Iglesia católica

El 'lunes horribilis' de 'los romanones'

Un coche traslada a uno de los tres sacerdotes y al seglar detenidos hoy a un registro en la localidad de Pinos Puente en el marco de la investigación sobre supuestos abusos sexuales cometidos en Granada contra al menos un menor.

Amina Nasser

Este lunes fue un día horribilis para el llamado clan de los romanones. Como los apóstoles, lo forman doce, diez sacerdotes y dos seglares, que están siendo investigados como presuntos autores o encubridores de supuestos abusos sexuales a menores. Cuatro miembros del grupo, tres sacerdotes diocesanos y un laico, están en los calabozos, incomunicados, y a la espera de pasar a disposición judicial. Fueron detenidos como presuntos autores de los abusos sexuales. Los demás, siete sacerdotes y otro laico, están bajo sospecha como presuntos encubridores.

La causa, que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, sigue bajo secreto de sumario, pero esta ha sido la crónica de una detención anunciada. Desde hace días, fuentes próximas a la investigación venían asegurando que se iban a producir “tres o cuatro” arrestos. El mismo subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, lo anunció públicamente en varias ocasiones. Los sospechosos ya estaban sobre aviso.

No fue, desde luego, una detención televisada, como se ha puesto al uso en los casos de corrupción política. Estos arrestos se realizaron a cámara cerrada, puede que por alguna bula policial. En las próximas horas, los cuatro detenidos, Román Martínez Velázquez de Castro, expárroco de San Juan María Vianney, Francisco José Campos Martínez, exvicario judicial, Manuel Morales Morales, expárroco en los Tablones de Órgiva y el seglar Sergio Quintana Muñoz, hermano del sacerdote M. Q. M., tendrán que declarar ante el juez Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 4, que decidirá el ingreso en prisión o la adopción de medidas cautelares.

Todos los arrestados y los que están siendo investigados por supuesto encubrimiento, forman un grupo cerrado, con métodos propios de una organización, apodado los romanones, por el nombre de su líder, Román. La mayoría de los miembros del grupo tiene una edad media de 40 años y apariencia de modernidad. Controlan parroquias en Granada capital, el área metropolitana, la Alpujarra y la Costa. Tienen un alto nivel económico y diversas propiedades (una veintena) repartidas por toda la provincia, fundamentalmente, en la Alpujarra, en Granada y su área metropolitana y en la Costa.

Esos inmuebles, entre los que se encuentra un chalé en una urbanización del área metropolitana de Granada y un dúplex en Salobreña, se utilizaron supuestamente para organizar encuentros con menores en los que, al parecer, se produjeron los abusos sexuales.

La Alpujarra, base de operaciones

Los curas detenidos y otros miembros del grupo tienen una vinculación especial con la Alpujarra. Román, el ideólogo del grupo, fue párroco del pueblo alpujarreño de Cástaras, desde 1978, cuando se ordenó sacerdote, hasta 1980. Tuvo responsabilidades pastorales en varios pueblos de la comarca hasta que se trasladó a la parroquia del Corpus Christi de Granada (en el barrio del Zaidín), en 1986. En la capital, ejerció como coadjutor o párroco, además de en El Zaidín, en Bola de Oro y en la zona centro. En los últimos años, ha sido párroco de San Juan María de Vianney, una iglesia moderna situada en el nuevo Zaidín.

Román proyectaba una imagen de modernidad con la que atraía a los jóvenes. “Nos invitaba a tomar algo en su terraza y enseguida logró entablar relación con un grupo de chicos y chicas, en el que también estaba yo”. Es parte del testimonio de un joven que tuvo contacto con el grupo y participó en sus actividades en los años noventa, hasta que cortó la relación, precisamente, tras sufrir un intento de abusos sexuales. Según el relato de este joven, Román sabía cómo acercarse a los chicos “y simpatizar con ellos porque tenía mucha habilidad”.

Dicen que este cura, con gran poder de persuasión, procede de una familia adinerada de un pueblo de la zona norte de la provincia. Antes de formar su propio grupo, perteneció al movimiento focolar, una organización nacida en Italia que busca vivir y difundir la fraternidad universal para contribuir a componer la familia humana en unidad. El líder del clan de los romanones quiso dirigir el movimiento focolar en Granada, pero lo abandonó tras un enfrentamiento con el párroco de una céntrica basílica de la ciudad, adscrito a la misma corriente.

El "amor fraternal" de la organización

Román predicaba entre los jóvenes el amor fraternal. Les organizaba actividades terrenales: barbacoas, quedadas para ver un partido de fútbol, comidas o cenas y los invitaba a dormir en su casa. O planificaba retiros espirituales de fines de semana en la Alpujarra o la playa, tanto daba. El caso era seducirlos e incluirlos en el grupo con sus tesis sobre el amor fraternal.

Los tres curas detenidos fueron suspendidos a divinis el pasado 15 de octubre por el arzobispo de Granada, Javier Martínez, pero el prelado ha colocado en sus responsabilidades pastorales a otros presbíteros, miembros del mismo grupo, que están siendo investigados como supuestos encubridores, algo que ha sido criticado por sectores religiosos que, además, consideran que el arzobispo ha pecado de cierta indolencia en este caso.

Hay quien relaciona la tibieza del arzobispo con el hecho de que uno de los detenidos, Francisco José Campos Martínez, fuera vicario judicial. Al fin y al cabo, fue el propio prelado granadino el que decidió en agosto de 2008 que este cura dejara la parroquia de Órgiva (en la Alpujarra granadina), donde ejercía sus funciones pastorales, le encomendara estudiar Derecho Canónigo y le nombrara juez diocesano. Este sacerdote, considerado el número 2 de los romanones, dejó en Órgiva el recuerdo de una sonada polémica a propósito de un testamento. Una viuda y rica farmacéutica lo nombró albacea, junto a otros curas, con plenos poderes de reparto de los bienes para los fines que estimaran convenientes.

Ahora, la investigación judicial trata de aclarar si la fortuna heredada de la anciana, que vuelven a reclamar sus familiares tras el escándalo por los supuestos abusos, pudiera ser la principal base económica de los curas supuestamente pederastas.

El sucesor de Campos Martínez como párroco de los Tablones de Órgiva fue Manuel Morales Morales, otro de los curas detenidos como presunto autor de abusos sexuales. Este sacerdote permanecía en la parroquia de ese pueblo alpujarreño hasta que fue suspendido a divinis el pasado 15 de octubre.

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Los dos laicos del grupo son curiosamente, hermanos de otros dos sacerdotes del clan. Uno de los seglares, al parecer, profesor de religión, está entre los detenidos. Es hermano del cura M.Q.M, párroco de San Juan María Vianney, que está siendo investigado como presunto encubridor de los abusos sexuales.

El caso que ha sobresaltado a la diócesis granadina es el mayor escándalo que ha trascendido hasta ahora de pederastia en España. Fue un joven de 24 años, miembro supernumerario del Opus Dei y supuesta víctima del clan de los romanones, el que lo denunció. Primero lo hizo a través de una carta que le envió al papa Francisco que, según informaciones de Religión Digital, llamó al joven en dos ocasiones para pedirle perdón y animarlo a denunciar en la justicia ordinaria. Después informó de los hechos al arzobispo de Granada y, un mes y medio después, acudió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía.

La Fiscalía Superior instó a la Provincial a presentar denuncia ante el Juzgado, con la recomendación de que las diligencias se declararan secretas para proteger a la víctima. En efecto, la instrucción está bajo secreto de sumario, aunque bastante sui generis. Unas veinte personas han prestado ya declaración como testigos sobre los supuestos abusos sexuales, de los que, además del joven denunciante, pudieron ser víctimas otros cuatro menores. En los últimos días, la Policía ha intentado buscar nuevos denunciantes y, al parecer, ya se ha sustanciado una segunda denuncia judicial. Al margen de la instrucción judicial se está desarrollando la investigación eclesiástica, que ha abierto otros cuatro expedientes, además del caso del joven que denunció los hechos.

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