La jueza del espionaje en el PP de Madrid rechaza citar como testigo a Ignacio González

La causa por el presunto espionaje perpetrado por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid contra cargos del PP madrileño contrarios a Esperanza Aguirre seguirá adelante camino del juicio con jurado. Así lo acordó este viernes tras una audiencia preliminar con todas las partes la juez Carmen Valcarce, que investiga el caso desde 2009 y que ha intentado archivarlo tres veces. Titular del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, Valcarce denegó la petición de una de las defensas para que llame a declarar como testigo al expresidente madrileño, Ignacio González.

La magistrada sí aceptó citar, también como testigo, a Yolanda Laviana, exesposa del antiguo director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, y quien en 2010 relató al diario El País que su marido ya había vigilado en 2006 y para Ignacio González al entonces consejero madrileño Alfredo Prada.

La citación de Laviana se produce a petición de la defensa de tres de los seis imputados así como de la acusación popular que en nombre de los socialistas madrileños (PSM) ejerce el abogado Wilfredo Jurado.

Tras lograr que la Audiencia de Madrid ordenase reabrir el caso tres veces, Jurado recalcó este viernes en la vistilla ante Valcarce que, seis años después de iniciada la instrucción, aún no se ha “despejado la equis” del caso. Es decir, aún no se ha averiguado quién ordenó montar la trama de espías en la que supuestamente participaban los policías y guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y que se sentarán en el banquillo.

Yolanda Laviana ya fue citada por la juez hace un año. Pero cuando llegó el momento de la verdad esgrimió su derecho a no declarar contra el que había sido su marido, Sergio Gamón.

En la audiencia preliminar la juez Valcarce recordó que la cuestión de si un divorcio exime o no a un testigo de declarar contra quien fue su cónyuge no se ha resuelto aún jurídicamente de modo pacífico. Y que si al final Laviana declarase y alguna de las defensas lograra la nulidad de su declaración, todo lo que de ella se derivase quedaría automáticamente anulado en aplicación de lo que en derecho se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

Un ejemplo: si, como consecuencia de la declaración de Laviana, Ignacio González fuese imputado y eventualmente condenado, esa condena acabaría anulada si previamente quedase sin efecto el testimonio que originó su inculpación.

La declaración del hasta hace dos semanas presidente de Madrid y expresidente cuando los seguimientos acreditados -2008- tuvieron lugar no fue la única que la juez Valcarce ha rechazado.

La magistrada también desechó citar al exconsejero Salvador Victoria, mano derecha de Ignacio González; al exconsejero de Presidencia Francisco Granados, ahora preso por la Operación Púnica; y al exdirector de la Academia madrileña de Policía, Agustín Carretero, entre otros.

La defensa de los guardias civiles José Oreja y José Manuel Pinto, a los que ahora se ha unido otro guardia civil imputado, Antonio Coronado, reclamó igualmente sin éxito a la jueza la incorporación a la causa de las grabaciones difundidas en febrero por el diario El Mundo.

Efectuada en 2012, en esa grabación se oye cómo uno de los agentes, José Oreja, le explica a Francisco Granados que el entonces viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter, le había felicitado por salvar en sus declaraciones a la cúpula del Gobierno regional. Sus palabras fueron estas: “A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”.

En enero de 2013, Oreja cumplió aquello de lo que ya había avisado a Granados en aquella reunión grabada: le contó a la juez, por escrito, que había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde porque Ignacio González tenía “especial interés” en conocer sus movimientos y con quiénes se reunían. Como Gallardón y Prada, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue igualmente objeto de seguimientos.