El malestar por el último escándalo del emérito eleva la presión para que Felipe VI acepte nuevas normas que hagan de cortafuegos

La reivindicación de la figura de Juan Carlos de Borbón con ocasión del 40º aniversario del fallido intento de golpe de Estado del 23F duró apenas dos días. El tiempo que transcurrió entre los elogios que le dedicó su hijo en el Congreso en un acto brevísimo organizado a medida de la Casa Real y la noticia de que el emérito acababa de pagar cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria para evitar una investigaciónnoticia por ingresos de más ocho millones no declarados a la Hacienda pública española.

Desde ese momento, la presión para que Felipe VI ponga en marcha un cortafuegos normativo que, con los ladrillos de la transparencia, aísle a la institución de la escandalosa imagen de Juan Carlos I, aumenta por momentos. A la indignación de los partidos de la izquierda y del soberanismo con los supuestos hechos delictivos cometidos por el emérito —desde Unidas Podemos a Esquerra, pasando por el PNV, Eh Bildu y Junts, entre otras fuerzas— se ha sumado en los últimos días el reconocimiento por parte de formaciones identificadas con la monarquía, como el PSOE y Ciudadanos, del comportamiento “incívico” del parte del rey y, sobre todo, del malestar que el fraude ha causado entre los ciudadanos. En paralelo, cada vez más partidos reconocen, algunos en público y otros en privado, la conveniencia de tomar alguna iniciativa, bien para evitar nuevos daños a la institución, bien para garantizar que tiene los bolsillos de cristal. 

Primero fue el presidente Pedro Sánchez, en rueda de prensa desde la Moncloa, el que admitió compartir el rotundo “rechazo” de los españoles a las “conductas incívicas” de Juan Carlos de Borbón. Este lunes se sumó a esa opinión Ciudadanos, a través de su portavoz, Melisa Rodríguez. La dirigente de Cs confesó estar “profundamente decepcionada con las actitudes incívicas” del rey emérito y le emplazó a colaborar de “con la Justicia y con la Agencia Tributaria” para esclarecer este asunto “cuanto antes” porque “se lo debe a todos los ciudadanos”.

La posición más exigente de entre los grandes partidos volvió a sostenerla Unidas Podemos. Su portavoz, Isa Serra, exigió a Hacienda que abra una investigación por presunto delito fiscal contra el rey emérito. “Nos preguntamos dónde está Hacienda”, señaló en rueda de prensa abriendo un nuevo frente de controversia dentro del Gobierno de coalición. “No es aceptable” la pasividad de la Agencia Tributaria sobre las finanzas de Juan Carlos I. La monarquía está “ahogada por la corrupción” y la situación del padre del rey lanza un mensaje de “degradación”. institucional en la Jefatura del Estado.

Desde que se conocieron las primeras noticias del fraude del emérito a Hacienda, el PP hace equilibrios para no criticarle. La dirección de Casado cree que estas noticias debilitan al actual rey y no quiere contribuir a ello. De ahí que el viernes pasado se limitasen mostrar “respeto” por la decisión de Juan Carlos I de pagar cuatro millones para evitar una investigación por delito fiscal. El líder del PP todavía no ha hablado de este asunto aunque su equipo sí ha trasladado que para el principal partido de la oposición “la solidaridad fiscal de los españoles no es una opción, sino una obligación”. De hecho, fue más claro el expresidente José María Aznar el domingo en una entrevista en laSexta: “La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?”, se preguntó.

En el extremo del arco parlamentario es Vox el que ha decidido cerrar filas de forma incondicional con el padre del rey. Y no cuestionar ni siquiera su actuación para así proteger a la institución. No es la primera vez que lo hacen. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, se opuso la semana pasada a desclasificar los papeles del 23F para evitar, dijo, que de ellos salga a la luz información que debilite a la monarquía. La reforma la Ley de Secretos Oficiales sólo busca exponer públicamente las cuestiones “que más daño pudieran hacer a las instituciones”, declaró.

La propuesta de Sánchez

En este contexto, con PSOE, PP, Vox y Cs comprometidos en la defensa de la monarquía, la propuesta que el presidente Sánchez hizo el 29 de diciembre para sacar adelante una Ley de la Corona sólo puede salir adelante si es el propio Felipe VI quien impulsa la iniciativa o, como mínimo, acepta su aprobación. Ninguno de los tres grandes partidos tramitará una reforma que garantice la transparencia de la Casa del Rey y de sus miembros sin el visto bueno del actual jefe del Estado. Ya en su día el presidente explicó que el diseño de la iniciativa debe partir de Felipe de Borbón, aunque todo el Gobierno estará de su lado: "Contará con todo nuestro apoyo y nuestro aplauso", añadió en aquella comparecencia.

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Si es así, Pablo Casado ya dejó claro que el PP apoyará: “El Gobierno contará con el apoyo del PP para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado y a la monarquía como la forma que todos los españoles eligieron en referéndum para articular el Estado”.

Sobre la mesa, como reveló Sánchez, está la puesta en marcha de mecanismos que permitan avanzar en lo que llamó “una monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI”, basada en la “renovación” y “rendición de cuentas”. “Ya irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta hacia la transparencia y la ejemplaridad” añadió aquel día el presidente sin precisar nada más.

Está por ver si habrá una nueva ley o si la Casa del Rey, por su cuenta, adoptará algún código de conductacódigo que, mediante mecanismos de transparencia, garantice que actuaciones como la de Juan Carlos de Borbón no vuelven a producirse. “Yo lo que espero”, añadió el viernes Sánchez, “es que la actual Casa Real, como lo está haciendo, cumpla con los estándares de ejemplaridad, de transparencia, de rendición de cuentas de la democracia plena como lo es la española”.