Brecha en la judicatura

Dos jueces del Supremo alertan de que los nombramientos discrecionales del CGPJ "deslegitiman" el sistema judicial

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El soterrado pero agrio debate sobre los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha traspasado ya incluso los muros del Tribunal Supremo (TS) para abrir una brecha interna. Hace justo una semana, dos de sus magistrados lanzaron por escrito una alerta inédita: la actuación que sobre la asignación de plazas de alto nivel está siguiendo el CGPJ es "una de las cuestiones que más polémica social han suscitado en torno a dicho órgano constitucional". Y constituye "uno de los principales factores de la deslegitimación" del sistema judicial ante la ciudadanía. 

Los entrecomillados del anterior párrafo pertenecen al voto particular con que dos miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo se desmarcan de una sentencia que ha roto la baraja del acuerdo. Ambos, Nicolás Maurandi y Segundo Menéndez, expresan en ese voto su absoluta disconformidad con la sentencia que por tres votos a dos ha ratificado el nombramiento de un juez con el que literalmente comparten espacio desde hace dos años: Dimitry Berberoff, que había sido director del gabinete técnico del Supremo, cuya misión consiste en dar asistencia al presidente del tribunal –en este caso, Carlos Lesmes– y a las salas. El magistrado ocupó ese cargo hasta que el CGPJ, igualmente presidido por Lesmes, le designó magistrado de lo Contencioso el 24 de julio de 2018.

Frente a los tres magistrados que respaldan la sentencia favorable a Berberoff, los dos autores del voto particular sostienen en cambio que, pese a su carácter discrecional, el CGPJ se ha saltado "el derecho fundamental a la igualdad". Y su gran reproche a la sentencia con la que rompen amarras es que ha asumido una tesis que Maurandi y Menéndez ven inaceptable: la de que el órgano de gobierno de los jueces goza de "una libertad tan extensa" que se traduce en la posibilidad de nombrar a quien decida sin necesidad de justificar que también fue analizada la trayectoria de los restantes candidatos "siguiendo las mismas pautas cualitativas de evaluación". Y sin necesidad, tampoco, de "reflejar cuál fue el resultado que cada uno de ellos obtuvo en ese examen comparativo". Una vez trazadas las líneas maestras de su razonamiento, los dos magistrados disparan un auténtico misil: la sentencia dictada en favor de Berberoff "puede causar un efecto devastador en la carrera judicial". Porque puede llevar a muchos jueces a la convicción de que "el esfuerzo por realizar bien su trabajo jurisdiccional no será ponderado en condiciones de igualdad".

Cuando en julio 2018 el CGPJ eligió a Berberoff para la plaza vacante en la Sala de lo Contencioso del Supremo ya había aflorado la polémica de los nombramientos discrecionales. Pero en los últimos tiempos ha visto afilarse sus aristas porque el CGPJ permanece en funciones desde diciembre de ese año. Lo que congeló entonces su renovación fue que saliera a la luz un whatsapp donde el PP se jactaba de que perder la mayoría en el consejo al haber cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento no le privaría de seguir controlando "desde detrás" la Sala Penal del Supremo. La difusión de aquel mensaje provocó la renuncia inmediata de quien iba a convertirse en nuevo presidente del Consejo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo. A partir de entonces y con un PP cerrado a negociar un nuevo pacto, el órgano de gobierno de los jueces lleva año y medio bloqueado. Desde entonces y bajo dominio conservador, ha asignado 57 plazas judiciales de alto nivel. Y se prepara ahora para distribuir otras 30: cinco en julio y 25 a partir de septiembre. Los vocales conservadores suman 11 sobre un total de 20.

En medio de un escenario donde la mayoría conservadora del Consejo prosigue un avance que dejará dibujado buena parte del mapa judicial, emerge ahora la sentencia con la que Maurandi y Menéndez  marcan una distancia kilométrica. Fechada el 11 de junio, la sentencia ha ratificado un nombramiento –el de Berberoff– que había sido impugnado por un rival que adujo la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ese rival es el juez que en la Audiencia Nacional preside una de las secciones de lo Contencioso, Jesús María Calderón.

Entre los tres votos favorables que han inclinado la balanza de la sentencia en favor de Berberoff se cuenta el de Luis María Díez Picazo, presidente de la mencionada Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Díez Picazo llegó en 2015 a la cúpula del área que tras la Sala Penal posee mayor peso político por cuanto es la que dirime todos los recursos que llegan contra decisiones administrativas del Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Su ascenso se produjo gracias al impulso de Lesmes: apoyándose en la mayoría conservadora, el máximo responsable del CGPJ cerró la puerta a la reelección del entonces presidente de la sala para un segundo mandato. El defenestrado, José Manuel Sieira, llegó a hacer entonces pública una afirmación inesperada: "El Consejo General del Poder Judicial no puede convertirse en un palacio de intrigas".

La sentencia que avalan Díez-Picazo y los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Eduardo Espín no cuestiona la valía profesional de Calderón. Su argumento central reside en que el Consejo "conserva un margen de discrecionalidad indudable". Y que el nombramiento de Berberoff cumplió todos los requisitos legales. La sentencia lo expone así: "La motivación [del nombramiento] pone de manifiesto en forma extensa y detallada el alto grado de excelencia que concurre en el candidato que, en una valoración conjunta determinó el nombramiento, lo que entra en el margen de valoración discrecional del Consejo, por lo que no incurre en déficit alguno de motivación".

En el procedimiento, los intereses de Berberoff estuvieron representados por un prestigioso letrado, Nicolás González-Cuéllar. Coautor junto con el magistrado Manuel Marchena de algunas obras de análisis jurídico, González-Cuéllar saltó a los titulares en diciembre pasado cuando, como cabeza visible de la asociación de abogados Movimiento 24.2, anunció una querella por prevaricación contra el abogado del Estado que dirigiese a la Sala de lo Penal del Supremo un escrito con la solicitud de dejar libre al independentista Oriol Junqueras. 

La de ahora no es esta la primera vez en que chocan Díez-Picazo y Maurandi. Fue el segundo quien en octubre de 2018 presidió el tribunal que dictó la sentencia por la que los bancos pasaban a estar obligados a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados cuando afecta a hipotecas. Y fue Díez-Picazo quien, en una decisión que provocó la mayor crisis y el mayor desgaste vividos por el Tribunal Supremo, hizo que el pleno de la Sala de lo Contencioso revisara esa sentencia y adoptara otra contraria y favorable a la banca. Para entonces, y como publicó infoLibre, Díez Picazo ya había dejado de impartir clases en el centro universitario Cunef, propiedad de la AEB, es decir, de la patronal bancaria. El decreto aprobado luego por el Gobierno de Pedro Sánchez dejó en agua de borrajas la sentencia impulsada por Díez-Picazo. 

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