el sistema público y la contratación de seguros privados, que supusieron en 2022 un negocio de más de 10.500 millones de euros. Pero se trata de una conexión que, subraya, no es responsabilidad de la sanidad privada. El seguro privado, afirma Abarca, ya tenía un fuerte tirón antes de la pandemia. Lo significativo del cambio con la crisis sanitaria no es que de crecer el seguro al 5% antes pase a crecer ahora un 7%, sino las motivaciones de la contratación. "Antes de la pandemia –explica Abarca– el 85% de los que tenían seguro combinaban pública y privada según les interesaba. Los asegurados buscaban una experiencia de usuario diferente, no lo hacían por necesidad. El problema ahora no es que crezca el seguro privado, el problema es que la gente no quiera ir a la sanidad pública. Y eso no depende del sector privado".
El problema ahora no es que crezca el seguro privado, el problema es que la gente no quiera ir a la sanidad pública. Y eso no depende del sector privado
"El empeoramiento de la sanidad pública hace que la gente empiece a hacerse un seguro para acceder al sistema sanitario", continúa Abarca. "Es un seguro que se lo hace la gente en plan desesperado, buscando acceso al sistema sanitario. Ese 85% [de asegurados privados] que alternaba la pública y la privada utiliza ahora mucho más la privada. Es decir, ha aumentado la demanda asistencial en la privada, también por la paralización que ha producido la pandemia". Abarca asegura que este cambio provocado por la pandemia no supone una buena noticia para el seguro privado. Esos seguros "por necesidad", o "en plan desesperado", tienen el efecto de "masificar" los hospitales y dificultar el tratamiento "personalizado" a los pacientes.
– Pero son las empresas las que lanzan seguros low cost.
– Las empresas sacan seguros low cost porque hay una necesidad en la sociedad. Si no, no los sacarían. Si [hay pacientes que] sólo pueden pagar diez euros, ¿qué hago?, ¿no los atiendo?, ¿los dejo tirados? ¿A ti te parecería bien que sólo hiciéramos pólizas a 100 euros? Si alguien quiere acceder [a un seguro], estando la pública en la situación en la que está, es decir, que la gente no accede ni a atención primaria.... Eso [no hacerles seguros] no me parecería bien. Pero eso nosotros no lo queremos. No nos beneficia en absoluto. Lo que nos interesa es atender al paciente integralmente. No sólo las consultas o las urgencias. Facturamos por complejidad. Esto puede chirriar, pero es la realidad: nosotros hacemos hoy por hoy una labor social que ni queremos ni buscamos ni nos beneficia.
Seguros privados e inversión pública per cápita
Abarca matiza la imagen de lobby de gran poder e influencia de la Fundación IDIS y presenta la organización que preside como un armonizador de intereses donde, aparte de aseguradoras, hospitales y farmacéuticas, están representados pacientes y hasta usuarios. "Nosotros no somos el primer lobby. El primer lobby son los sindicatos, que son los que tienen más poder en este país", dice Abarca, al que preocupa que por sus palabras pueda parecer que habla de forma "cínica" o "destructiva" del sistema público. No es su intención, remarca. E insiste en que busca la complementariedad entre lo público y lo privado. Una idea vertebra su discurso: la sanidad privada no sólo no vampiriza la pública, sino que le ahorra costes. Los informes de la fundación que preside señalan que las comunidades con mayor penetración del seguro pueden permitirse una menor inversión pública por habitante en sanidad. Así que la condición de Madrid de autonomía con la segunda menor inversión per cápita en sanidad no sería un síntoma de abandono, sino un efecto virtuoso de los seguros, según IDIS.
– Pero los niveles de satisfacción de la sociedad, por ejemplo en Madrid, no permiten afirmar que este bajo gasto per cápita se produzca sin consecuencias en el servicio.
– Madrid, aparte de mucho seguro privado, tiene mucha población en un territorio relativamente pequeño. Eso supone un ahorro de gasto. No voy a opinar si tiene que invertir más o menos, no me corresponde. Pero es obvio que Madrid tiene unas circunstancias demográficas muy concretas y que el seguro privado ahorra costes a la sanidad pública. El que se paga un seguro deja un sitio en la cola [de la lista de espera].
El presidente de la fundación ve una "teoría" sin base y cargada de "ideología" la idea de que el incremento del aseguramiento privado reduce el interés de la población asegurada en tener una sanidad pública de calidad, al tener asegurada una solución individual, lo cual a su vez recorta el incentivo para pagar impuestos, generando un círculo vicioso que acaba conspirando contra el sistema. "En vez de un análisis de los problemas del sistema público, se habla siempre de un supuesto riesgo de privatización o de que se están imponiendo unas ideas neoliberales", lamenta Abarca, que recalca que el porcentaje del gasto público total dedicado a conciertos va levemente a la baja.
Público y privado
Asegura Abarca, presidente también de HM Hospitales, que el propósito de IDIS es "que se normalice la aportación del sistema sanitario privado". "No pedimos que se aumente. No es nuestro papel. Para eso están las patronales [ASPE de hospitales; Unespa de aseguradoras]. Nosotros intentamos que se reconozca la sanidad privada, que supone aproximadamente un 30% de los recursos".
– Pero ya está reconocida, ¿no? Hay múltiples conciertos, hay desgravaciones a seguros. ¿No tiene ya la sanidad privada un estatus reconocido en España?
– ¿Has visto en la ley de equidad alguna palabra sobre la colaboración de la sanidad privada? No me refiero a los conciertos, sino al papel de la sanidad privada. No la hay, pero en cambio sí se menciona la continuidad asistencial con el sector sociosanitario, ¡cuando el 70% de las residencias son privadas! A eso me refiero. Falta normalización.
Pone un ejemplo de esa supuesta "falta de normalización". El reglamento europeo de datos sanitarios va a imponer, explica, la "interoperabilidad" de datos del paciente entre el sector público y privado. Por ello, añade, "la cooperación va a tener que ir a más, porque habrá que unificar la información del paciente, que es el propietario de los datos". "Lo veremos a finales de este año o primeros del que viene", dice. Ante esa realidad, que ve marcada por la UE e inevitable, lamenta las "resistencias" de las posiciones "más extremistas de la izquierda", que –dice– atribuyen a los operadores privados una voluntad de desmantelamiento de lo público. "No es así. Defendemos una sanidad pública fuerte, potente. Si la sanidad pública se cae, nos arrastra a todos", dice.
Defendemos una sanidad pública fuerte, potente. Si la sanidad pública se cae, nos arrastra a todos
El covid-19, sobre todo durante la primera ola, cuando los hospitales privados fueron puestos bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad y las comunidades, ha demostrado que las dos redes pueden trabajar "de manera conjunta y muy bien", dice Abarca, que lamenta que se mantenga la disyuntiva público versus privado. "En los barómetros sanitarios del CIS se sigue preguntando por la preferencia entre sanidad pública o privada, como si tuvieran que estar justificándose diciendo que la gente prefiere la pública", señala Abarca.
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En el último barómetro un 68,6% de los encuestados afirman que prefieren un centro público para una consulta con el médico de cabecera, frente a un 28,3% un privado. Las preferencias expresadas en porcentajes son 56,4% - 39,4% para consulta de especialista, 75,2% - 20,8% para ingreso en un hospital y 71,5% - 25,2% para urgencias, siempre a favor del público. Abarca no ve nada significativo en datos como estos, dado que la mayoría "no conoce la sanidad privada".
El descontento de los médicos
Los datos de beneficios de aseguradoras, hospitales y farmacéuticas en contraste con las noticias de huelgas en atención primaria en el sistema público podrían generar la impresión de que en el ámbito privado todo es una balsa de aceita. Pero no es cierto. Está empezando a aflorar un importante descontento entre los médicos, que protestan por el pago de tarifas bajas por parte de las aseguradoras, en algunos casos entre 10 y 20 euros por consulta.
¿Cobran poco los médicos privados? Abarca afirma que los médicos españoles se comparan con los de otros países, como Alemania, donde la situación es incomparable. "Aquí el sector está muy socializado. 12 millones de asegurados pagan una media de 70 euros de prima. En Alemania pagan 250. Veo lícito que reclamen más dinero, pero tiene que ser en proporción. Yo también me peleo con las aseguradoras. A mí me pagan 200 euros por cama y día, incluyendo personal y alimentación, cuando tengo cinco veces más infraestructura que un hotel de cinco estrellas".
Castigado por los recortes tras la Gran Recesión, golpeado de nuevo por el sobresfuerzo en la pandemia, con los niveles de preocupación de la ciudadanía por su presente y su futuro en máximos, el sistema sanitario público atraviesa un momento mucho más que delicado. En contraste, el negocio sanitario va viento en popa. Baten récords el gasto del Estado en productos farmacéuticos y las cifras del negocio hospitalario y de seguros, con una facturación anual entre ambos de más de 20.000 millones. Juan Abarca (Madrid, 1971), presidente de la Fundación IDIS, el principal lobby de la sanidad privada en España, se muestra consciente de que la actividad del sector cuyos intereses defiende es mirada con desconfianza, cuando no con rechazo, por una parte de la población. Pero lo considera injusto.