Gobierno Comunidad de Madrid

La mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea de Madrid permitirá torpedear cualquier intento de acorralar a Ayuso con comisiones de investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y la recién nombrada presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, durante la constitución de la Cámara regional.

La política madrileña echó a andar de nuevo este martes con la constitución del nuevo Parlamento regional tras las elecciones del 4M. La sesión fue rápida. En apenas un par de horas, los diputados electos se habían ventilado la conformación de la Mesa. No hubo sorpresas. Durante el próximo año y medio, cuando tendrán que celebrarse nuevos comicios, el órgano encargado de dirigir la actividad parlamentaria estará controlado por el PP. Con una mayoría asegurada, los conservadores podrán hacer y deshacer a su antojo. Se acabaron los quebraderos de cabeza de la pasada legislatura, el tener que depender de otras fuerzas con capacidad para inclinar la balanza. Ahora, el poder está exclusivamente en sus manos. Y eso dificulta cualquier intento de la oposición de volver a cercar a Isabel Díaz Ayuso con las comisiones de investigación que tantos dolores de cabeza dieron al PP a lo largo de la pasada legislatura.

La Mesa de la Cámara regional es un órgano fundamental. Al fin y al cabo, es el que se encarga de marcar el funcionamiento de la Asamblea y la actividad parlamentaria. Por eso, los conservadores no han dudado en asegurarse su control en la constitución del Parlamento. De los siete puestos, controlarán cuatro. Entre ellos, la presidencia, que estará en manos de la exconsejera Eugenia Carballedo, además de la vicepresidencia primera y dos secretarías. El acuerdo alcanzado con la extrema derecha, que implica el compromiso de ambas formaciones de plantear una reducción del número de diputados en el Parlamento madrileño –tienen fuerza para poner el tema sobre la mesa, pero no para sacarlo en solitario–, se ha traducido en la ayuda de los diputados del PP a Vox para que los ultras se hagan con la vicepresidencia segunda. Las dos principales formaciones de la izquierda, Más Madrid y PSOE, se tendrán que conformar con una presencia testimonial: un puesto para cada uno de los grupos parlamentarios.

Desde la oposición se muestran convencidos de que el PP, a pesar de su mayoría en la Mesa, tendrá difícil frenar cualquier intento de poner en marcha de nuevo investigaciones como la de Avalmadrid o la crisis en las residencias durante la primera ola de la pandemia, dos comisiones que durante la pasada legislatura cercaron a la propia Ayuso pero que se vinieron abajo con la convocatoria de los comicios del 4M. Se agarran, para ello, al artículo 75 del Reglamento, que establece que el órgano de gobierno de la Cámara “calificará” y “admitirá a trámite” cualquier propuesta de creación de una comisión de estas características. Es decir, asumen que mientras no haya defectos de forma poco se puede hacer para impedir su creación.

“Si se presentan correctamente, no podrán rechazarse”, resumen fuentes socialistas. Otra cosa es que el órgano de gobierno de la Cámara, dominado por el PP, sea más o menos duro a la hora de buscar esos “defectos formales” que permitirían a la Mesa echar para atrás la iniciativa. Si eso sucediese, los proponentes tendrían que reformularla y volver a plantearla. Y se revisaría nuevamente. “Imagina que no se establece un marco temporal concreto. Podrían tirar por ahí, diciendo a los proponentes que tienen que detallar los periodos exactos de las actividades que van a ser analizadas”, ejemplifican algunas fuentes parlamentarias consultadas.

Las fuentes consultadas, no obstante, explican que cualquier decisión en esta línea debería estar justificada. Por eso desde el bloque de la oposición consideran que, antes o temprano, cualquier iniciativa en este sentido terminaría siendo calificada y tramitada. En ese caso, se abriría un plazo de siete días para que los grupos se pronuncien al respecto. Si ninguno muestra su desacuerdo, según recoge el Reglamento en el citado artículo 75, la Mesa podrá declarar formalmente la creación de la comisión de investigación. Si alguno la rechaza, entonces la decisión quedará en manos del Pleno, “rechazándose si se opone la mayoría de los miembros de la Cámara”.

Llegados a este punto, los conservadores dependerían de la ultraderecha. No necesitarían que se alineasen directamente con ellos, pues el PP suma más que los tres partidos de izquierda juntos. Pero sí, al menos, que se abstuvieran en la votación y no fuesen de la mano del bloque progresista. Durante la pasada legislatura, Vox dio su visto bueno tanto a la investigación de Avalmadrid como a la de residencias, que la portavoz socialista, Hana Jalloul, ya ha dicho que su grupo promoverá de nuevo durante este curso. Dos asuntos que no eran de especial agrado para los conservadores. De hecho, la propia Ayuso llegó a acusar a la oposición de crear la comisión sobre el drama vivido en los geriátricos para intentar dividir al Ejecutivo: “Van a construir su relato como si fuera un plató de televisión para partir mi Gobierno”.

Pero aunque el PP tenga complicado impedir su creación, sí que podría hacer valer su mayoría en la Mesa para torpedearlas o descafeinarlas. Al fin y al cabo, es el órgano de gobierno de la Cámara regional el que decide sobre las comparecencias o las peticiones de información que se realicen en el marco de las pesquisas parlamentarias. Es decir, que tiene margen para bloquear sin problemas a aquellos comparecientes propuestos por el bloque de la oposición que puedan resultar incómodos a los conservadores. De nuevo, eso sí, justificando su decisión. “Pueden no impedir a lo bruto la creación de una comisión, pero sí tratar de frenarla o descafeinarla de forma sutil”, reconoce un diputado socialista con amplia trayectoria parlamentaria.

De hecho, esto es lo que ya hizo el PP de la mano de Ciudadanos en el marco de la comisión centrada en las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión de operaciones por parte de la entidad semipública Avalmadrid. Ambos socios de gobierno tumbaron las pretensiones de PSOE, Más Madrid o Podemos de sentar a declarar a la propia Ayuso y a los expresidentes regionales Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán, Ignacio González o Esperanza Aguirre. “La comparecencia ha sido inadmitida aunque cumple con los requisitos”, señalaron entonces desde el Grupo Parlamentario Socialista, asegurando que estudiarían la adopción de medidas para evitar lo que consideraban un “bloqueo injustificado”. Al final, ni la presidenta madrileña ni los predecesores en el cargo pasaron por la comisión de investigación. Ahora, en la legislatura que echa a andar, el PP ni siquiera necesitaría apoyarse en otra formación. Con su fuerza en la Mesa sería suficiente.

Avalmadrid y residencias, quebradero de cabeza para Ayuso

Avalmadrid y las miles de muertes que se registraron en las residencias durante la primera ola de la pandemia fueron dos de los principales puntos de ataque de la oposición durante la primera etapa de Ayuso en la Puerta del Sol. Principalmente, porque afectaban de lleno a la presidenta regional, cuyos padres se beneficiaron de un aval de 400.000 euros concedido por la empresa semipública a una firma en la que ellos participaban. De hecho, fue esta cuestión la que provocó las primeras grietas dentro del gobierno de coalición. Primero, por la decisión de Ciudadanos de respaldar las pesquisas parlamentarias, lo que en las filas conservadoras consideraron como una traición. Y luego, por la maniobra de los naranjas y la ultraderecha que dio el control de la Mesa de la comisión de investigación a la izquierda. “Se han puesto de canto en vez de evitar que sea una máquina de picar carne que está cerca de la difamación y el ataque a la honorabilidad de Ayuso”, decían desde el PP.

Aquella comisión de investigación llegó a concluir los trabajos, aunque el Pleno nunca pudo aprobar un dictamen final –se cruzó el adelanto electoral–. A medias se quedó, sin embargo, la de residencias, cuyo control también dejó la extrema derecha en manos de las formaciones progresistas. Cuando Ayuso convocó las elecciones, las pesquisas estaban ya bastante avanzadas. Tanto, que se había podido llegar ya a algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, que el famoso Protocolo de la Vergüenza desvelado por este diario, ese documento que impedía la derivación a los hospitales de los mayores que vivían en residencias cuando tenían un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo, había sido firmado por un alto cargo de la Comunidad de Madrid, lo que tiraba por tierra la teoría del borrador que se encargaron de airear en su momento desde el Ejecutivo regional. Pero no solo eso. También, que los geriátricos nunca llegaron a ser medicalizados, como reconoció quien fuera gerente de la Agencia Madrileña de Atención Sociosanitaria.

La oposición plantea una legislatura de marcaje a Ayuso en los fondos europeos: "Cuantos más escaños, más posibilidades de corromperse"

La oposición plantea una legislatura de marcaje a Ayuso en los fondos europeos: "Cuantos más escaños, más posibilidades de corromperse"

Más sobre este tema
stats