La sentencia del 'Prestige'

Jueces para la Democracia recuerda que el fallo del ‘Prestige’ no absuelve de las responsabilidades políticas

Voluntarios durante la limpieza de la marea negra del 'Prestige'.

“El error en la decisión técnica [de alejar el barco] o en las prioridades en el momento de su adopción puede no suponer responsabilidad penal pero debería suponer la asunción de responsabilidades políticas”. Así de claro se pronunció este jueves Jueces para la Democracia (JpD) en relación con la sentencia que acaba de absolver al Gobierno de responsabilidad penal en relación con la marea negra provocada por el naufragio del 'Prestige' en 2002.

“A nivel político”, señala esta organización judicial, “nada decide la sentencia porque nada puede decidir”. Pero “la absolución penal de la decisión de alejar el buque o el tiempo tardado en iniciar el salvamento no menguan el cuestionamiento técnico de una decisión que como era previsible fue más contaminante y más dañosa, para personas y el medio natural”. Al día siguiente del siniestros, recuerda JpD, en el momento de la gestión de lo que ya era una catástrofe, “se incurrió en errores de los que también se debe derivar responsabilidad: la sentencia ni absolvió de la manipulación informativa ni de la falta de transparencia en la gestión, pues no eran objeto del proceso”.

La Audiencia, aclara el comunicado, sólo se pronuncia “parcialmente en el plano penal”. Falta “una decisión en el plano de la responsabilidad civil e incluso administrativa”, además de “una depuración de las responsabilidades políticas”.

La sentencia “no tiene por objeto el análisis técnico de la gestión ni un análisis ético o político del comportamiento de los responsables políticos y administrativos”, subraya los jueces. “Por lo tanto”, añaden, “no hubo pronunciamiento sobre la aceptabilidad de las condiciones de seguridad de la navegación marítima en el sector de los hidrocarburos, por lo que de la sentencia absolutoria no pode deducirse una aprobación judicial sobre ninguno de estos extremos”.

En ál ámbito civil Jueces para la Democracia sugiere incluso “ejercer las acciones relativas al intento de cobro de las indemnizaciones por daños causados por el siniestro”, a pesar de que “están fuertemente limitadas” por los convenios internacionales firmados por el Estado Español en la materia, singularmente el convenio de Responsabilidad Civil por daños causados por hidrocarburos en la versión de 1992. Este convenio “limita hasta el ridículo” la indemnización en relación al daño real causado, que apenas alcanzará el 5% del total, debiendo el resto ser asumido por quienes sufrieron los daños o los pagos, sean administraciones o particulares. En el ámbito administrativo, añade JpD, “una gestión cuestionable podría desembocar en una responsabilidad patrimonial de las instituciones competentes”.

La organización judicial progresista se pregunta “si los poderes del Estado aprendieron de las enseñanzas que dejó el Prestige”. Porque “los tipos penales en materia ambiental están redactados en forma que se dificulta sobremanera la tutela penal del medio ambiente”, el sistema de salvamento de buques “parece no haber mejorado”, así como “la disponibilidad de efectivos” o “el tiempo de respuesta”. El Plan de Contingencias “sigue sin tener una dotación real y efectiva de medios que permitan una pronta respuesta”, y no “se modificó de forma sustancial el sistema de responsabilidad civil, de suerte que sigue recayendo sobre las víctimas, particulares e instituciones, el pago del daño causado por unas substancias que generan un riesgo cuyo beneficio es privado para los accionistas de las empresa pero cuyo daño sufrimos y pagamos todas y todos”.

Sólo una denuncia de todos los convenios limitadores de responsabilidad civil por daños causados por hidrocarburos y una nueva legislación basada en el principio indemnitario y articulada sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada de los principales agentes causantes del daño, generadores del riesgo y beneficiarios de la actividad, puede dar lugar, según JpD, a “un sistema civil más justo que tenga como consecuencia la elevación de los estándares de seguridad y prevenga situaciones de resultado catastrófico en la que perece para siempre una parte del mundo en que vivimos”.

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