Hace tres años, Noelia decidió acabar con todo. Se asomó a la ventana del quinto piso en el que vivía y se tiró. Ese intento de suicidio la dejó parapléjica, con daños irreversibles.
Su vida no ha sido sencilla. Cuando era pequeña sus padres perdieron su custodia y el hogar de la joven paso a ser un centro tutelado. Ya de adolescente, sufrió una violación múltiple, mientras que la relación con sus padres era casi nula.
Tras su intento de suicido, pasó a residir en un centro sociosanitario de Cataluña. Tras dos años postrada en la cama con un deterioro y sufrimiento crónicos — como así lo detallan los informes médicos— Noelia decidió solicitar la eutanasia.
Y aquí merece la pena resaltar la complejidad del proceso, que está marcado por la garantía de la voluntad real de la persona de morir. El afectado debe manifestar por escrito su voluntad al menos dos veces en 15 días y en la solicitud tiene que quedar claro que es una decisión individual y que no proviene de ninguna presión externa. También tienen que asegurar que conocen todas las alternativas posibles a la eutanasia, como los cuidados paliativos. Cuando el proceso comienza, el paciente puede cambiar su decisión en cualquier momento o retrasar su aplicación.
La petición de Noelia fue aprobada desde la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y se fijó como fecha para ejercer su derecho a tener una muerte digna el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, más de un año después, sigue esperando. El causante es ese mismo hombre ausente de su adolescencia: su padre, que, representado por Abogados Cristianos, presentó un recurso alegando que no estaba capacitada para tomar esa decisión y que el daño en su cuerpo no es insufrible. “Noelia tenía la prestación de eutanasia aprobada, lo cual es muy complicado al ser un proceso tan largo y complejo, y fue a raíz de una reclamación de su padre que se paralizó”, expone Cristina Vallés, de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
Desde su organización consideran que “este proceso tendría que haberse resuelto en tiempo, pero lleva paralizado tres años por el empeño de la organización ultracatólica Abogados Cristianos”. Lo que está viviendo Noelia es de “una crueldad extrema”, comentan en conversación con este medio, debido a que supone “la intervención de terceras personas en una decisión individual y libre”.
Noelia es una mujer adulta de 24 años, que ya ha reiterado que desea recibir la eutanasia. Sin embargo, en diversas ocasiones ha denunciado cómo personas externas y ajenas a su vida personal han tratado de poner freno a su decisión. En el juicio, celebrado en marzo, Noelia relató que grupos católicos, que estaban vinculados al centro tutelado donde creció y a una parroquia de Sabadell (Barcelona), estaban ejerciendo presión sobre ella para intentar cambiar su decisión. Entre las distintas presiones destacan "visitas" no anunciadas por dos mujeres miembros de esta comunidad religiosa, a las que Noelia pudo identificar porque solían trabajar en el centro tutelado donde residió. En estas visitas, las mujeres intentaban convencerla de que su decisión no era correcta, según cuenta la joven.
Incluso, según relata ella misma, fue obligada por estas dos mujeres a escribir un texto en el que indicaba que había meditado su decisión y deseaba más tiempo. En esa ocasión, habían irrumpido en la estancia y, aprovechando que Noelia estaba débil y cansada por los fármacos, dictaron a la joven el contenido de la carta e hicieron que firmara.
El texto, al que tuvo acceso El Confidencial, indicaba: "Señor director del Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, señor médico responsable del procedimiento de la Prestación de Ayuda a Morir (PRAM). Por medio de la presente hago constar que estando señalada para el 2 de agosto la realización de la eutanasia y hallándome en un estado de confusión, solicito al objeto de poder madurar mejor mi decisión un aplazamiento de 6 meses para la realización de dicha prestación".
Su padre trató de utilizar este documento para frenar el proceso, pero Noelia aseguró posteriormente que en aquel momento no sabía lo que estaba escribiendo, que simplemente quería que se marcharan y que por eso no puso resistencia a las insistencias de las dos mujeres.
Este acoso es constante, alega Noelia, incluso cuando no están en su habitación o cerca de ella. En unos mensajes a los que tuvo acceso ElDiario.es una de las mujeres escribe: “Me cuesta mucho entender tu actitud de rotura radical al amor de los otros. Realmente tiene que ser un infierno haber hecho esta opción y vivir así”, replica la mujer, después de que la joven expresara su deseo de que la dejasen en paz.
“Desde Abogados Cristianos están dispuestos a todo, aunque saben que no pueden ganar ya que no pueden presentar ninguna alegación sostenible”, expone Vallés. De esta forma, explican que lo que pretenden desde esta fundación religiosa es ganar tiempo y, por consecuencia, hacer que Noelia pierda el suyo.
“Toda ley puede tener una reclamación, pero necesitamos que se resuelvan más rápidamente”, añade Vallés. Intentar impedir cualquier recurso es desproporcionado, pero es de vital importancia acabar con las demoras de los tribunales para evitar que se prolongue un sufrimiento innecesario, indican en un comunicado.
“Si una persona a la que quieres está sufriendo tienes que respetar su voluntad, aunque dejar ir sea un ejercicio complejo” argumenta Vallés, que considera que quizá los verdaderos motivos de la inquina con la que Abogados Cristianos está retrasando este proceso no sean del todo por amor a una hija.
Una cuestión política
“Por una cuestión de ideología están condenando a una chica, la eutanasia no se pide porque sí, el sufrimiento es mayor que la vida”, reitera Vallés, que entiende que esto es una nueva cruzada contra las leyes del gobierno. “Lo que quieren es alargar el proceso porque quieren poner en duda que la ley sea correcta”, argumenta Vallés.
“Lo que quieren es hacer ruido. Lo que no consiguieron en el Congreso quieren intentarlo con un atajo legal, es casi un fraude de ley”, sentencia. En su momento, la norma salió adelante con los votos en contra de Vox y del Partido Popular, quienes incluso la elevaron al Tribunal Constitucional, que acabó por ratificar la ley como valida.
Precisamente, el exfiscal y magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín escribió en este medio: “Pretender imponer la ideología o creencias por encima de la libre voluntad y autodeterminación no es compatible con los valores de un Estado democrático y de derecho”.
En su momento el Partido Popular tachó la normativa de “frívola” y desde la formación afirmaron que la ley estaba hecha de forma “atropellada y chapucera”, en lugar de optar por la alternativa de los cuidados paliativos, que señalaban como la opción más aceptada por los españoles.
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En el momento en el que se aprobó la ley, España se convirtió en el cuarto país de Europa en legalizar este procedimiento y el séptimo en todo el mundo. Así comenzó la normalización de algo que el 87% los ciudadanos españoles ya aceptaban, según datos de Derecho a Morir Dignamente. “Es una ley necesaria” explica Vallés, que añade que “la española es una de las más garantistas en el proceso de evaluación”.
Aun así todavía queda mucho por mejorar por parte de las instituciones españolas. Desde esta organización denuncian que los plazos siguen siendo demasiado largos y que no hay datos de calidad, a pesar de la creación de un Sistema de Información de la Eutanasia (SIE) por el Ministerio de Sanidad, que, según dicen en un informe, se hizo “tarde y mal”.
En este mismo informe, DMD estima que, desde que se aprobó la ley, unas 3.000 personas han solicitado ayuda para morir, de las que solo el 40% han finalizado con una eutanasia. A una de cada cuatro personas se le deniega su solicitud y otra cuarta parte fallece durante la tramitación.
Hace tres años, Noelia decidió acabar con todo. Se asomó a la ventana del quinto piso en el que vivía y se tiró. Ese intento de suicidio la dejó parapléjica, con daños irreversibles.