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El juez alarga medio año más las pesquisas sobre la segunda estafa al equipo de Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La justicia alarga la investigación sobre la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Israel Bartolomé, ha decidido prorrogar durante seis meses más, y a petición del Ministerio Público, las pesquisas centradas en la compra de 500.000 mascarillas a la consultora estadounidense Sinclair&Wilde en lo peor de la pandemia. El equipo de José Luis Martínez-Almeida pagó por aquellos tapabocas 2,5 millones de euros, pero nunca pudo dotarse con ellos a los Servicios de Emergencias y Protección Civil ante la falta de determinados certificados de calidad. Tras la firma, el empresario franco-israelí Philippe Solomon.

"Dada cuenta; el anterior escrito del Ministerio Fiscal, únase a las diligencias de su razón y téngase por hechas las manifestaciones en el mismo contenidas y habiéndose interesado que se acuerde la prórroga de la instrucción del procedimiento por otros seis meses, dese traslado por término de tres audiencias al resto de las partes personadas y, con resultado, se acordará", apunta el juez en una providencia emitida la pasada semana, a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que también cita a declarar como testigo en la causa para comienzos de marzo a quien fuera en aquella etapa jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Mario Tabasco.

El magistrado ha emitido esta resolución tras recibir a comienzos de enero un escrito del Ministerio Público en el que se solicitaba alargar las pesquisas medio año más dada "la complejidad de la investigación" y a fin de "practicar las diligencias necesarias hasta la completa instrucción de la causa". "En el presente supuesto son muchas las diligencias de investigación aún pendientes de practicar que obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción, siendo evidente que del resultado de las diligencias pendientes de practicar arrancarán, con toda seguridad, nuevos elementos sobre los que deberán practicarse nuevas diligencias a expensas del resultado que arrojen las pendientes hasta el momento", apuntaba Fiscalía.

Caso reabierto

El contrato para la adquisición de cubrebocas fue adjudicado a Sinclair & Wilde, según los documentos que se aportaron al juez que instruye el caso de los comisionistas Medina y Luceño, el 23 de marzo de 2020. En la adjudicación medió una empresa española: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. De hecho, algunas horas antes de la adjudicación, la dueña de esta empresa, Araceli Vida, ofrecía sus servicios al consistorio de la capital para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". Ese correo electrónico llegó al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, quien se lo reenvió a la presidenta de la funeraria municipal, el organismo que se estaba encargando en aquella época de la compra de material sanitario.

Las mascarillas llegaron a la capital a finales de abril. Sin embargo, pocos días después, el director de emergencias del consistorio madrileño acudió a la Policía Municipal. Decía que existían "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio estaba convencido de que había sido víctima de una estafa. De hecho, el material adquirido nunca llegó a utilizarse. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. En un informe, la Policía Municipal detectaba posibles delitos de estafa, contra los derechos de los consumidores y contra la propiedad industrial.

Con esta información, el juez abrió una investigación. Pero en julio de 2021 dio carpetazo al asunto "ante la insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" del presunto autor de los hechos. Sin embargo, el caso volvió a reactivarse nuevamente el pasado 12 de abril, cuando el instructor recibió un atestado con nuevas pistas. En concreto, el nuevo documento, aportado por la Policía, informaba de que se había recibido comunicación por parte de la oficial de enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU informando de que Philippe Haim Solomon "utiliza habitualmente" otra identidad: Philippe Victor Chain Hababou.

En el atestado también se trasladaba al juez que Solomon fue detenido en 1998 por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos "por blanqueo de capitales y robo de cheques", siendo extraditado a Francia "dado que tiene ciudadanía francesa". Además, se le comunicaba que, según los datos que le habían llegado a través de sus colegas estadounidenses, el empresario tiene su residencia en Reino Unido, aportando también información sobre el registro de su empresa. Incluso se le trasladaba que las últimas noticias que se tenían del señor Hababou es que viajó en octubre de 2018, "en vuelo privado" y acompañado de otras dos personas, desde el aeropuerto de Stansted, en Londres, hasta Marrakech.

Correos, mensajes y testificales

Con esta nueva información, el titular del Juzgado de Instrucción nº30 de la capital decidió reabrir el caso a comienzos de verano. Y pidió ayuda a Reino Unido vía comisión rogatoria. El objetivo, localizar y citar al escurridizo empresario franco-israelí, quien a preguntas de este diario señaló ya hace meses que no se encontraba "escondido en absoluto". En este sentido, aseguraba que sus "números" y "correos electrónicos" llevan existiendo "desde hace 20 años". De hecho, durante la nueva fase de instrucción, la acusación que representa el PSOE ha llegado a poner sobre la mesa del juez una posible vía de contacto para dar con Solomon. Hasta la fecha, sin embargo, no tienen constancia de que eso se haya conseguido. De hecho, las partes personadas temen que la causa se venga abajo si no aparece.

El juez, mientras tanto, ha ido practicando determinadas diligencias de investigación a lo largo de los últimos meses. Así, por ejemplo, ha recopilado todas las comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid relacionadas con la operación que se encuentra bajo la lupa judicial. En el sumario constan los mensajes de teléfono que la entonces responsable de compras del consistorio de la capital, Elena Collado, intercambió con el propio Solomon durante días: "Cuando vengas a Madrid nos vamos a comer a la plaza mayor. O a algún sitio bonito que te pueda enseñar". Y también todo el compendio de correos electrónicos que muestran cómo se cocinó la segunda estafa sufrida por el equipo de Almeida en aquellos complicados momentos de pandemia.

Del mismo modo, el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Madrid tomó a comienzos de diciembre declaración a Araceli Vida, la empresaria que medió entre Sinclair&Wilde y el Ayuntamiento de Madrid para la compra de las mascarillas. La abogada y economista reconoció, durante su comparecencia, haber ofrecido la posibilidad de conseguir suministro de material sanitario "a diferentes empresas y administraciones", aunque de este último grupo solo consiguió "fraguar contratos" con el consistorio de la capital. No obstante, se identificó como "mera transmisora de documentación", al tiempo que aseguró que le "mereció confianza" la consultora por ser una empresa "posicionada en el comercio internacional" y que no cobró comisión alguna. Y que "todos los correos electrónicos de su cuenta" se borraron "accidentalmente" hace algunos meses.

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