Investigación

La Justicia torpedea las comisiones rogatorias del ‘caso del ático de González’

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Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

La justicia torpedea su propia investigación sobre el ático de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En concreto, las comisiones rogatorias procedentes del Reino Unido y de Estados Unidos han puesto al descubierto los continuos errores y la lentitud de la justicia española, que no ha sido capaz de obtener datos concretos sobre el origen y los propietarios últimos de las cuentas desde las que la sociedad Coast Investors abonó en 2008 los 750.000 euros para adquirir el dúplex de lujo que desde un principio alquiló el expresidente madrileño.

Así, mientras el Reino Unido ha advertido recientemente su intención de cerrar el expediente el 31 de octubre si no recibe los datos necesarios, Estados Unidos ha comunicado a España que el banco desde el que se realizaron las transferencias del dinero ya no dispone de los extractos bancarios de las operaciones de compraventa del ático.

Por lo tanto, la extrema lentitud ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no dispone de la documentación relativa al origen del dinero, según explica el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.

"No existen registros"

"El 21 de agosto de 2015 recibimos una carta de su oficina para proporcionar documentación adicional relativa a las transferencias de marzo y septiembre 2008. Y nosotros transmitimos esa información al US Bank. Desafortunadamente, el US Bank nos ha advertido de que, si bien las cuentas estaban abiertos en el momento de las transferencias, los registros relativos a las mismas ya no existen porque han sido purgados en consonancia a su política de custodia de documentos", relata el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La respuesta de la jueza de Estepona a la petición de ampliación de documentación de Washington, realizada el 19 de febrero de 2015, no se realizó hasta el 21 de agosto, seis meses después. En esa comunicación de 19 de febrero, las autoridades de Washington explicaban que el banco aseguraba que en virtud de los datos aportados por España no encontraba las transferencias. Pero la acusación de los extrabajadores de Telemadrid detectó que la jueza había comunicado de forma errónea los números de cuenta a investigar.  

Cuatro comunicaciones

La comisión rogatoria procedente del Reino Unido también pone en evidencia la lentitud de España, según consta en un escrito de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia dirigido a la jueza de Estepona que va encabezado con el titular "muy urgente": "Se ha recibido comunicación procedente de dichas autoridades en la que reiteran la solicitud de información adicional enviada a ese Juzgado en fechas 08/01/2015, 03/06/2015 y 12/08/2015".

Y en esta ocasión, Londres da un ultimátum: "Las autoridades británicas comunican que si no reciben la información antes del próximo 31 de octubre de 2015, procederán al cierre del expediente", explican desde el Ministerio de Justicia, que se dirige a la jueza: "Por ello, le ruego nos facilite dicha información, debidamente traducida, al objeto de remitirla a las autoridades de Reino Unido para que, a la mayor brevedad, puedan continuar con la ejecución de su solicitud".

US Bank de Oregón

En la providencia de 6 de noviembre pasado, seis días después de que se cumpliera el plazo previsto por el Reino Unido para la extinción de la comisión rogatoria, la jueza anuncia su intención de informar a las autoridades británicas de que a través de las cuentas "se recibieron las transferencias internacionales con destino a España, que tenían su origen en el US Bank de Portland (Oregón, EEUU), y que el periodo al que se contrae la información requerida es el correspondiente a los años 2008 a 2011, inclusive".

La resolución de la jueza aporta otros datos de menor transcendencia. Como por ejemplo la comunicación del presidente de la Urbanización Alhambra del Golf III de Estepona, de la que forma parte el ático de González. En ella, el remitente explica que no dispone de la documentación del pago de la comunidad de propietarios de los años 2007 y 2011: "No aparece identificada la cuenta en que se cargaban los mismos". Y en 2011, la cuota de octubre se giró a la sociedad Coast Investors, y a partir de enero de 2012, ya con González de propietario, la comunidad se abona desde otra cuenta.

Relación con el caso Gürtelcaso Gürtel

Además, la jueza Isabel Conejo informa a las partes personadas que su juzgado ha recibido documentación del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sobre dos empresas que aparecen en el caso del ático y en Gürtel. En concreto, se trata de las firmas Dulcan Inc. y Winsley Inc Coast Investors, que son suscriptoras de la matriz de Coast Investors, pero también de una de las sociedades de Francisco Correa.

Asimismo, el juzgado de Estepona también ha recibido un informe del Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) en relación a los domicilios de varios testigos. En concreto, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; los comisarios Enrique García Castaño, Enrique Rodríguez Ulla y José Manuel Villarejo; y del periodista Esteban Urreiztieta: "Acordándose la remisión de exhorto a los juzgados de Madrid a fin de que se les reciba declaración testifical sobre los hechos", completa la jueza.

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