Justicia

La jueza que investiga por blanqueo al abogado de Puigdemont decide este miércoles su futuro inmediato

El abogado Gonzalo Boye.

La declaración que este miércoles por la mañana prestará Gonzalo Boye ante la jueza de la Audiencia Nacional que le investiga bajo la imputación de blanqueo de dinero del narcotráfico decidirá el futuro inmediato del abogado de Carles Puigdemont. Desde los registros policiales que finalizaron tras la medianoche del lunes, está en poder de la magistrada, María Tardón, el contenido del teléfono móvil de Boye y los correos electrónicos que almacenaba en su ordenador. Su entorno cree que el letrado seguirá en libertad pero no se atreve a aventurar si la magistrada restringirá sus movimientos.

Sobre Boye, y a tenor de lo que ha trascendido hasta el momento –la causa está secreta– pesa una imputación por blanqueo en la que ha resultado crucial el testimonio de uno de los colombianos, M.A., detenidos en Barajas en 2017 con 900.000 euros procedentes de la droga –muleros– que pretendían sacar del país. Los investigadores creen que el dinero pertenecía al narco José Ramón Prado Bugallo,  Sito MiñancoSito Miñanc, de quien Boye fue su abogado hasta hace varias semanas. Boye niega de manera tajante la acusación. Y mantiene que se le investiga "por ser el abogado de Puigdemont".

El 24 de julio y cuando llevaba ya 17 meses en prisión, el mulero M.Adeclaró que, con el objetivo de recuperar esos casi 900.000 euros, Boye les facilitó falsos contratos de préstamos y pagarés para justificar el origen del dinero y lograr así su devolución por parte del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo).

Boye niega haber urdido una trama para crear una apariencia de legalidad en el origen del dinero. Y sostiene que lo que hizo fue aportar documentación proporcionada por quienes reclamaban el dinero: sus clientes. El entorno de Boye sostiene que esos clientes no eran, en lo que se refiere a la recuperación del dinero, ni Sito Miñanco ni su mano derecha, Luis Enrique García Arango, a quien el mulero señaló como la persona que le citó en la oficina de Boye para poner en marcha la maquinaria de recuperación de los activos incautados.

El entorno del abogado mantiene también que esa reunión no existió en los términos en que la describió el colombiano porque en las fechas que indicó en su declaración Sito Miñanco se encontraba en Cambados. La versión de los próximos a Boye añade otro elemento que considera relevante: que M.A. salió de prisión una semana después de haber lanzado su acusación contra el abogado, extremo que no ha podido verificar este periódico. 

Un acta de manifestaciones

En su domicilio la Policía intervino un documento elaborado por su bufete que constituye una detallada guía con la que refutar argumentalmente lo declarado por M.A. mediante fechas, extractos de conversaciones y otros datos que, siempre según su entorno, son comprobables. Antes de elaborar ese documento y tras conocer lo declarado por M.A., el bufete de Boye entregó a la juez Tardón un escrito donde expuso que los contratos y los pagarés aportados para legitimar el origen de los 900.000 euros le llegaron junto con un acta de manifestaciones donde un determinado individuo, J.J.B., expresaba ante notario que había participado en 15 contratos reales. Boye asegura en ese escrito que ni conoce a J.J.B. ni acudió a la notaría que constaba en esa acta. Las informaciones que han trascendido hasta la fecha indican que la Fiscalía Antidroga, que comanda la investigación, no ha concedido ningún crédito al escrito de Boye.

A lo largo del martes, Boye agradeció a través de su cuenta de Twitter las muestras de apoyo recibidas. Y aprovechó para afirmar que sigue "determinado en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el abuso de autoridad y la vulneración de los derechos fundamentales".

"En ningún caso nos harán retroceder en la defensa de los derechos y libertades de Catalunya. Defendemos, y defenderemos, a los exiliados y presos políticos catalanes, y a quien haga falta, con la misma determinación y convicción que lo hemos hecho hasta ahora", escribió.

Sito Miñanco fue detenido por orden de la Audiencia Nacional en febrero de 2018 en un gran operativo que incluyó varias ciudades españolas, causa en la que continúa investigado. Esta instrucción, que comenzó la predecesora de Tardón en el juzgado, Carmen Lamela, es la que ha llevado a los registros del lunes.

Meses antes del arresto del narco y de 40 miembros de su organización en lo que pasó a denominarse Operación Mito, la Policía grabó en junio de 2017 una reunión en una cafetería madrileña de la cadena VIPS. En esa reunión, a la que la Policía concede relevancia, participó Boye con varios implicados en el caso.

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