El Poder Judicial se prepara estando en funciones para adjudicar bajo control conservador otras 30 plazas de alto nivel

Año y medio después de que su renovación quedase bloqueada, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para acercarse ya al centenar de nombramientos discrecionales de alto nivel. En funciones y bajo la batuta del conservador Carlos Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces cerró 2019 tras haber adjudicado nada menos que 57 plazas de alto nivel en la judicatura, entre ellas 12 en el Tribunal Supremo. Ahora, y tras haber paralizado en enero los nombramientos discrecionales, el Consejo los reanudará. En cartera tiene ya otros 30 nombramientos. Cinco aparcados desde diciembre, entre ellos tres magistrados para la Sala Penal del Supremo, serán los primeros. Y después, aún sin fecha, irán otras 25 plazas cuyas bases de convocatoria fueron aprobadas en el pleno del CGPJ del 28 de mayo por 20 votos a favor y uno en contra.

El resultado de la votación se explica porque ocho de los nueve vocales del llamado sector progresista –minoritario por el bloqueo– apoyaron la aprobación de las bases de convocatoria para esos 25 nuevos puestos. La única que se opuso fue la vocal Concepción Sáez, que emitió un voto particular, es decir, discrepante de la mayoría. "El CGPJ en funciones –escribe Sáez– debe conducirse con arreglo a criterios de prudencia y mesura". No puede ser lo mismo –agrega Sáez, elegida a propuesta de IU y con el respaldo de PSOE– continuar 'en funciones' que continuar 'en el ejercicio de sus funciones' (en el caso de no renovación en plazo)".

Ahora bien, fuentes conocedoras de lo sucedido precisaron este lunes, 15 de junio, que la aprobación de las bases de convocatoria, "un trámite administrativo que en absoluto pone fecha a cuándo se harán los nombramientos", no implicó que todos los que votaron a favor de ese punto estuvieran de acuerdo con que se reanude ya el proceso para asignar plazas de alto nivel. Y que, de hecho, hubo momentos de debate agrio. Especialmente, cuando uno de los vocales afines a Lesmes, y cuya identidad omite infoLibre porque no ha podido contactar con él, adujo que el parón de los tiempos durante el estado de alarma era aplicable a los plazos procesales pero no a los nombramientos discrecionales. Según las fuentes consultadas, esa fue su respuesta cuando un vocal progresista remarcó que Lesmes se había comprometido en enero a paralizar los nombramientos.

Los portavoces oficiales del Consejo sostienen que las jubilaciones y expiración de mandatos obligan a convocar determinadas plazas. Y que no hay opción a que quienes van a dejarlas vacantes ejerzan en funciones hasta que sea factible su sustitución. Las fuentes del CGPJ enfatizan que la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ) capacita al Consejo para, estando en funciones, ejercer todas sus potestades salvo la elección de un nuevo presidente. Previsiblemente, y como adelantó Abc, las tres plazas de la Sala Penal del Supremo se asignarán en las próximas semanas. Entre los candidatos con opciones se cuenta Concepción Espejel, presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y apartada de todas las piezas del caso Gürtel porque acusados como Luis Bárcenas participaron en la votación del Senado que en 2008 la aupó a una vocalía del CGPJ. Entre los aspirantes también se cuenta otro juez de la Audiencia, José de la Mata, que fue director general con Juan Carlos Campo cuando este era secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de Zapatero.

¿Significa el resultado de la votación del 28 de mayo que pese al muro levantado por la reiterada negativa de la cúpula del PP a un pacto está próxima la renovación o signifia tan solo que Lesmes y su equipo consideran que la ley les ampara y que cuatro meses de parálisis han sido un gesto suficiente ante el Ministerio de Justicia? Porque fue su titular, Juan Carlos Campo, quien el mismo día en que tomó posesión, el 14 de enero, se reunió en secreto con el presidente del CGPJ y logró detener la cascada de nombramientos discrecionales.

Ahora, ni el grupo parlamentario socialista ni Justicia dicen una sola palabra que permita aventurar el rumbo de las negociaciones con el PP si es que existen, pese a que Campo declara abiertamente tener una magnífica relación con el responsable de justicia del PP, Enrique López. Y vocales del Consejo consultados por infoLibre aseguran que nadie les ha puesto en aviso de que esté ya cerca un hipotético acuerdo para que el Congreso renueve el CGPJ y adapte su composición a la nueva mayoría parlamentaria. Pero otras fuentes en cambio aseguran que el hilo entre Campo y López nunca se ha roto.

Pero si el acuerdo continúa inaccesible, la mayoría conservadora que capitanea Lesmes puede llegar a septiembre habiendo designado en funciones a los presidentes de cuatro Salas del Supremo –incluidas la Penal y la de lo Contencioso, encargada de dictaminar sobre las decisiones administrativas del Gobierno– así como a ocho de los 17 presidentes de los TSJ y a 23 de los de las 52 Audiencias Provinciales. El mapa de la judicatura queda así trazado en buena medida.

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La paralización de nombramientos discrecionales se anunció tras el pleno del 16 de enero a través de una nota pública del Consejo. Fue ese mismo día cuando el órgano de gobierno de los jueces, en cuyas manos está decidir quiénes rigen los puestos más destacados del tercer poder del Estado, avaló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Pero lo hizo sin cumplir la tradición de declararla persona idónea para el cargo. El acuerdo salió adelante con 12 votos frente a siete.

Es más, una vocal del bloque conservador, Nuria Díaz Abad, emitió un voto particular contra el ascenso de Delgado a la cúspide del ministerio público. Díaz Abad acaba de ser premiada por Lesmes al incorporarla a la comisión permanente, el verdadero núcleo duro del CGPJ y cuyos miembros gozan de dedicación exclusiva. Como publicó eldiario.es, la jurista Díaz Abad se había postulado en 2019 para una plaza de magistrada en Europa. El Gobierno rechazó su candidatura. En ese momento, Dolores Delgado era ministra de Justicia.

Mucho antes de que Delgado tomara posesión como jefa del ministerio público, las opciones de pacto con el PP habían quedado en agua de borrajas ya en noviembre de 2018 por decisión de Pablo Casado. El detonante de la ruptura había sido un whatsapp donde el portavoz del PP en el Senado y ex director general de Policía, Ignacio Cosidó, se jactaba de que, aun perdiendo la mayoría en el Consejo, el partido seguiría controlando la Sala Penal del Supremo "desde detrás". ¿Y cuál era el razonamiento para esa conclusión? Que, según lo pactado, quien iba a sustituir a Lesmes como máximo responsable del CGPJ y del Supremo era Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal. Tras la difusión de aquel mensaje, Marchena renunció de manera fulminante a dirigir el órgano de gobierno de los jueces. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalcó el magistrado en un comunicado. Su paso atrás le llevó a incorporarse como presidente del tribunal al juicio a los líderes independentistas por el llamado procés.