Las consecuencias del bloqueo

El Poder Judicial asignó bajo control conservador y estando en funciones 57 plazas discrecionales de alto nivel

El presidente del Tribunal Supremo y el Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Cumplido un año del bloqueo para su renovación, en funciones y bajo la batuta del conservador Carlos Lesmes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha asignado en este periodo 57 plazas cuyo nombramiento es oficialmente definido como "discrecional" y entre los que se cuentan la presidencia de la Audiencia Nacional, las de cinco TSJ autonómicos, las de 14 Audiencias Provinciales y las de dos salas del Tribunal Supremo. Este jueves 16 de enero, y en el mismo pleno del CGPJ que avaló por 12 votos a favor y siete en contra la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, Lesmes ordenó no efectuar más nombramientos hasta que el Consejo se renueve. No se llevarán por tanto a cabo los de tres magistrados de la Sala Penal del Supremo, trámite que iba a quedar culminado el próximo día 23.

A día de hoy son cinco las plazas convocadas para las que el pleno del Consejo General del Poder Judicial debía designar próximamente a un nuevo titular: las tres citadas del alto tribunal, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

La composición de este Consejo, interino desde el 5 de diciembre de 2018, mantiene intacta la mayoría conservadora de la etapa de Mariano Rajoy. Desde diciembre de 2013, el órgano que maneja las riendas de la judicatura funciona integrado por 11 vocales elegidos a propuesta del PP más el presidente, Carlos Lesmes; otros nueve son de lo que podría calificarse como de signo progresista. En noviembre de 2018 el Parlamento alcanzó un acuerdo para ajustar esa composición a la nueva mayoría parlamentaria e invertir el número de vocales, que pasarían a ser 11 progresistas y nueve conservadores. El pacto, que incluía situar en la presidencia al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, fue dinamitado.

Fue en efecto el 5 diciembre de 2018 la fecha en que expiró su mandato. Desde entonces, el Consejo ha cerrado 12 nombramientos discrecionales en el Tribunal Supremo. Además de revalidar a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal, designó, nada más entrar en periodo interino y por unanimidad, al nuevo presidente de la Sala Primera (Civil) del Supremo, Francisco Marín. Y ha elegido a otros dos magistrados para esa misma sala; otros tres para la de lo Social, que revisa todo lo relacionado con la reforma laboral; otros tres para la Sala Quinta, la Militar. Y dos más para la Sala Tercera, que es la que resuelve sobre los pleitos que afectan al Gobierno y otras administraciones públicas.

El órgano de gobierno de los jueces ha designado asimismo a los presidentes de cinco Tribunales Superiores de Justicia (TSJ): Galicia, Navarra, Asturias, Aragón y Extremadura. Aprobado el 28 de noviembre, el del tribunal extremeño fue uno de los dos últimos nombramientos del año. La designada, María Félix Tena, había sido reelegida por el consejo apenas dos meses antes como presidenta de la Audiencia de Cáceres y esa es la razón que explica por qué su nombre aparece dos veces en la tabla que se adjunta a esta información actualizada.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha designado a cinco presidentes de la Sala de lo Social de otros tantos TSJ (Cataluña, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón) y a los de la Sala de lo Contencioso de tres tribunales autonómicos: Galicia, Murcia y Castilla y León. En total, ascienden así a 13 los cargos designados en total para tribunales superiores, que son los responsables de investigar y enjuiciar llegado el caso a los responsables políticos de cada autonomía.

En cuanto a las 14 Audiencias Provinciales a cuyos presidentes ha nombrado el Consejo estando en funciones, figuran algunas de relevancia, bien por corresponderse con grandes ciudades y capitales autonómicas o bien por su situación geopolítica. Por ejemplo, Valencia, Vizcaya, A Coruña, Pontevedra, Valladolid, Toledo, Lleida y Tarragona.

El grueso de los nombramientos discrecionales efectuados en fase de interinidad se refiere a miembros de distintos tribunales militares: en total, 16, dado que una de las 17 plazas convocadas se declaró vacante el 30 de octubre pese a que la comisión permanente del Consejo había elevado una propuesta concreta al pleno.

Las dos plazas restantes cubiertas mediante nombramientos discrecionales poseen gran valor: son nada menos que la Presidencia de la Audiencia Nacional y la presidencia de la Sala de lo Contencioso de ese mismo tribunal.

Para este cómputo, infoLibre no ha tenido en cuenta las cinco plazas adjudicadas después del 5 de diciembre de 2018 pero cuya convocatoria se había efectuado mientras el Consejo se encontraba aún en la etapa de su mandato ordinario. De haberse contabilizado, el número de nombramientos discrecionales sellados por el Consejo durante su año de interinidad ascendería a 62. Entre esas cinco figura la de la Presidencia del TSJ de Madrid. Las otras cuatro pertenecen a la jurisdicción militar.

30 nombramientos paralizados por la Fiscalía... también interina

Como un motor averiado cuyo parón dispara paradójicamente una cadena de hechos notables –efectuar nombramientos discrecionales bajo una mayoría distinta a la que auguraba su renovación–, el bloqueo del CGPJ arrancó en noviembre de 2018. Ese parón se produjo al difundirse un whatsapp del PP que presentaba a Marchena como alguien a quien podría controlar entre bambalinas. Marchena renunció, el acuerdo quedó hecho trizas y el magistrado continuó como presidente de la Sala Segunda y no se vio forzado a renunciar como presidente del tribunal encargado de juzgar a los líderes del procés. El 5 de diciembre expiró el mandato de los 20 vocales y el presidente. Y todos entraron en fase de interinidad. Único candidato al puesto, Marchena fue revalidado por 19 votos a favor y dos en blanco como presidente de la Sala Penal el 30 de octubre. 

La Ley del Gobierno limita de manera drástica el margen de actuación del Ejecutivo en los nombramientos discrecionales cuando se encuentra en espera de que haya un nuevo gabinete. Pero la norma que regula esa misma circunstancia para el órgano de gobierno de los jueces (la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) le deja en cambio manos libres. Salvo con una excepción: lo único que no puede es nombrar a un nuevo presidente. 

No obstante, la pregunta continúa siendo esta: ¿resulta inevitable que el CGPJ opere en cuanto a los nombramientos discrecionales como si no estuviese en funciones? En los tribunales de toda índole, sea cual sea su gradación, los magistrados asignados a una sala o sección pueden intervenir en asuntos de otra si su presencia se muestra imprescindible para evitar el colapso.

Los portavoces oficiales del Consejo defienden, no obstante, la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes en los puestos de la alta judicatura para garantizar la buena marcha de la máquina. "Si hay varias jubilaciones en una misma Sala, dejarlas vacantes indefinidamente podría causar un problema en su normal funcionamiento", sostiene la fuente. El presidente del CGPJ ya ha dirigido tres escritos a los presidentes del Congreso y el Senado para recordarles "su obligación legal de renovar el órgano de gobierno de los jueces"

Las plazas del Supremo cuya cobertura aprobó el Consejo el 31 de octubre se sacaron a convocatoria para su cobertura por la jubilación de sus titulares, aunque dos de ellos –uno, de la Sala Penal y otro, de la de lo Contencioso– no habían de colgar la toga hasta mediados de diciembre, fecha en que el nuevo Ejecutivo podría ya haber estado formado. En la Sala de lo Contencioso quien se jubilaba –el 15 de diciembre– era José Manuel Sieira. Sieira es el magistrado a quien Lesmes impidió en 2015 abordar un segundo mandato como presidente de la sala, rompiendo así una norma no escrita y colocando en su lugar al magistrado que en octubre de 2018 y con el impuesto hipotecario llevó al Supremo a su peor crisis, Luis Díez-Picazo. El pasado 19 de diciembre, el pleno del Consejo acordó, por 14 votos a favor, asignar esa plaza a la magistrada Ángeles Huet.

Aunque Lesmes y su equipo han defendido de forma reiterada la legalidad y corrección de los nombramientos discrecionales durante el periodo de interinidad, en el campo jurídico hay diferencias abrumadoras. Al igual que Lesmes, la fiscal general del Estado, María José Segarra, se encontraba en funciones hasta que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez decidió nombrar como nueva jefa del ministerio público a quien hasta entonces había ocupado el cargo de ministra de Justicia, Dolores Delgado. Que la fiscal general estuviera en funciones mantiene atascados nada menos que 30 nombramientos discrecionales. Entre ellos, los de dos plazas de fiscal de la Sala Penal del Supremo por jubilación de sus titulares. Las fuentes consultadas aseguran que la Ley de Gobierno no resulta aplicable al ministerio público. Pero que la Fiscalía no es partidaria cubrir las plazas discrecionales estando en funciones. Si se jubila un fiscal jefe ocupa su puesto de manera provisional su segundo, el teniente fiscal. Y si no existe ese puesto, la plaza queda vacante. 

El escrito de la vocal partidaria de poner límites

El principal eslabón en la cadena de hechos trascendentes provocada por el bloqueo a la renovación del CGPJ son, sin duda, los nombramientos discrecionales. Porque, como indica el adjetivo, distan de equipararse a aquellos cuya cobertura está sujeta a reglas sin margen, que es lo que, por ejemplo, ocurre –o ha de ocurrir– con las oposiciones de cualquier naturaleza.

Cuando el 31 de octubre el pleno del Consejo aprobó la convocatoria de plazas para el Supremo, una vocal de la minoría progresista, Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, emitió un voto particular discrepante que ponía el foco sobre los nombramientos discrecionales. "Un CGPJ «en funciones» –escribió Sáez– no es, no puede ser, un CGPJ «en plenitud de funciones» y, por lo tanto, hemos de admitir con naturalidad la existencia de límites y ajustarnos a ellos".

Más adelante y tras dejar constancia de que la ausencia de "apoyaturas legales, jurisprudenciales y académicas" no contribuye a "aclarar" cuáles han de ser esos límites, Sáez agrega un pasaje que explica su posición: "Sin embargo, criterios de elemental prudencia (que son los que, en último término, se vienen aplicando a la limitación de la actividad de “los gobiernos en funciones”) aconsejan no adoptar decisiones ni medidas que representen algún obstáculo o condicionamiento a la labor del CGPJ que nos siga. Y nadie duda de que los nombramientos discrecionales para altos cargos de la judicatura en España, muchos –como ocurre en el caso de las plazas que se convocan para proveer las Salas del Tribunal Supremo– sin limitación temporal de permanencia en el puesto una vez producidos, entran dentro de tal categoría".

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ACTUALIZACIÓN. Esta noticia se actualizó el 17 de enero de 2020, un día después de que el Consejo General del Poder Judicial decidiese dejar de realizar nombramientos discrecionales mientras permanezca en funciones. La primera versión, publicada el pasado 28 de noviembre, no incluía los nombramientos efectuados horas después ese mismo día y el 19 de diciembre.

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