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Un juzgado de Madrid llama a declarar a Reyero y Mur como testigos en una causa por la muerte de tres residentes

Carlos Mur, en febrero de 2021, cuando compareció por videoconferencia ante la Asamblea de Madrid.

El exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Ayuso y el firmante del Protocolo que impidió trasladar a miles de residentes al hospital tendrán que declarar como testigos ante un tribunal. Alberto Reyero y Carlos Mur están citados como testigos el próximo 23 de marzo, de acuerdo con una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha tenido acceso infoLibre.

Después de dos años y medio intentando sin éxito que el responsable del conocido como Protocolo de la Vergüenza tuviera que comparecer ante un tribunal, los familiares agrupados en Marea de Residencias han logrado por fin que un juez lo cite en una de las causas abiertas, aunque sea como testigo.

El magistrado, Arturo Zamarriego, investiga la querella presentada por los familiares de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera y que fallecieron a finales de marzo y principios de abril de 2020.

Además de citar como testigos a Reyero y a Mur, el magistrado también solicita a la médico forense adscrita al juzgado que, analizada la documentación médica obrante en autos, indique si las pacientes tuvieron “una atención médica que haya sido inadecuada”, fueron “desatendidas” por alguno de los profesionales encargados de su cuidado “y si la omisión de la diligencia debida a la finada pudo provocar su fallecimiento”.

Una portavoz de Marea de Residencias mostró a infoLibre su “alegría” por la noticia y señaló que a los abogados “hay que hacerles un monumento porque llevan años trabajando a destajo, gratis, con decenas de querellas archivadas… Y por fin se ve un rayo de luz”. Los dos principales abogados son Carlos Vila y José Luis González del Moral.

Un 96% de fallecidos en la residencia

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo de 2020 un Protocolo que frenó casi por completo el traslado al hospital de las personas que vivían en residencias y tenían dependencia física o deterioro cognitivo alto. La gran mayoría de residentes se encuentran en esa situación. Se trata además de dos criterios que no están relacionados con la esperanza de vida de una persona, que no depende de ir en silla de ruedas o tener un deterioro cognitivo avanzado.

El Protocolo lo firmó Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Los días 20, 24 y 25 de marzo se firmaron otras tres versiones del mismo documento. Nada más firmarlo, el Protocolo se envió desde la Consejería de Sanidad a los altos cargos del Gobierno Ayuso que tenían que ejecutarlo. Y los datos oficiales demuestran que se aplicó de forma masiva: 7.291 personas fallecieron en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, sin ser trasladadas a un hospital, lo que supuso el 77% del total de residentes muertos aquellos dos meses.

El frenazo a las derivaciones hospitalarias fue total en muchas residencias. En concreto, en DomusVi Albufera fallecieron 30 personas en aquellos dos meses y 29 lo hicieron en el propio centro. ¡El 96,6% del total!

Las mentiras de Ayuso y de la fiscal superior

Carlos Mur tuvo que comparecer ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid, en febrero de 2021, antes de que PP y Vox decidieran cerrar dicho órgano. Mur intentó lógicamente defender su actuación, pero admitió la veracidad del Protocolo de exclusión hospitalaria, desmontando así la versión de que había sido un simple “borrador”.

La presidenta Ayuso, cuando infoLibre desveló el contenido íntegro del Protocolo en mayo de 2020, mintió en la Asamblea de Madrid con las siguientes palabras: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo". Este periódico publicó pocos días después las cuatro versiones del Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur. infoLibre también publicó copia de los correos electrónicos enviados desde Sanidad a quienes tenían que aplicar el Protocolo.

Al contrario que Mur, el entonces consejero de Políticas Sociales mostró desde el primer momento su rechazo al Protocolo y a la falta de medicalización de las residencias. A principios de junio de 2020, Alberto Reyero declaró en la Asamblea: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". Las comunicaciones a las que se refiere con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, son varias cartas y correos que le envió en plena primera ola de la pandemia [las puedes consultar aquí].

Alberto Reyero publicó hace dos meses un libro, Morirán de forma indigna, en el que relata su experiencia durante aquellos meses. Reyero sostiene que fue precisamente la imposibilidad de contar su versión en la Asamblea, después de que PP y Vox cerrasen la comisión de investigación, lo que le animó a escribir el libro. Entre otras muchas cuestiones, Reyero desvela cómo en un consejo de gobierno celebrado el 25 de marzo de 2020, pidió 50 médicos y 50 enfermeras para que pudieran prestar asistencia sanitaria en las residencias. Ayuso no atendió la petición.

Las querellas y denuncias de los familiares de las víctimas se han encontrado hasta ahora con un muro en los tribunales, donde se han archivado decenas de causas, y especialmente en la Fiscalía. Salvo contadísimas excepciones, los representantes del Ministerio Público han tenido una actuación completamente pasiva en los procedimientos relacionados con las residencias, sin pedir ningún tipo de pruebas y sin acudir ni siquiera a las declaraciones de testigos o imputados. En la Memoria anual correspondiente al año 2020, la fiscal superior de Madrid intentó justificar esta actitud mediante una serie de mentiras, afirmaciones que carecen de cualquier sustento fáctico y la omisión de hechos fundamentales. infoLibre le envió 38 preguntas a la fiscal Almudena Lastra para que ofreciera su versión, pero se negó a responder todas las cuestiones [puedes consultar aquí las 38 preguntas].

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