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Sin acuerdo entre Sanidad y las comunidades para imponer la mascarilla en centros sanitarios

La ministra de Sanidad, Mónica García.

Tres horas y media después de comenzar la reunión de la ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros de cada comunidad, la cita telemática ha finalizado sin acuerdo para imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios de forma unitaria en todo el país.

Según ha informado Sanidad, el Ministerio ha trasladado a las comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un documento al que las comunidades deberán presentar sus alegaciones en las próximas 48 horas, y que rebaja la obligatoriedad solo a centros sanitarios, y lo deja en recomendación en centros sociosanitarios y farmacias.

Fuentes de Sanidad han informado de que la propuesta del Ministerio pretende ofrecer "el mismo nivel de protección para todos los ciudadanos" y dar cobertura legal a las comunidades que ya lo han decretado (Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia).

En un audio remitido a los medios, la ministra Mónica García ha señalado que en el encuentro, celebrado de manera telemática, se ha reflexionado sobre el uso de esta medida que ha considerado "efectiva y de sentido común" y que, además, está avalada por la evidencia científica y "es bien recibida por la población".

García ha informado de que en la reunión el Ministerio ha recogido la iniciativa de algunas comunidades para que la obligación de su uso se ampliase a las farmacias y ha insistido en la necesidad de dar soporte jurídico a las comunidades "de diferentes colores políticos que ya han introducido la obligatoriedad en sus sistemas sanitarios".

"Hemos aprendido tras las pandemia y no nos resignamos a las cifras prepandemia", ha dicho la ministra que se ha comprometido a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud a toda la ciudadanía.

El Consejo se había reunido hoy en sesión extraordinaria y a petición de Sanidad para "unificar criterios" ante el repunte de la gripe y otros virus respiratorios y coordinar medidas homogéneas en todo el país.

En la reunión, Sanidad también ha trasladado a las comunidades que estudia junto a otros ministerios que se pueda autojustificar la baja por enfermedad leve los tres primeros días a fin de no burocratizar más la Atención Primaria.

García ha explicado que se trata de una autodeclaración responsable que se traslada al médico, quien hace de intermediario de alguna manera.

En declaraciones a TVE, la ministra ha insistido en que es una medida demandada por la Atención Primaria desde hace décadas si bien no ha dado una fecha para su implantación, dado que "queda por hablar con muchos actores, y ver las consecuencias".

Se trata, ha incidido, de quitar trabajo a los profesionales de Atención Primaria "que deberán centrarse en aquellos procesos que añadan un valor a su día a día, ello destensaría mucho el sistema".

Ha explicado que Sanidad está en conversaciones con los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, y se valorará con la evidencia científica para ver su aplicación. También ha reconocido que queda por hablar con los empresarios.

Las comunidades prefieren dejarlo en recomendación

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido la primera en dar declaraciones a los medios tras finalizar la reunión. Según Fátima Matute, el Consejo Interterritorial convocado por el Ministerio se ha hecho de manera "improvisada, sin rigor, y sin seguir el procedimiento".

La consejera ha reprochado además a García haber entregado la documentación con las propuestas "15 minutos después de haber iniciado la reunión" y de haber informado previamente de ellas a través de redes sociales o televisión, medios que no considera adecuados.

La Consellera de Salut de les Illes Balears,  Manuela García, también se ha opuesto a la obligatoriedad de la medida y ha declarado que "no habría que tener necesidad de obligar" sino que "deberíamos ir con una mascarilla en el bolsillo para no infectar a las personas que están a nuestro alrededor".

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado también la postura del Gobierno regional en cuanto al uso de mascarillas ante el repunte de casos de gripe, y ha propuesto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que su posición pasa por mantener el uso solo bajo recomendación, sin hacerlo obligatorio. Fernández también ha indicado que su oposición a la medida se debe a que el pico de la enfermedad ha pasado y que los casos "irán bajando a lo largo del mes de enero".

Ayuso deja las mascarillas en mano de cada centro sanitario

García ha respondido a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su ex rival político, Isabel Díaz Ayuso que acusaba al Ministerio de Sanidad de inacción ante la situación en los centros de salud y de tratar ahora de "llamar la atención" con "ocurrencias" para demostrar "quién manda".

Ayuso ha dejado en el aire la obligatoriedad de las mascarillas y lo ha dejado en manos que cada centro sanitario: "Saben qué tienen que hacer", ha afirmado. Según Ayuso, "cada circunstancia es distinta" en cada centro, por lo que, de adoptar la decisión, "tendrán facilidades para que se pongan mascarilla si lo ven razonable"

El consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que respetaran el criterio de los expertos y hacen un llamamiento a la vacunación. Según los datos difundidos, entre octubre de 2023 y enero de 2024 se han vacunado en Andalucía más de un millón de personas.

Una práctica extendida en Europa

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha salido en defensa de las medidas del Ministerio y ha sostenido que permitir las autobajas no es "ninguna ocurrencia" sino que es una práctica ya adoptada por países como Reino Unido y Portugal.

Padilla ha defendido que para que la Sanidad sea eficiente, "no puede ser que le digamos a la gente que un cuadro leve no necesita ir al médico, pero que tenga que ir al médico para un justificante de baja". Además ha añadido que se trata de una medida solicitada por sociedades científicas y profesionales del ámbito de la Atención Primaria.

En su publicación en la red social de Elon Musk (X), Padilla se ha dirigido directamente a quienes dicen que la autogestión de las bajas son "un parche en vez de contratar más profesionales". Según el secretario de Estado, quienes no precisan de asistencia en un centro médico tampoco necesitan que "el sistema sanitario haga de validador administrativo".

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha aplaudido la medida que también formaba parte de su decálogo de actuaciones frente a la epidemia estacional. Según sus datos, las autojustificacones de la baja laboral reduciría hasta un 20% las consultas de Atención Primaria. El responsable del grupo de Salud Laboral de la SEMG, Francisco Sáez ha señalado en declaraciones a EFE que en España parece que se considera al trabajador "una persona inútil, incapaz de asumir esto".

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En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz de la sociedad española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Paulino Cubero, quien ha insistido en que estas bajas de enfermedad leve se pueden justificar por procedimientos electrónicos "sin sacar al paciente de la cama por una gastroenteritis, una migraña o un catarro". Se trata, ha dicho, "de que la baja deje de ser un proceso burocrático y sea, de verdad, un proceso clínico".

El portavoz ha recordado que en España el número de bajas es mucho menor que, por ejemplo, en los países nórdicos y, sin embargo, parece que "los españoles tienen que estar vigilados continuamente.

Entre el resto de medidas que propone la SEMG está también el resto de medidas que se tomaron durante la pandemia del Covid-19 e incidir en que los pacientes no acudan a los centros de salud de Atención Sanitaria a no ser que sea estrictamente necesario.

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