Mazón aplica el 'manual PP' tras negarse a recibir a las víctimas de la dana: del Yak-42 a las residencias

Medio año después de la mayor catástrofe natural sucedida en España el presidente del Gobierno se ha reunido este jueves con las víctimas de la dana. Pedro Sánchez se desplazó hasta València para encontrarse con las tres mismas asociaciones que viajaron a Bruselas la pasada semana. Desde la sede de la Delegación del Gobierno les comunicó que se organizará un funeral de Estado, de carácter laico, en el aniversario de la tragedia y que visitará pronto la zona cero de la riada. Se trataba de un encuentro muy esperado por las víctimas, que han recriminado que haya tenido que pasar tanto tiempo, pero que ha sido, en sus palabras, "muy fructífero" porque Sánchez llegó "con los deberes hechos".

Los representantes de las tres asociaciones compararon la actitud del presidente del Gobierno con la del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que hasta la fecha se ha negado a recibirlas y que, este mismo miércoles, aseguró que había contactado con ellas por teléfono. "No nos han contactado a ninguna de las tres asociaciones. No vamos a llamarles nosotros, tienen que ser ellos los que se pongan en contacto, como han hecho todas las administraciones, sigue mintiendo", aseguró Rosa Álvarez, presidenta de Asociación de Víctimas 29 de Octubre en la rueda de prensa posterior. “Ayer parecía que no había roto un plato, pero ha roto 228 vidas y familias, más todas las que salvaron in extremis", añadió, visiblemente dolida.

Aunque el jefe del Consell presume de mantener encuentros "permanentes" pero "discretos" con los familiares de las víctimas de la dana, su única reunión conocida con el portavoz de una asociación de afectados fue en marzo. Mazón recibió entonces en el Palau de la Generalitat a Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, que tras la reunión pidió la dimisión del president aunque eso no impidió que 38 familiares de las víctimas decidieran abandonar la asociación alegando que Amilis fue a la reunión sin consultarlo con ellos. Quién sí recibió a las víctimas hace una semana fue eurodiputado Esteban González Pons, que les pidió perdón "a título personal" después de que las asociaciones denunciaran sentirse "abandonadas" por Mazón.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la tardanza de Sánchez en reunirse con las víctimas pese a que ni Mazón ni él mismo lo ha hecho todavía. Tampoco Vox, que, de hecho, asegura que las asociaciones de víctimas de la dana son entidades que están "controladas" por partidos políticos. Unas palabras que Álvarez exigió que retirara, pero que la ultraderecha sostiene. El jefe del Consell también evitó con la formación de Abascal tras ser preguntado por esta cuestión y se dedicó a señalar que "cualquier politización es mala, sea la que sea". Su portavoz, Susana Camarero, añadió, por su parte, que “las víctimas no tienen color político", aunque semanas antes había afirmado que algunas asociaciones sí tenían un "perfil partidista".

Metro de València, Alvia, Yak-42, Prestige o Madrid Arena: siempre el mismo manual

Lo cierto es que la reacción del Ejecutivo de Carlos Mazón tiene precedentes. El PP ha gestionado atentados, catástrofes naturales, pandemias, accidentes... siguiendo el mismo patrón de conducta, basado en despersonalizar y menospreciar a las víctimas, siempre que estas no asuman su argumentario. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el metro de València. En el verano de 2006, un accidente en la línea 1 del Metro de València dejó 43 víctimas mortales y otras 47 personas heridas. Con el PP al mando de la Generalitat Valenciana, el siniestro fue silenciado en los medios oficiales, Canal 9 y Ràdio 9, para no empañar la visita del Papa Benedicto XVI, que tuvo lugar días después del accidente. Fue entonces cuando comenzó una larga lucha por parte de los familiares para depurar las responsabilidades políticas y penales de lo ocurrido.

Desde que ocurrió el accidente, el entonces president, Francisco Camps, se negó a recibir a las víctimas pese a insistir en que las llevaba "en el corazón". El relato ofrecido por los cargos políticos señalaba a un único culpable: el conductor del metro atravesó a 80 kilómetros por hora una zona con una velocidad límite de 40 kilómetros por hora. Pero los familiares de las víctimas descartaron el fallo humano como única causa del siniestro y apuntaron desde el principio a una falta de seguridad en la zona. Se trata de un argumento similar al utilizado con el accidente ferroviario del Alvia en julio de 2013, cuando todas las culpas se atribuyeron al maquinista, Francisco José Garzón, aunque la sentencia dejó claro que no fue solo un descuido del conductor.

Es también lo que ocurrió tras el accidente que acabó con la vida de 62 militares españoles a bordo del Yak-42, un avión que no cumplía las más básicas condiciones de seguridad. Los militares perdieron la vida al estrellarse el aparato en el que viajaban en Trabzon, Turquía. Sus familias tuvieron que soportar el constante maltrato, desatención y desamparo por parte de la administración del Partido Popular. Y aunque actualmente, tanto la vía judicial como política del accidente están cerradas, las familias siguen convencidas, pese a ello, de la gravedad de lo acaecido en ese infausto día de mayo del 2003.

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La actuación del Ejecutivo del PP con el Prestige también dejó mucho que desear. Desde el primer momento el Gobierno se negó a reconocer los efectos del desastre. El principal responsable político, Mariano Rajoy —por entonces vicepresidente del Ejecutivo—, desmintió en incontables ocasiones la gravedad del asunto. El mismo día del hundimiento, afirmó que "no habría una catástrofe" y que "todo apuntaba" a que el crudo se solidificaría dentro del barco. Más adelante calificó las fugas del barco de "hilitos de plastilina". Otro ejemplo es el de la tragedia del Madrid Arena, cuando pocas horas después de la muerte de las tres víctimas, la entonces alcaldesa de la capital, Ana Botella, viajó con su familia a Portugal para relajarse en un spa.

De los ataques a Pilar Manjón a las familias de los fallecidos en las residencias de mayores

El Partido Popular también se ha dedicado a castigar a las víctimas que no han participado del su relato, como ocurrió tras el 11M, por el que inicialmente culparon a la organización terrorista ETA. El castigo a la expresidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjó, consistió en negarle fondos públicos y ningunearla en los actos. Manjón, que perdió a su hijo Daniel en los atentados, siempre se mostró muy crítica con la actuación del Ejecutivo de José María Aznar. Así lo relataba ella misma en una entrevista con infoLibre hace más de una década: "Nadie, nadie, nadie, salvo los príncipes de Asturias y Mari Mar Blanco [presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo] se acercó a saludarme. Ni siquiera el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del que dependemos. Ni la alcaldesa. Ni un director general o un subsecretario. Nos aplicaron el ninguneo, el 'no son de los nuestros' Ni siquiera guardaron un mínimo respeto".

O, más recientemente, con las víctimas de las residencias de mayores. Cinco años después de la pandemia, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso niega que fallecieran 7291 mayores en residencias de la región sin asistencia sanitaria, cifra que facilitó su propio Gobierno vía Transparencia en junio de 2020. Además de denunciar estar sufriendo una "campaña de la izquierda y la ultraizquierda", el Ejecutivo madrileño lleva un lustro atacando de manera recurrente a los familiares de las víctimas, vetando que la Asamblea de Madrid investigue, o siquiera aborde, lo sucedido en las residencias de mayores de la región.