El juez pide ayuda a Reino Unido para localizar y citar al empresario de la segunda estafa al equipo de Almeida

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida.

El juez que investiga la segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia mueve ficha medio año después de la reapertura del caso. En un auto fechado esta misma semana, al que ha tenido acceso infoLibre, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha acordado librar una comisión rogatoria a Reino Unido para localizar y citar a Philippe Haim Solomon, el empresario que se esconde tras la firma Sinclair&Wilde, a la que se compró medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. "Una vez hallado, deberá ser citado para que comparezca ante este juzgado el próximo 26 de mayo a las 10 de la mañana", recoge el escrito.

El magistrado, tras hacer un relato de los hechos, resalta que al empresario en cuestión se le puede encontrar bajo dos identidades –Philippe Haim Solomon o Philippe Víctor Chaim Hababou–. E indica que puede operar con tres pasaportes diferentes: uno israelí, otro de Guinea Bissau y un último de Francia. De hecho, ofrece detalles sobre el número de pasaporte e, incluso, pone sobre la mesa un posible domicilio en Londres. "No se tiene constancia que el investigado haya residido en España, o se le pueda localizar aquí", asevera el juez, quien también deja constancia de que una de las partes en el proceso ha aportado un posible teléfono de contacto del empresario.

Con todos estos detalles, el instructor acuerda librar una comisión rogatoria a Reino Unido a fin de localizarle y citarle. Una vez hallado, continúa el auto, deberá comparecer en el juzgado el próximo 26 de mayo –no señala año alguno– a primera hora de la mañana. En caso de no hacerlo de manera "injustificada", recuerda el juez, "la orden de citación podrá convertirse en orden de detención nacional o internacional".

Dos testificales en diciembre

Por otro lado, a través de una providencia, el juez acepta en parte las peticiones realizadas por Más Madrid a finales de septiembre. Así, se cita a declarar como testigos el próximo 2 de diciembre a Araceli Vida, la administradora única de la firma Aifos Servicios Legales y Consultoría SL., y a Mario Tabasco, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Las partes consideran la testifical de la empresaria "fundamental para un completo esclarecimiento de los hechos". Es una de las piezas clave. La empresaria fue quien hizo de intermediaria entre Sinclair&Wilde y el consistorio de la capital, si bien participó también en otra veintena de contratos.

Solomon, el empresario denunciado por el equipo de Almeida: "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema"

Solomon, el empresario denunciado por el equipo de Almeida: "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema"

Su nombre llegó a dependencias municipales a través del abogado Carlos Fernández-Pita González. El 21 de marzo de 2020, el letrado reenvió un correo a Borja Fanjul Fernández-Pita, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que la administradora única de la firma Aifos Servicios Legales y Consultoría SL se presentaba y ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" entre las fábricas con las que trabajaba. Un mail que el concejal reenvió posteriormente a la presidenta de la funeraria municipal, Inmaculada Sanz Otero.

Mascarillas que nunca se usaron

El contrato, que se encuentra bajo la lupa judicial por un presunto delito de estafa agravada, fue adjudicado el 23 de marzo de 2020. Ese mismo día se hizo el pago de la mitad: 1,25 millones de euros desde Bankinter con destino al Bank of America. Aquel primer abono se intentó revertir porque se habían detectado "determinadas irregularidades" en relación al cumplimiento del contrato. A pesar de dichos problemas, días después se realizó una segunda transferencia por los 1,258 millones que faltaban. Por aquel entonces, la mercancía aún no había llegado a la capital. Lo hizo, según la documentación que consta en el sumario, a finales de abril.

Sin embargo, nunca pudo dotarse con esas mascarillas a los Servicios de Emergencias y Protección Civil. Tras un análisis, se concluyó que existían "indicios" para presuponer que el material recibido no se ajustaba "a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni a la europea".

Más sobre este tema
stats